Alesia Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), señaló que el marco legal obliga a incrementar los capitales, ajustar las garantías y las reservas y realizar aportes adicionales, lo que impacta en las compañías, y el costo estimado puede representar 86% de las ganancias. En agosto del pasado año entró en vigencia la Ley de la Actividad Aseguradora, y actualmente las empresas están en la fase de adecuación al marco legal, la cual le genera un costo al sector de 1,19 millardos de bolívares. Detalló que por los aumentos de los capitales y las garantías se tienen que erogar 97 millones de bolívares y por el ajuste de las reservas el impacto es de 284 millones de bolívares.
El incremento en las contribuciones a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora lleva a las empresas a desembolsar en el ejercicio 611 millones de bolívares. A ello se suma el aporte al Fondo de Salud que se calcula en 206 millones de bolívares.
En el marco legal se crea un fondo especial que recibirá 1% de las primas, no obstante, las autoridades todavía no han precisado la constitución de ese mecanismo que financiará al sector salud.
Rodríguez destacó que si bien las empresas están en la etapa de adaptación al texto, existen aspectos que requieren del reglamento y las normas prudenciales y esas disposiciones no están listas.
"La Ley es ambigua. Del texto gran parte de los artículos remiten al reglamento y a las normas y el resto son restricciones y sanciones. Por lo tanto, ¿cómo se puede aplicar una ley sin el reglamento? El texto es complicado".
El análisis que ha realizado la organización sobre la Ley de la Actividad Aseguradora revela que el texto colide con la Ley del Contrato de Seguros, la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y el Código Orgánico Tributario (COT).
Comentó que el texto que regula al sector asegurador "es principalmente una ley de salud. Este tema se trasladó a los privados cuando tiene que ser compartido con el Estado".
La Ley de Seguros también ordena de las empresas a crear pólizas solidarias, y al respecto, la presidenta del organismo comentó que esos contratos también tendrán impactos en las empresas.
Esos seguros están previstos para los jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellas familias de bajos ingresos económicos hasta 25 unidades tributarias (1.900 bolívares ). Las pólizas deberán proteger riesgos como enfermedades, servicios odontológicos, servicios funerarios y accidentes personales.
Por otra parte, el abogado Nicolás Badel realizó en el foro una presentación sobre el contenido de la Ley del Instituciones del Sector Bancario, en la cual señaló que ese marco legal impone limitaciones y prohibiciones a la actividad.
Apuntó que el marco legal (vigente desde marzo 2011) otorga potestades discrecionales a la Superintendencia de la Actividad Bancaria en la interpretación de las normativas que están referidas a las limitaciones.
El jurista expresó que aunque el texto declara de utilidad pública la actividad, el Estado tiene que garantizar el derecho de la libertad económica que está previsto en el artículo 112 de la Constitución Nacional.
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