Frente Nacional de Abogados, Zulianos por la Constitución, Fedecámaras-Zulia y voceros del sector agropecuario, aseguran que el Gobierno viola los derechos humanos de afectados por expropiaciones en Sur del Lago.
Las investigaciones de la quema de la sede del Inti en Sur del Lago apuntan a otro hecho que revela el Cuerpo de Bomberos de Colón. Gustavo Meléndez, abogado agrario, informó que el 8 de enero, cuando funcionarios del organismo de auxilio se presentaron en las instalaciones que ardían en fuego y "derribaron las puertas", se encontraron con Félix Acopio, jefe de la instancia adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras, en Santa Bárbara, "en ropa interior y armado" con una pistola.
Los rescatistas estaban bajo la dirección del comandante Néstor Arteaga, el capitán José Alberto Serrudo y un tercer oficial de apellido Ruz, quienes acudieron al llamado de emergencia.
Acopio estaba en el interior de la sede. Estaba "armado, con la pistola amenazó a los funcionarios bomberiles". Para el jurista quedan muchas preguntas sueltas que debe responder: por qué les apuntó y qué hacía en el despacho que guardaba documentos relevantes para los productores.
Meléndez cuestionó porqué el Ministerio Público y los cuerpos que realizan las investigaciones no han mencionado el informe del Cuerpo de Bomberos, dependiente de la administración de la oficialista Alcaldía de Colón.
La Verdad consultó a funcionarios de instituciones similares de la región, quienes explicaron que los agentes participantes en una extinsión describen en el informe lo sucedido, y la actuación. El documento queda en la estadística del Cuerpo de Bomberos. Sólo cuando actúa el Ministerio Público la investigación es asumida por ese organismo.
Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia, en un pase que hizo un día después del incendio en Santa Bárbara, mencionó como víctima en el hecho a María Fernández, trabajadora del Inti, quien habría sido afectada. Señaló que había suficientes evidencias para asegurar que fue intencional, calificándolo como un acto "terrorista". Destacó que las investigaciones eran competencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Violan derechos humanos
Hay una cacería de brujas. La intención de tener nombres de culpables, más que buscar la verdad de las responsabilidades en el incendio de la oficina del Instituto Nacional de Tierras, en Santa Bárbara, es lo que caracteriza las acciones de militares y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), presentes en el municipio Colón, en Sur del Lago.
Con la presencia de representantes del Frente Nacional de Abogados, Fedecámaras-Zulia y voceros del sector agropecuario, Jesús Iragorri, presidente de Fegalago, denunció que a los 31 productores afectados con intervenciones a sus predios se les están violando los derechos humanos. "Se le amedrenta a los productores con la presencia militar, porque tienen voz", señaló Tamara Suju, jurista del frente legal, que llegó desde Caracas para asesorar a los afectados por las intervenciones de fincas.
Fegalago manifestó que los derechos humanos son "atropellados" al negárseles protestar por hacer cumplir la Constitución nacional. "A raíz de la quema se ha desatado una cacería de brujas en el municipio. Tenemos 13 personas de alguna manera implicadas".
A Carlos Javier Benavides, presidente de Aganaco, lo describió como un joven trabajador, que deberá demostrar su inocencia. Cuestionó que el día del evento ministros y funcionarios del Gobierno nacional "hicieron un
show de esa situación". Pero lo grave, agregó el abogado Alonso Medina Roa, del Frente Nacional de Abogados, fue que estuvieron en el sitio, lo que causa suspicacia y contaminación de evidencias. El incendio del Inti es para Iragorri "una excusa para ir implementando una serie de medidas (...) que afectan a los productores".
Tamara Suju resaltó que hay una persecución a quienes son capaces de criticar al Gobierno nacional. Recomendó que hablen varias voces ante lo que avisó una estrategia del Ejecutivo para callarlos. "Sigan siendo así, que roten las voces, que sean todos, que se vea unión entre todos. No se rindan nunca. Están defendiendo sus derechos".
Medina Roa defendió atender el debido proceso. Explicó que el ordenamiento jurídico establece la presunción de inocente, condición que los funcionarios y el Ministerio Público traduce en privativas de libertad sin citar. "Vemos cómo a priori han dictado medidas judiciales, sin haber odio a los que están siendo investigados".
Intervenciones
El representante de Fegalago denunció que a los productores, dueños de las 31 fincas intervenidas, "no se les permite la movilización de maquinaria, movilización de personal, no se les permite vender el ganado, incluso la producción láctea algunos la tienen secuestradas".
Indicó que la figura legal que aplicó el Gobierno de "rescate" de tierras no es aplicable porque la zona es productiva, no existen fincas incultas, ni improductivas. Destacó que el Gobierno debió cambiar la definición a expropiación. No se negó a acceder si había el pago justo y oportuno, de acuerdo a los procesos legales y actuaciones ante tribunales.
Reseña
El Gobierno anunció la intervención de 31 fincas por el Inti en Sur del Lago.
Tras una revisión 16 predios quedan fuera de la medida.
El 8 de enero de 2011 un incendio en la oficina del Inti de Santa Bárbara quema los expedientes levantados.
Gobierno genera violencia
Wálter Márquez, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que el gobierno es el responsable de la violencia que se ha desatado en los últimos días en el Sur del Lago, en la cual se incluye el incendio de las instalaciones del Inti.
De acuerdo con nota de prensa, el directivo afirmó que es importante investigas las causas del hecho. La nota precisó que el también historiador indicó que "el Gobierno venezolano durante el asalto a la propiedad privada en la zona Sur del Lago de Maracaibo, ha utilizado medios violentos para alcanzar sus objetivos con actuaciones arbitrarias incluyendo el uso de las fuerzas públicas, el Ejército, Guardia Nacional y tanquetas para amedrentar a los productores agropecuarios".
De hacienda a zona militar
De acuerdo con reseña de la web Noticiero Digital, la hacienda Bureche, expropiada en 2009 a Eduardo Gómez Sigala, ex presidente de Conindustria, sirve hoy para entrenar a los miembros de la Milicia Bolivariana, grupo armado impulsado por el gobierno del presidente Hugo Chávez.
La denuncia la hicieron habitantes del Valle del Turbio, en el estado Lara, donde se ecuentra el predio. "A pesar de que se está sembrando girasoles, su antiguo dueño asegura que eso no se puede comparar con las 19 hectáreas de caña que se cultivaban normalmente, antes de la expropiación", reseñó una nota de la página de Internet.
"Mi empresa no tiene nada que ver con el incendio"
Sergio Villasmil. Santa Bárbara de Zulia. Antes los constantes señalamiemtos hechos por Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia, ayer habló la defensa Luis Román Güerere, trabajador de un concesionario de vehículos, señalado por el Ejecutivo como autor intelectual de la quema de las oficinas del Inti.
Pablo Güerere, presidente de la automotriz, rechazó en entrevista con
La Verdad el allanamiento practicado a su empresa por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Ejército, operativo que arrancó el lunes en la mañana y se extendió hasta las 8.00 de la noche.
"Mi empresa no tiene nada que ver con el incendio de las oficinas del Inti. Santa Bárbara Cars CA, concesionario Hiunday, es una empresa jurídica y Luis Román Güerere, quien es mi nieto es un empleado de la misma, no es accionista, ni es propietario como lo han dicho los organismos oficiales. Esto ocasiona un daño moral a la automotriz y una desconfianza entre los clientes".
Manifestó que no se puede allanar una empresa que no ha cometido ningún delito, ni mucho menos llevarse documentos relacionados con la misma.
Güerere rechazó "todo tipo de actos de violencia", en especial la quema de las oficinas del Inti en Colón. “Creo en la inocencia de mi nieto, quien es un joven honesto, serio y emprendor. Creo que se le está violando su derecho a la presunción de inocencia tal como establece el artículo 49 de nuestra Constitución.
