"Esto afecta de forma determinante a esas empresas", afirmó Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras. De acuerdo a los cálculos del gremio el ajuste del salario mínimo más el del bono de alimentación elevarán en 49% el gasto salarial de las Pymes. "La estructura salarial se va a incrementar mucho, es un golpe bastante importante". La extensión del beneficio del bono de alimentación para todos los trabajadores de las compañías, independientemente del número de empleados que tengan, compromete la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Algunos sectores han expresado su preocupación y temen efectos muy negativos. La Cámara Venezolana de Farmacia (Cavefar) aseguró que la reforma a la Ley de Alimentación, formalizada en la Gaceta Oficial 39.660, golpeará los establecimientos de menor tamaño.
"La extensión de la obligación del pago del ticket alimentación a las farmacias con menos de 20 trabajadores, se traduce en un incremento que impacta significativamente en sus costos de funcionamiento".
Del total de locales que expenden medicamentos en el país un 25% son pequeños y serían los más perjudicados, subrayó Cavefar en una nota de prensa. "La Cámara Venezolana de Farmacias ve con preocupación que medidas como las recientemente promulgadas contribuyen a propiciar las condiciones para la desaparición de las pequeñas farmacias independientes del país".
En las grandes industrias también ven algunos obstáculos con la reciente reforma del texto legal. Hasta ahora algunas industrias honraban el bono de alimentación con comedores en las instalaciones de trabajo. Sin embargo, la ley ahora establece que los trabajadores deben recibir el beneficio en los períodos de reposo y durante sus vacaciones.
"Ese beneficio era para que el trabajador lo recibiera en el lapso de trabajo", manifestó Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
El directivo reconoció que hay dudas sobre cómo las empresas con comedor aplicarán la ley y estimó dificultades administrativas para implementarla por no contar con un lapso de adaptación.
"Es una complicación para las empresas que tienen el costo del comedor".
De acuerdo a la reforma parcial de la Ley de Alimentación sólo las empresas y organismos públicos tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a la normativa, mientras que en el sector privado es de aplicación inmediata.
Representantes del frente regional por la defensa de la vida y la salud en el trabajo Francisco Miranda protestaron ayer en las puertas de Fedecámaras.
"Basta de atropellos, pedimos al Gobierno nacional que se avoque a este problema", manifestó Flores.
El vocero indicó que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional e Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), hay más de 500.000 trabajadores que han quedado con algún tipo de discapacidad en los últimos por la falta de seguridad laboral.Luis Flores, representante del frente, exigió a la cúpula empresarial la creación de una mesa de trabajo en la que también participe la Asamblea Nacional y el Ministerio Público para mejorar la seguridad laboral en el sector privado.
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