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mayo 10, 2011

IISS: computadores de Raúl Reyes vinculan a Chávez en conspiración con las Farc


“Desde por lo menos 2000, Chávez abrigó la clara intención de suministrar apoyo financiero en una escala calculada para afectar el equilibrio estratégico de Colombia”.“Después del golpe de abril del 2002, el régimen se aterró porque vio que el golpe estuvo cerca de tener éxito y vio también que no podía contar con la lealtad de las Fuerzas Armadas”
El presidente venezolano Hugo Chávez prometió “300 millones de dólares” en 2007 a las FARC, a las que brindó apoyo político y acceso territorial, según un análisis del material informático del ex portavoz rebelde muerto en 2008 que fue divulgado este martes en Londres por el IISS.
El informe, titulado “The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of ‘Raúl Reyes’”, afirma por otra parte que la llegada al poder en 2007 de Rafael Correa, quien supuestamente “solicitó y aceptó fondos ilegales de las FARC” durante su campaña, fue para la guerrilla colombiana el “clímax” de años de esfuerzos para infiltrarse en Ecuador.
Estas son las principales conclusiones a las que llegó el prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) británico, tras analizar durante dos años los miles de documentos contenidos en los tres ordenadores portátiles, dos discos duros y tres lápices USB hallados en el campamento de las FARC en el que fue abatido su ex número dos, ‘Raúl Reyes’, el 1 de marzo de 2008, tras un bombardeo colombiano en suelo ecuatoriano.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) implementaron desde 1982 una estrategia internacional para obtener respaldo económico, armas y visibilidad, según este informe que explora las relaciones de las FARC con sus vecinos en base a los documentos cuya veracidad fue confirmada por Interpol.
El informe subraya que aunque la guerrilla llegó a Venezuela mucho antes de Chávez, la relación se fortaleció con el acceso de éste al poder en 1999.
“Desde por lo menos 2000, Chávez abrigó la clara intención de suministrar apoyo financiero en una escala calculada para afectar el equilibrio estratégico de Colombia”, subraya el informe, que precisa que en 2007 el mandatario venezolano “prometió al grupo 300 millones de dólares”.
Hasta donde llegan los documentos de Reyes, sin embargo, parece que Chávez no cumplió su promesa, aunque el IISS precisa que que no hay nada que permita decir que ésta fue “retirada”, y señala “algunas transferencias más pequeñas de dinero, armas y municiones”.
La alianza permitió a la guerrilla acceder a socios comerciales de Venezuela, como Belarús o China, que según el IISS “en diferentes momentos mostraron interés por proveer armas a las FARC” mediante acuerdos triangulares a través de las exportaciones petroleras venezolanas.
Los archivos muestran asimismo que Chávez brindó a las FARC un “importante respaldo político para promover su legitimidad en el extranjero” y “socavar los intereses del gobierno colombiano”, y les permitió “utilizar libremente el territorio venezolano” con apenas algunas “restricciones menores”.
A pesar de los riesgos que acarreaba, la relación con las FARC tenía para Chávez un “elemento defensivo” ante una alianza colombo-estadounidense que veía como “un verdadero peligro”, sobre todo después del golpe de Estado que sufrió en 2002.
Por eso, precisa el estudio, “aunque en varias ocasiones Chávez urgió a las FARC a abandonar la lucha armada y buscar una solución política, lo hizo sólo para desviar la presión internacional y luego cada vez dio marcha atrás”.
En este contexto, el IISS considera “improbable” que la reanudación de las relaciones entre Caracas y Bogotá desde la llegada de José Manuel Santos al poder en Colombia a mediados de 2010, pueda ser “duradera”.
