Iglesias explicó que el presidente de la compañía que representa legalmente es César Camejo Manrique, mientras que el director de
Casa Propia es César Daniel Camejo Blanco, quien fue detenido por el Sebin el 25 de enero del año en curso en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar a Costa Rica. A juicio del abogado, la similitud de los nombres y quizá el vínculo padre – hijo, "ha generado confusión en los organismos competentes que investigan los casos".
Consecuencias de las confusiones
El especialista en derecho recordó que desde el pasado 14 de febrero la Inversora Cerro Azul, empresa que colaboró con la crisis eléctrica que se vivió en Venezuela y que se dedica a prestar servicios al Estado en todo el país con la ejecución de diversas obras y sistemas de cableado eléctrico, fue intervenida y que por consiguiente, sus cuentas fueron congeladas: "Por esta razón, no hemos podido cancelarle los sueldos a los 800 empleados de nuestra nómina, quienes hasta la fecha no han dejado de ejercer sus funciones. A ellos, les pedimos paciencia pues estamos dispuestos a seguir trabajando y a colaborar con las investigaciones, pero también a cancelarles todos sus honorarios".
Iglesias informó que en las próximas horas acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para exigir que se levante la medida en contra de la
Inversora Cerro Azul, pues además de asegurar que la institución no está involucrada en ninguna irregularidad legale, la situación perjudica a casi mil familias que dependen de los bienes económicos que sus los trabajadores de esta empresa obtienen al ejercer sus labores en la compañía.
Descartan paralizar actividades
En nombre de la Inversora Cerro Azul, el especialista en materia legal destacó que pese a los obstáculos que hasta los momentos han tenido que enfrentar para continuar con algunos proyectos, la empresa no tiene previsto suspender las actividades ni abandonar el país: "De hecho, nuestro director César Camejo Manrique está fuera de Venezuela para concretar posibles convenios con otras empresas que pudieran financiarnos, de llegar a ser necesario".
La Inversora Cerro Azul espera que la Fiscalía General de la República agilice las investigaciones, para que de esta manera se aclare la situación legal en la que está inmersa desde hace dos semanas y que pone en riesgo su compromiso con el Estado.
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