Estudios recopilados por el Sindicato de Técnicos de Hacienda de España (Gestha), que incluyen diagnósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Círculo de Empresarios y la Universidad Pompeu Fabra, entre otros organismos, destacan que "que cada año una cuarta parte de la riqueza generada en España no paga los tributos que le corresponden", dejando de ingresar 90.000 millones de euros en las arcas del Estado.España se convierte así en el "paraíso" del fraude fiscal y la economía sumergida de la UE. En unos momentos en que desde el Gobierno, presionado por la Unión Europea se imponen ajustes presupuestarios y recortes sociales para cumplir los objetivos de déficit, hasta diez estudios diferentes de instituciones nacionales e internacionales, coinciden en señalar que el fraude fiscal y la economía sumergida en España se sitúa entre el 23 y el 25% del PIB.
Una tasa que dobla prácticamente la horquilla del 12-15% que alcanza en los quince primeros países de la UE.
En este contexto, sólo con reducir en diez puntos el nivel de economía sumergida para equipararnos con la UE, "podríamos con- seguir una recaudación suplementaria de 38.000 millones de euros, de los que 25.000 millones corresponderían impuestos.
Prioridad inaplazable
Esta cifra de recaudación anual suplementaria equivale a una tercera parte del coste total del rescate a Grecia y los técnicos de Hacienda concluyen que con ella "no tendríamos necesidad de recurrir en el futuro a subidas de impuestos".
Los técnicos de Gestha sostienen que las graves dificultades económica que atraviesa España hacen que la lucha contra el fraude y la economía sumergida sea "una prioridad y una necesidad vital urgente e inaplazable" y, lo que "hasta ayer constituía un problema esencial de justicia tributaria en el reparto de las cargas públicas hoy se ha convertido en un presupuesto necesario para asegurar la supervivencia de nuestro modelo social".
En línea con los técnicos de Hacienda, el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, defendía hace unos meses que "no es la solución" y calificaba un posible impuesto sobre las rentas altas como "meramente un gesto, a la vista de lo que se va a recaudar".
Los que más defraudan
El informe de Gestha se acompaña también del estudio sobre "Opiniones y Actitudes de los Españoles", realizado por el Instituto de Estudios Fiscales entre los años 2006 y 2008, en el que se concluye que los empresarios son el colectivo que más defrauda habitualmente, un 45%, seguido de los profesionales liberales, con un 18% y de los autónomos y los asalariados con el 11 y el 2%, respectivamente.
El estudio puntualiza que el conjunto de los empresarios preguntado hace autocrítica y confirma en un 40 por ciento de los casos que es su propio colectivo el que más defrauda. También hay consenso en todos los colectivos consultados al atribuir la mayor honestidad fiscal a los asalariados.
Es importante resaltar el dato de que un 49% de los ciudadanos españoles justifica la conducta defraudadora y la tendencia es creciente.
Precisamente, la ineficacia de la lucha contra el fraude fiscal es una de las seis causas principales que los españoles destacan como generadoras de las conducta defraudadoras. Las otras cinco restantes son la impunidad mayoritaria de quienes más defraudan; la falta de honradez y de conciencia cívica; el peso excesivo de los impuestos actuales; que los servicios y prestaciones no son adecuados a lo que se paga; y que, a veces, es necesario trampear para salir adelante.
Insuficiencias y limitaciones
Pero, al margen de las circunstancias sociales que favorecen la defraudación, los técnicos de Hacienda denuncian también las insuficiencias de personal y la deficiente organización del trabajo en la Agencia Tributaria.
De acuerdo con los datos de Gestha, la Agencia Tributaria tiene 27.951 empleados públicos, una dotación "que es ocho veces inferior a la de los países avanzados de la UE". Un estudio sobre el gasto público de la OCDE muestra que España es el país que menos gasta en recaudar impuestos de la organización de los países desarrollados, con un gasto 30 veces inferior al de Suecia.
Por otra parte, al distribución de competencias acumula en un reducido número de funcionarios una gran parte de las competencias legales. El colectivo de Inspectores de Hacienda, en torno a 1.600, concentra en sus manos la práctica totalidad de competencias tributarias y aduaneras. Sin embargo, "un 50% de estos inspectores se dedica en exclusiva a tareas directivas", lo que sustrae a un buen número de estos profesionales de la gestión directa.
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