Denuncian inconstitucionalidad en la expropiación de Agroisleña

Agro | Aseguran que desconoce el derecho a la propiedad

El abogado especialista en derecho administrativo, Luis Herrera Orellana, señaló que la medida presidencial no cumplió con las garantías mínimas de la Constitución.

YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL

Caracas.- Para el abogado especialista en derecho administrativo y profesor universitario, Luis Herrera Orellana, la decisión contra la empresa Agroisleña, principal proveedora de insumos al sector agrario, no se cumplieron las garantías mínimas de expropiación. 

A su juicio, se trata de una toma a la fuerza, sin apego al derecho en bienes de propiedad privada. "No sabían los afectados ni el resto del país los estudios y motivos técnicos de la decisión, simplemente hay un anuncio informal en televisión, y luego es que aparece en Gaceta Oficial", agregó. 

El profesor universitario llamó al Gobierno a respetar lo establecido en la Constitución, al señalar que todo el modelo económico que se pretende instalar en el país viola el sistema de economía social de mercado garantizado en la carta magna. Resaltó que "la expropiación es una garantía al derecho a la propiedad, no un mecanismo para que el Estado tome lo que no es suyo".

Aún cuando se basa en la seguridad agroalimentaria, el especialista insiste en que la decisión carece de legalidad, porque la expropiación se produce sobre actividades de producción y distribución de alimentos, y no sobre una determinada obra o terreno para la construcción de una infraestructura para el interés de la colectividad. "Si uno revisa la Constitución y otros ordenamientos jurídicos se da cuenta que no pueden declarar de utilidad pública a actividades", dijo en declaraciones a El Universal. 

Herrera Orellana tampoco concibe que se considere a la empresa de capital español de incurrir en prácticas desleales, de oligopolio, porque actualmente existen organismos encargados de velar porque no se ejecuten este tipo de irregularidades, como Procompetencia e Indepabis. En todo caso, si fuese cierto, Herrera Orellana se preguntó por qué no se establecieron los actos administrativos en el decreto, que certifican tales abusos. 

Otro de las críticas que hace el profesor universitario es el uso del término "presuntamente" para referirse a la "adquisición forzosa de los bienes presuntamente del Grupo Agroisleña, sucesora de Enrique Fraga Alfonso", ya que se cuestiona el derecho de propiedad.

Rechazó que en los casos de expropiación se recurra permanente al argumento de desprestigiar a la empresa frente a la colectividad, culpándola de incurrir en especulación o posición del dominio, para que "la gente diga después de todo no está tan mal que le hagan eso, es decir, es completamente fuera de derecho". 

Frente a estos casos, consideró que los afectados deben asumir la posición de víctimas de violaciones de derechos humanos, acudir a la justicia nacional e internacional, "porque lo que es terrible es que esos abusos queden en impunidad".