Una de las principales conclusiones dle informe, en cuanto a la relación con Venezuela, es queel Gobierno de Chávez “permitió a las FARC operar en su territorio”, les ofreció ayuda financiera e incluso les pidió “que entrenaran a grupos paramilitares para defender la revolución frente a otros golpes de Estado o invasiones externas”, señaló el autor del estudio, James Lockhart Smith.
“Hay que ponerlo en el contexto estratégico: después del golpe de abril del 2002, el régimen se aterró porque vio que el golpe estuvo cerca de tener éxito y vio también que no podía contar con la lealtad de las Fuerzas Armadas”, explicó el académico.
De los correos obtenidos de Reyes se desprende que el Gobierno venezolano desarrolló una directiva, llamada “plan de contingencia”, que llegó hasta los estamentos más bajos de las fuerzas de seguridad del Estado y que “consistía en desarrollar una base paramilitar para defender el régimen y contrarrestar futuras movilizaciones de la oposición dentro de Venezuela”, aseguró Lockhart.
El plan era utilizar fuerzas paramilitares para neutralizar a opositores claves a través de asesinatos y sabotaje”, afirmó.
Varios grupos paramilitares muy diversos -vinculados, según el IISS, a los círculos bolivarianos de Freddy Bernal, grupúsculos del Barrio 23 de Enero y el Partido Comunista venezolano-, estuvieron en contacto con las FARC entre finales del 2002 y principios del 2003 para recibir entrenamiento.
“No queda claro que Chávez tuviera conocimiento de este entrenamiento”, aclaró el autor del estudio, quien se refirió a una reunión entre las FARC y una persona del servicio secreto venezolano DISIP en la que el enviado, un mando intermedio de esa organización, afirmó que el presidente no tenía constancia de su visita.
Esta persona, identificada por Reyes como Amín y cuya verdadera identidad no ha podido ser verificada, “pide tres o cuatro expertos en pistoleo, carros bomba y sistemas de detonación con control remoto para que vayan a Caracas a ‘cometer acciones’”, sostiene Lockhart.
En el estudio se explica también que, tras una época de distanciamiento entre el Gobierno venezolano y la guerrilla, Julio Chirino, jefe de seguridad del entonces ministro de Exteriores, Alí Rodríguez Araque, fue enviado en julio del 2006 a hablar con Reyes “con la aprobación de Chávez” para rescatar “la histórica relación con las FARC”.
Esto significó a corto plazo el restablecimiento de las “relaciones diplomáticas”, de forma que Venezuela facilitaría personal diplomático para ayudar a las FARC en otros países, asistencia médica y contratos de armas con terceros, según el IISS.
A cambio, según el dossier difundido hoy, Chirino pidió que las FARC “asesinaran al antiguo agente de la DISIP Henry López Sisco, entonces jefe de seguridad de Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia y posteriormente rival de Chávez en las presidenciales”.
“No hay pruebas de que las FARC llegaran a hacer nada al respecto”, se subraya en el documento, y se precisa que Sisco, sospechoso de participar en una masacre de civiles en 1986 y de apoyar a grupos de ultraderecha, dejó Venezuela en el 2006.
De acuerdo con el estudio del IISS, la relación del Gobierno venezolano con las FARC fue inconstante e inestable, ya que, pese a su necesidad mutua estratégica, la guerrilla, de ideología marxista ortodoxa, veía a Chávez como ideológicamente “flojo”, además de que el Gobierno venezolano debía cuidar sus relaciones con Colombia.
Pero, según el estudio basado en los documentos facilitados al IISS por el Gobierno colombiano, el Ejecutivo de Chávez les permitió refugiarse en Venezuela, financió la oficina del grupo en Caracas y les proporcionó ayuda a través de agentes del DISIP.
Las FARC pudieron establecer su organización tapadera, Coordinadora continental bolivariana, y, en una reunión con Reyes poco después de su investidura como presidente, Chávez le ofreció ayuda material para cambiar el equilibrio militar en Colombia, aunque ésta nunca se materializó, puntualiza el documento.
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febrero 10, 2011

