Los alimentos vendidos en Venezuela a precios regulados, fijados por el Gobierno Nacional, escasean porque no se tiene en cuenta que su importación se encareció con la devaluación de hace trece meses, advirtió un estudio elaborado por la encuestadora Datanálisis.Los niveles de esa escasez "no son preocupantes", pero han entrado en "una tendencia negativa" que se agudizará si el Gobierno no actúa para corregir el problema, dijo a Efe Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, que efectuó el estudio.
El Gobierno unificó en enero de 2011 la tasa cambiaria en 4,3 bolívares por dólar, lo que anuló el cambio de 2,60 bolívares por dólar que regía entonces para la importación de alimentos y otras operaciones, como la tasa para las remesas familiares al exterior.
Según el estudio de Datanálisis, publicado este viernes en el diario El Universal y que, León detalló, fue concluido la semana pasada, el desabastecimiento de los alimentos "regulados" por el Gobierno creció de 12% a 15,1% entre enero y febrero pasado.
"Si usted devalúa y mantiene los precios congelados, el resultado evidente será el desabastecimiento", en este caso, de los productos importados, aunque tampoco se les reconoce el costo de producción a los productores nacionales, añadió.
"Además -prosiguió León-, el Gobierno compite con ellos a través de las importaciones directas" que realiza mediante acuerdos de "Gobierno a Gobierno".
Es decir, remató, mientras en otros países los productores nacionales reciben subsidios de sus Gobiernos para que atiendan su mercado y también sus exportaciones, aquí se da "la cosa absolutamente bizarra de subsidiar a los productores extranjeros para que destruyan el aparato productivo venezolano".
El Gobierno venezolano mantiene regulados los precios de productos de primera necesidad tales como el pan, el arroz, el aceite, algunos productos de harina de maíz, el pollo, el café y el azúcar, entre otros.
El objetivo de esta regulación, según los portavoces oficiales, es garantizar el acceso a esos productos de los sectores menos pudientes y también minimizar movimientos especulativos que podrían encarecerlos artificialmente con fines políticos.
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