"Vivimos desde hace ocho años en un inmueble del Banco Industrial de Venezuela al frente (edificio 16). La familia creció y tomamos estos espacios (1.000 Mt2) en custodia el 20 de enero", indica Yanet Hernández, vocera vecinal.
Carlos Palacios, encargado de los locales en la esquina Camejo, asegura que el Estado no paga por los espacios tomados. "Se metieron hace dos meses a medianoche aplicando vandalismo sobre los bienes. El dueño negociaba esa propiedad para abrir un abasto bicentenario. Actúan por orden de Jaua".
La medida publicada ayer en Gaceta Oficial, que expropió seis terrenos en Caracas, es el resultado de las reuniones sostenidas entre la Vicepresidencia de la República y el Campamento de Pioneros de Pobladores, organización que se dio a conocer tras la toma de los terrenos de Cania, en Antímano.
Una de sus organizaciones tomó el Galpón de la Alegría de la esquina El Carmen a Mamei de la parroquia Santa Teresa. Allí 32 familias llevan ocho años esperando la construcción de viviendas. "Llegamos aquí en calidad de custodia cuando el Presidente Hugo Chávez anunció que se podían tomar espacios para hacer casas", relata Carmen de Ávila.
La edificación, ubicada a pocos metros de la Av. Baralt, integra los seis inmuebles expropiados por el Presidente para la construcción de viviendas dignas, esperadas por los vecinos desde 2003 (Gaceta Oficial 39.667 del 5 de mayo). Para esas obras donde vivirán 1.184 familias en comunidades socialistas aprobó Bs. 210,4 millones.
Alexander Zúñiga, vocero de los habitantes del galpón, afirma que en ocho años se cansaron de acudir a la Alcaldía de Libertador y al Ministerio de Vivienda para que tomaran en cuenta el proyecto de autoconstrucción de dos edificios de cuatro pisos.
"Con ayuda del arquitecto Ernesto Valdivieso diseñamos el proyecto en 2009. En enero marchamos a Miraflores y una comisión entregó la propuesta al vicepresidente Elías Jaua. El 8 de enero Chávez nos atendió por primera vez en El Calvario", dice Zúñiga.
A inicios de año ya estaba proyectada la toma de espacios para viviendas en Antímano (galpones Polar), edificio Coste (Catedral), La Limonera (Baruta) y torre Bolívar (Av. Baralt), indica Zúñiga, quien agrega que su iniciativa rebaja costos y evita que constructoras privadas tomen las obras. "Hasta ayer custodiamos el galpón de la Inmobiliaria Caracas, pero ya está expropiado".
Mientras que entre las esquinas Camejo a Sociedad de la parroquia Catedral, el Movimiento Mujeres Vencedoras tomó hace dos meses los terrenos donde funcionó la pastelería Madonna, una discoteca y Muebles Mer para armar un proyecto donde vivirán 40 familias.
En el municipio Sucre se decretó la expropiación de un terreno privado de casi 20 mil metros cuadrados que se encuentra en toda la Av. Francisco de Miranda, en el lado este del Unicentro El Marqués.
Ese espacio permaneció baldío por más de medio siglo, pero desde hace pocos meses se estaba construyendo allí, entre otras cosas, un mini terminal de autobuses que era la esperanza para poner fin al desastre de camionetas por puesto en que se ha convertido esta avenida y con el que se beneficiarían, según cálculos de la alcaldía, treinta mil personas.
El terminal ocuparía solo un tercio de este terreno, cumpliendo una ordenanza municipal según la cual en un terreno de estas dimensiones el 32,5% del espacio debe destinarse a alguna obra para la comunidad. En el espacio restante pensaba construirse, siempre con inversión privada, un centro deportivo, centro comunal y una iglesia.
El alcalde de Sucre Carlos Ocariz deploró el anuncio y recordó que el pasado 22 de diciembre ofreció de manera pública tres terrenos en el municipio en los cuales se podían construir vivienda, y ni siquiera recibió respuesta. También relató que hace cuatro años el gobierno expropió 400 hectáreas en Mariches y solo han desarrollado diez, y que de 2.700 viviendas prometidas en otro terreno expropiado en 2006, en La Suiza (parte alta de Maca, Petare) solo han hecho 600.
Pidió al gobierno que, de llevar adelante finalmente algún proyecto de viviendas, al menos construya también allí el proyectado terminal.
El alcalde de Baruta, Gerado Blyde, indicó por su parte que el lote de terrenos (3.8 hectáreas) expropiado en Alto de Pariaguán (urbanización Gavilán Los Chávez) no sirve para alta densidad poblacional.
Blyde afirmó que esos terrenos son de la sociedad mercantil Herarga C.A. "No existen en la zona los servicios mínimos indispensables para poder realizar un desarrollo habitacional de alta densidad poblacional. La zonificación sólo permite, para evitar daños ambientales, baja densidad (máximo 20 habitantes por hectárea).
Por lo menos dos edificios en el municipio Libertador recibieron ayer custodia de la Guardia Nacional, se presume que para protegerlos de posibles invasiones. Uno de ellos es el edificio Universitario, en Candelaria, que solo este año sufrió dos intentos de invasión y que actualmente está habitado por catorce familias. El otro es el Tecnoconsult, también en Candelaria, un edificio de oficinas y sede de una empresa consultora de ingeniería.
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