Colombia: en plena liberación humanitaria FARC secuestra 2 contratistas


Juan Manuel Santos Las FARC secuestraron el miércoles a dos contratistas de una multinacional en el departamento colombiano del Cauca, el mismo día que iniciaron un proceso de liberaciones, informó este jueves el presidente Juan Manuel Santos al cuestionar la doble moral de la guerrilla.
"Es totalmente inaceptable que las FARC por un lado estén liberando secuestrados, como un gesto de generosidad, y por el otro lado secuestrando compatriotas", expresó Santos sobre este último acto guerrillero.


Los nuevos secuestrados son Freddy Cuenca y Orlando Valdez, empleados de una firma forestal y quienes fueron hechos cautivos en la tarde del miércoles en la zona de El Tambo, en el Cauca (sur).



El presidente confesó que se planteó suspender el proceso de liberaciones de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras conocerse que esta guerrilla había secuestrado a los dos contratistas de Cartón de Colombia, una filial de la multinacional irlandesa Smurfit Kappa.



"Yo estuve tentado a suspender las liberaciones de los secuestrados", afirmó Santos, quien había facilitado anteriormente las gestiones para la puesta en libertad de cinco cautivos, el primero de los cuales fue entregado por la guerrilla precisamente el miércoles en las selvas del sur del país.



Las autoridades militares han atribuido estos secuestros al sexto frente de las FARC, reducto con una fuerte actividad en esa región.



En un acto oficial en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo, Santos afirmó que "eso es totalmente inaceptable" pero, aún así, señaló que no se suspenderán las liberaciones.



"No quiero frustrar esa ilusión y esa esperanza que tienen las familias de estos secuestrados que van a ser liberados", añadió el jefe del Estado.



Manifestó, no obstante, que "este doble juego, esta doble moral, es totalmente inaceptable", al referirse al proceso de liberación que se inició ayer con la puesta en libertad del concejal Marcos Baquero.
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febrero 08, 2011

Colombia: aumenta 32% secuestros en forntera con Venezuela

Foto: Un soldado colombiano vigila en una barriada de Medellín. AP Images / Luis Benavides/Archivo
La práctica del secuestro en Colombia creció un 32 por ciento en 2010 frente al año anterior, con 282 casos denunciados y un incremento alarmante en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, denunció hoy la ONG Fundación País Libre.
La directora encargada de País Libre, Claudia Llano, explicó a Efe que el informe elaborado por la entidad correspondiente a 2010 pretende “visibilizar” que el secuestro “es un fenómeno que no ha terminado” en Colombia, pese a que hay “mayor presión” de las autoridades para erradicarlo.
La investigación de esta fundación establece que de 213 denuncias de casos “tipificados” por la Fiscalía General como secuestro en 2009 se pasó en 2010 a 282, de los que 188 fueron de tipo extorsivo (un 64 por ciento).
Según Llano, ha aumentado el uso del secuestro “para presionar a las empresas” a pagar extorsiones.
Durante 2010 la delincuencia común fue la responsable del 57 por ciento de los secuestros denunciados, seguida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con un 23 por ciento, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un 12 por ciento, y de las nuevas bandas criminales herederas de los paramilitares (siete por ciento).
Además, de acuerdo con el informe de País Libre, el año pasado tres extranjeros (una suiza, un estadounidense y un japonés) fueron víctimas de secuestro, pero todos están ya libres.
A esta organización no gubernamental (ONG) le preocupa especialmente el incremento del secuestro en el departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, que registró 36 casos en 2010 frente a los ocho del año anterior.
Llano explicó que los grupos ilegales usan la extensa frontera con Venezuela, sobre todo desde 2008, para “cruzar” a los secuestrados al país vecino y evadir así la presión de las autoridades.
Tras Arauca, los otros departamentos donde hubo más secuestros en 2010 fueron Valle del Cauca (33 casos), Antioquia (28), Cauca (27) y Nariño (17), según País Libre.
“A ciencia cierta no se sabe con claridad el universo de cautivos” que hay hoy en día en Colombia, admitió Llano.
El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), adscrito al Ministerio de Defensa, hizo una depuración de los casos entre 2000 y 2008, sin contabilizar los cometidos entre 1996 y 2000, y concluyó que hay unas 125 personas secuestradas y otras 600 de las que no se sabe nada.
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