Chávez perdió con más de 51% del voto en su contra, a pesar de la tramoya de ilegalidades, trampas, arbitrariedades y ventajismos.
Esta victoria para quienes están con la democracia fue lograda a pesar de una Ley Electoral hecha a la medida del proyecto hegemónico de Chávez; de la manipulación del Registro Electoral; del reagrupamiento de los circuitos electorales para su beneficio; de la publicidad ventajista y de las dádivas de última hora. Con todo y eso el Gobierno no pudo evitar perder en esta contienda casi un millón de votos desde 2009, ni que Chávez mantenga la racha de tendencia a la baja que se inició en 2007.
Sin embargo, como se pensaba a pesar de la derrota, el mandatario está optando por la radicalización hegemónica. Ya lo dijo, no habrá conciliación con sus oponentes, ni moderación en su verbo agresivo, ni rectificación en sus políticas contra la empresa privada.
Por un lado, vaciará su agenda legislativa en los próximos tres meses preparando el terreno para ponerle piedras en el camino a la nueva Asamblea.
Por otro, ordena que se arme a su cuerpo miliciano, en contrasentido con la propuesta de desarme nacional.
Además de que continúa con el arrase de la propiedad.
Entre los últimos y redoblados abusos e ilegalidades en marcha se cuentan:
1) El sitio al que tiene sometido a Helados EFE, filial de las Empresa Polar, con una quinta columna sindical.
2) El haber concretado la "expropiación" de la empresa de autopartes AutoSeat de Venezuela, supuestamente para "consolidar la capacidad industrial del sector de autopartes para el pueblo venezolano".
3) El anuncio de que "expropiará" los terrenos de Sivensa en la Yaguara, y de que se apropiará de todo terreno 20 x 20 metros de la "burguesía" y "pequeña burguesía" que esté desocupado en el Municipio Libertador, supuestamente para construir las viviendas que no ha construido en más de once años. Amén de renovar la amenaza en contra de los campos de golf de la oligarquía.
4) La orden de nacionalizar de inmediato las tierras de la Compañía Inglesa, cuya venta se venía negociando.
5) El mandato de "expropiar" a la empresa Agroisleña, con 52 años de fundada y que provee al menos 70% de los insumos de productos agrícolas y otorga financiamiento directo a más de 18.000 productores.
6) Además, de la amenaza de acelerar la revolución agraria, y confiscar unas 240.000 hectáreas más en octubre y el doble en noviembre.
Esta arremetida del Gobierno desoye la voz de más de 5.600.000 venezolanos, y obliga a que todos los sectores, políticos, laborales, empresariales, académicos y de la sociedad civil manifiesten su contundente rechazo.
En especial, de quienes hacen vida en la Mesa de la Unidad y de todos los legisladores que recibieron el mandato popular de defender la democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario