El Ministerio Público ha solicitado, ante los tribunales de control del país, la ejecución de 93 medidas reales y personales contra quienes están, presuntamente, vinculados con las estafas ocurridas en la venta de inmuebles en preventa.
La Fiscal General del República, Luisa Ortega Diaz, indicó que estas acciones legales son: prohibición de la salida del país, privativas de libertad, congelación de cuentas de las empresas constructoras e inmobiliarias, prohibición para enajenar y grabar bienes.
En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que, desde su despacho vienen trabajando, desde el año 2009, para evitar el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en las viviendas que están en construcción y para el resguardo de los intereses de los compradores.
Además, indicó que en el transcurso de la semana pasada realizaron una mesa de trabajo representantes de la Fiscalía, Indepabis, el Ministerio de la Vivienda y del Cicpc a fin de trazar acciones conjuntas para atacar todo lo relacionado con las estafas inmobiliarias.
De igual manera, indicó que en las diferentes fiscalías superiores del país se encuentra permanente personal para recibir las denuncias sobre este tema. Por esta razón, conminó a quienes hayan sido afectado por las acciones de las constructoras para que coloquen su denuncia y así, puedan actuar las autoridades competentes.
Asimismo, ratificó que el Ministerio Público seguirá trabajando para que, en caso de que haya un hecho punible en la venta de inmuebles, puedan ser sancionados los responsables.
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