De mantener el ritmo de 8.600 viviendas cada 4 meses, el Gobierno venezolano edificaría 25.800

"En ningún momento vamos a tomar edificios que estén ocupados", expresa Elías jaua, vicepresidente venezolano y aclara "Nada va a ser regalado". Las cifras oficiales reflejan que al cierre del año pasado había 120.000 unidades en construcción y 69.000 paralizadas. Si el Gobierno logra que se terminen todas las que están en el primer grupo y buena parte de las que se encuentran en el segundo, puede alcanzar el objetivo previsto. El ministro Rafael Ramírez, responsable de la Gran Misión Vivienda Venezuela, admite que el número de unidades terminadas en lo que va de 2011 suma 8.600, lo que representa 5,6% de la meta de 153.000 planteada para el año y 12,4% de la cuota de 69.600 que le toca al sector público. Las proyecciones indican que, de mantener el ritmo de 8.600 viviendas cada 4 meses, el Gobierno edificaría 25.800. 

Menos de la mitad de lo previsto. La situación pudiera ser peor. Un empresario del sector, que prefirió mantener su nombre en reserva, duda de la cifra ofrecida por Ramírez. "¿Dónde están las casas construidas?", pregunta. 

El presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, considera que el problema va más allá de que se cumpla la meta de 2011. "Si la orden consiste en terminar las viviendas iniciadas en años anteriores y las expropiadas en 2010, a la mayoría de las cuales les faltaba poco, pueden acelerar el ritmo". 

Betancourt señala que, aunque se consiga la meta, el programa gubernamental empezará con un déficit de casi 150.000 unidades. "La entrega de 2 millones de viviendas en 7 años, como afirma el presidente Hugo Chávez que hará, requiere construir 300.000 anuales". 

Agrega que la meta anunciada por Chávez solamente toma en cuenta la cantidad de viviendas necesarias para atender el déficit acumulado hasta el momento y deja de lado las nuevas unidades que se necesitan cada año ­que algunos calculan en 100.000­ para cubrir el crecimiento de la población. 

El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, anunció que Chávez autorizó el inicio de un proceso de inspección de edificios abandonados para constatar si sirven como residencias y proceder a expropiarlos. La medida forma parte de la Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda. 

El funcionario garantiza que la medida solamente se aplicará en inmuebles abandonados. 

 Precisa que si las autoridades comprueban la presencia de familias, levantarán un acta y desistirán de la expropiación. Los inmuebles que el Gobierno tome serán remodelados ­en caso de que sea necesario­ y entregados a familias necesitadas, que luego lo cancelarán al Estado en función de sus posibilidades. 

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El Gobierno venezolano solo está ejecutando las casas de los programas de años anteriores

Fuentes oficiales reconocen que las contrataciones se están enfrentando a obstáculos. Expresan que si bien existen disponibilidades de recursos para los proyectos, otros factores están afectando las obras. La Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda plantea celeridad en la ejecución de aquellas obras que tengan la calificación de urgente, pero para el resto de los proyectos se mantienen los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones, lo que implica cumplir con más pasos. Aunado a ello están las inquietudes sobre la situación legal de los terrenos ocupados por los entes oficiales y si las constructoras asumirán los costos de los servicios vinculados a los proyectos. El Gobierno este año tiene como objetivo realizar 150.000 viviendas, sin embargo esos proyectos no marchan al ritmo esperado. Existe lentitud en las contrataciones por parte de los entes oficiales del área. 

En enero el Presidente Hugo Chávez Frías aseguró que este año se aceleraría la producción de casas y presentó su meta ambiciosa de construcción, luego en febrero creó la Gran Misión Vivienda Venezuela para avanzar en los planes, pero dicho programa ya se ha postergado dos veces y el 30 de abril estaría pautada su presentación. 

Aunque las metas fueron indicadas al inicio del primer trimestre del año, las gestiones para la producción de las nuevas soluciones habitacionales comenzaron a fines del pasado mes de marzo, cuando la Vicepresidencia Territorial, encabezada por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, efectuó las reuniones con las constructoras para detallarles los planes oficiales y pedirles su participación. 

Este mes las autoridades realizaron los contactos formales con las empresas, pero han sido pocas las contrataciones firmadas con lo cual las nuevas unidades de vivienda todavía no han arrancado. 

Los entes ejecutores del Ministerio de la Vivienda se encuentran culminando las soluciones previstas en planes pasados, que ascienden a 100.000 viviendas y cuya terminación, según la información del propio despacho, se efectuará en un lapso de dos años. 

A través de la Ley de Propiedad de las Viviendas se contemplan acelerar los trámites para el inicio de los proyectos, no obstante, existen interrogantes sobre los términos del texto. 

Rafael Ramírez y el titular de la Vivienda, Ricardo Molina le manifestaron a las empresas en marzo que están ubicando las tierras para la construcción tengan o no uso residencial y que ya disponían de 4.000 hectáreas para los planes, pese a ello, las dudas siguen. 

Representantes del sector construcción comentan que a esos aspectos se añaden los problemas con el abastecimiento de insumos. Expresan que las autoridades garantizan el suministro con la industrialización de la actividad y la adquisición de maquinarias y equipos, pero las fallas con los materiales básicos como cemento y cabillas, persisten. 

El titular de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, además de presentarle los programas a las constructoras, le ha solicitado a las empresas que trabajen con la estatal petrolera que participen en el programa de vivienda y hasta les sugirió realizar en las zonas en las cuales operan entre 300 y 400 soluciones habitacionales, sin embargo la propuesta sigue en revisión. 

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Gobierno venezolano revisa distribución de cartera y topes de la Ley de Vivienda

De aprobarse el aumento de 12% en gaveta hipotecaria, el sistema bancario destinaría a los financiamientos más de 21 millardos de bolívares. Ese aumento en la gaveta se debe a las exigencias que genera la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, la cual entró en vigencia en enero de 2011. A través de los términos previstos en ese marco legal, el Gobierno estima realizar para este año 150.000 soluciones. El Ejecutivo por diferentes vías intenta incrementar las asignaciones para el sector vivienda y una de las opciones que se está definiendo es el aumento la cartera hipotecaria obligatoria de la banca. 

La gaveta hipotecaria, desde que se creó en 2005, ha sido equivalente al 10% de la cartera total de las instituciones, pero ante los requerimientos de recursos ese porcentaje será más alto, y entre los escenarios que se maneja en el seno del Gobierno está el de llevar esa cartera obligatoria a 12%. 

Una de las disposiciones de ese texto, señala que "sin perjuicio de las carteras ya fijadas por otras leyes al sector bancario público y privado, cada banco deberá crear una cartera obligatoria para atender los proyectos en el marco de la ley". 

Ya el pasado mes de enero el primer mandatario nacional señaló que para las viviendas que se realizarán este año la banca tiene que destinar 30 millardos de bolívares, de ese monto, las instituciones privadas deberán desembolsar 15 millardos de bolívares. 

Adicional a la gaveta de la banca, la construcción de unidades habitacionales recibiría recursos del Fondo Simón Bolívar, que administra Pdvsa, y que ha percibido transferencias de la industria petrolera provenientes de la emisión de bonos del pasado año, la venta de la refinería alemana y el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM). 

Distribución 

Fuentes oficiales indican que más allá del porcentaje de cartera obligatoria, otro de los aspectos que todavía en el Ministerio de la Vivienda y el Banco de la Vivienda y Hábitat están definiendo es la distribución de la gaveta hipotecaria. 

La cartera el pasado año contemplaba que del monto total, 58% era para los préstamos de adquisición de viviendas, 32% a la construcción de casas y 10% a la remodelación y autoconstrucción de soluciones. 

En el caso del porcentaje previsto para los préstamos de adquisición, las autoridades decidieron distribuirlo en: 80% para aquellas familias que ganan hasta 3.672 bolívares y 20% para los que devengan más de 3.672 bolívares. La porción de la cartera prevista para proyectos de construcción se contempló en 60% para proyectos de familias que devengan menos de 6.000 bolívares y el 40% restante para aquellos grupos que perciben más ingresos. 

