El Ministerio Público solicitó orden de captura contra ingenieros municipales involucrados en el caso de estafasinmobiliarias, de las cuales han sido víctima un número significativo de familias venezolanas.La información fue suministrada este jueves por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Indicó que el MP imputó a varios ingenieros, entre ellos a Jorge Uzcátegui, quien habría aprobado de forma irregular los permisos que avalaban la construcción del complejo residencial San José del Ávila, ubicado en la avenida Baralt, parroquia Altagracia del municipio Libertador, en Caracas.
Uzcategui será imputado por la presunta comisión de los delitos de usura genérica y estafa agravada, en grado de complicidad, además de concertación ilícita de funcionario con contratista.
De acuerdo con la investigación, el ingeniero municipal adscrito al Servicio Autónomo de Inspección de Obra (SAIO) de la Alcaldía de Libertador fue el encargado de inspeccionar el desarrollo de la construcción del complejo habitacional.
“Un ingeniero tiene la obligación por Ley de supervisar con responsabilidad la ejecución de las obras de acuerdo con los parámetros establecidos; si no cumple con esto será castigado y sancionado”, aseveró Ortega Díaz en su programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
La titular del MP indicó que hasta la fecha las investigaciones en torno a las estafas inmobiliarias han arrojado 23 personas acusadas; se han librado 179 órdenes de captura, 66 privativas de libertad, 267 medidas reales contra bienes de la empresa y 269 contra bienes de los accionistas y directores.
Además, se han dictado cinco medidas de ocupaciones temporales, 260 medidas personales (prohibición de enajenar y grabar) y 20 sustitutivas de libertad.
“Seguimos trabajando en estos casos para dar respuesta inmediata a los afectados. Hasta ahora, más de 90 fiscales están trabajando en todo el país con el caso de las estafas inmobiliarias”, dijo.
De igual modo, refirió que se ordenó la extradición de varios representantes de promotoras yconstructoras, quienes quisieron evadir su responsabilidad al irse del país.
Luisa Ortega Díaz anunció que el martes 1º de marzo próximo presentará ante la Asamblea Nacional (AN) el informe anual sobre su gestión en 2010, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana.
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