El pasado mes de abril los voceros gubernamentales venezolanos indicaron que de las 153.000 casas proyectadas para 2011, 69.600 corresponden al sector público, 49.000 a los consejos comunales, 10.300 a los convenios internacionales, 8.000 a los privados y 13.000 a gobernaciones. El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, señaló que al cierre de junio se culminaron 16.954 soluciones habitacionales y apuntó que "ese es un número importante que se ha ajustado a la planificación de la Misión Vivienda y en julio comienza una meta de 17.000 unidades adicionales", por lo que el Gobierno en el primer semestre del año alcanzó 11% de la meta de construcción de viviendas de este 2011.
Esa meta oficial también abarca a las viviendas que fueron expropiadas en noviembre de 2010. El funcionario expresó que "ello surgió como algo posterior al plan de vivienda, pero como son soluciones habitacionales que no han sido concluidas ahora forman parte del programa cierre de ciclo (culminación de viviendas de ejercicios anteriores). No obstante, con esas unidades existen aspectos engorrosos por el tema legal, y eso actualmente lo estamos discutiendo".
Rafael Ramírez, luego de la jornada de actualización de registro de proyectos, comentó que las unidades habitacionales realizadas en la primera mitad del año "son de distintos componentes" y reiteró que " a partir del mes de julio viene la intensidad en la construcción de nuevas viviendas".
En este segundo semestre, la misión tendría que producir más de 136.000 casas.
El presidente de la estatal petrolera apuntó que ante los proyectos habitacionales que se están desarrollando ya fueron comprometidos 30 millardos de bolívares, de 50 millardos de bolívares que están previstos.
Esos recursos asignados a los programas surgen de las disponibilidades del Fondo Simón Bolívar que maneja Pdvsa, el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y la gaveta hipotecaria. El funcionario destacó que se cuentan con 10 millardos de bolívares adicionales por la vía del endeudamiento, lo que permite hacer más soluciones, "sobre todo sustitución de ranchos por viviendas".
Rafael Ramírez, quien también es Vicepresidente Territorial, aseguró que para la producción de unidades está garantizado el suministro de insumos, aunque reconoció que existen aspectos que deben revisarse .
"Decidimos atacar la distribución. Hubo irregularidades con la distribución de cabillas, y por ello vamos a crear nuestro sistema de distribución de materiales. Que estén bajo el control nuestro, ese es el eslabón que nos falta de la cadena".
Desde el 2008 el Estado tiene el control en la producción de cemento y cabillas, luego de que fueron nacionalizadas las cementeras y siderúrgicas. Y según la información del instituto emisor al cierre del primer trimestre del año, la menor disponibilidad de insumos fue lo que incidió en el retroceso de la actividad de la construcción.
De acuerdo a la explicación del funcionario, para la distribución de productos se crearon 45 centros de acopio (Construpatrias), los cuales serán ampliados en el territorio.
Además de la distribución, el Gobierno contempla evaluar los procesos de contratación.
Rafael Ramírez expresó que "hay sistemas muy engorrosos para las contrataciones, y eso lo tenemos que analizar", pero no dio más precisiones.
Ayer el funcionario junto con el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, el ministro de la Defensa, Carlos Mata y el ministro para la Reconstrucción Urbana, Farruco Sesto, hicieron una evaluación de los proyectos que están a cargos de privados y gobernadores.
Durante el encuentro, también se estudiaron los requerimientos en cuanto a insumos y recursos.
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