Sin embargo, en la ejecución de la gaveta hubo obstáculos, especialmente en los financiamientos a largo plazo previstos para las familias con ingresos hasta 3.672 bolívares. Esos préstamos por gaveta no prevén subsidios directos para la compra como sucede con los créditos de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda. 

En las reuniones organizadas por la Vicepresidencia Territorial otros de los puntos que se están revisando son los topes de ingresos para los créditos por Ley de Vivienda y los subsidios. 

La semana pasada el presidente del Banavih, Mario Isea señaló que esos dos aspectos se están analizando, pero no dio detalles, debido a que ello sería anunciado por el mandatario el próximo 12 de abril. 

Los topes de ingresos por Ley de Vivienda no se modifican desde enero 2009, las autoridades eliminaron los ajustes por unidades tributarias y fijaron escalas de salarios. Fuentes oficiales señalan que la modificación podría ampliar el universo de beneficiarios. 

Actualmente, el tope máximo de ingresos de la Ley es de 7.000 bolívares y el monto más alto del subsidio directo está en 25.000 bolívares. 

marmas@eluniversal.com

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Gobierno venezolano aprobó plan para subir producción de cemento por más de 151 mil millones de bolívares

Según decreto presidencial 8.123, contenido en la Gaceta Oficial venezolana 39.644, el plan busca "la continuidad operativa, adecuación tecnológica y ambiental e incremento de la capacidad instalada de las principales plantas y canteras de la C.A. Fábrica Nacional de Cementos y sus empresas filiales dentro del territorio nacional". De esta manera el gobierno de Venezuela  oficializó la creación de un "plan excepcional" para aumentar la producción de cemento en las plantas estatales. 

La propia resolución destaca como uno de los objetivos centrales el "desarrollo y ejecución" de diversas acciones para "reimpulsar, fortalecer e implementar la mayor producción de cemento y concreto". Aunque se asegura que se busca "contribuir" con los planes nacionales de desarrollo, el plan tendrá "especial atención a los proyectos a ejecutar por los consejos comunales y comunas". El Gobierno nacional oficializó la creación de un "plan excepcional" para aumentar la producción de cemento en las plantas estatales. 

Según el artículo 2 del decreto, se estableció un lapso de "no mayor" de 300 días continuos para adquirir materiales y equipos para la dotación de las plantas, entre otras acciones. 

En el artículo 3 se detalla que el "plan excepcional" contará con recursos financieros que ascienden a "ciento cincuenta y un mil millones cuatrocientos veinte mil seiscientos cuatro bolívares (151.420.604)". 

Recientemente, desde el sector privado se ha insistido en que uno de los obstáculos para resolver el déficit habitacional es la caída de la producción de las cementeras desde que éstas pasaron a manos del Estado. 

La meta oficial del Ejecutivo para este año apunta a la edificación de 150.000 viviendas y otras 200.000 en 2012.

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Gobierno venezolano ha invertido Bs.F. 6.526.485.956 en vivienda

Maldonado explicó que este programa social ha beneficiado a más de 125.000 familias (unas 606.000 personas en total), quienes ya cuentan con vivienda digna y participan en proyectos socioproductivos cercanos a los complejos habitacionales.Un total de Bs.F. 6.526.485.956 ha destinado el Gobierno Nacional desde el año 2008 para el desarrollo de complejos habitacionales en todo el país a través del plan de Transformación Integral del Hábitat, informó este viernes la viceministra de economía comunal, Ana Maldonado.

"Eso impacta en la consciencia de todos los miembros de una familia y en la comunidad, porque no solamente se construye una casa, se construyen redes de construcción que generan consciencia en toda la población", sostuvo.

Resaltó la participación de los Consejos Comunales de todo el país, que se han integrado de manera activa con las instituciones del Estado para la elaboración de 4.104 proyectos de construcción de viviendas dignas.

Además de las viviendas, este plan arroja como resultado la organización social, debido a que se han conformado brigadas de trabajo que se incluyen a los proyectos socioproductivos para el desarrollo de su comunidad, reseñó AVN.

"Toda la comunidad se siente incorporada en la construcción de viviendas dignas que son para una familia pero que contiene el esfuerzo humano acumulado de toda una comunidad y todo un país", expresó la viceministra.

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