Centenares de universitarios y trabajadores marcharon el sábado por las calles de la capital venezolana para exigir al gobierno del presidente Hugo Chávez el cese de las expropiaciones y rechazar una política que criminaliza el derecho a la protesta.
Los manifestantes marcharon por el este de Caracas con pancartas y consignas como “No al terrorismo laboral” y “¡Liberen a Rubén González”, un líder sindical que antes apoyó a Chávez y que enfrenta cargos derivados de organizar en 2009 una huelga en una compañía estatal de hierro.
Muchos eran empleados públicos involucrados en conflictos laborales
“Chávez criminaliza el derecho a la protesta, persigue e intimida a los trabajadores con un terrorismo judicial” como en el caso de González”, dijo Alfredo Ramos, dirigente sindical y diputado opositor de la Asamblea Nacional.
González –que en los últimos 15 meses a comparecido ante la corte sin recibir sentencia– está acusado de asociación ilícita, incitación pública a cometer delitos y la violación de una zona de seguridad del gobierno durante la huelga en la estatal CVG Ferrominera del Orinoco C.A.
El grupo local de derechos humanos Provea contó más de 2.200 venezolanos que han participado en protestas y han sido acusados de diversos delitos en los últimos cinco años.
Algunos tienen prohibido hablar en público sobre sus casos o participar en manifestaciones.Muchos eran empleados públicos involucrados en conflictos laborales.
Chávez no ha comentado públicamente las acusaciones de que las autoridades están utilizando la justicia para limitar los conflictos laborales o frenar las protestas. El mandatario sostiene que su gobierno, ha hecho más por la clase obrera que las administraciones anteriores.
Los manifestantes también exigieron el cese de las expropiaciones
“El gobierno con las expropiaciones viene desmantelando el aparato productivo nacional, mientras nos hace más dependiente de las importaciones”, manifestó Frank Quijada, sindicalista de las Empresas Polar, el mayor productor de alimentos del país, grupo que en años recientes ha sido blanco de varias expropiaciones ordenadas por Chávez.
El gobierno ha realizado en los últimos tres años nacionalizaciones y expropiaciones masivas de empresas en los sectores petrolero, eléctrico, telefónico, agrícola, industrial, siderúrgico, inmobiliario y financiero como parte de un proceso para establecer en el país un modelo socialista.
Según la Constitución, el gobierno respeta la propiedad privada, pero prevé que “por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Los propietarios de algunas de las empresas y terrenos que ha tomado el gobierno han denunciado que debido a la falta de independencia de los poderes del Estado, los afectados deben esperar que la indemnización se concrete en el tiempo y términos del gobierno y difícilmente pueden esperar una medida favorable en los tribunales. Algunos recurren a instancias internacionales.
