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abril 25, 2011

Néstor Borjas: cesta tickets para todas las empresas afectará a las mipymes del país


Néstor Borjas, presidente de Fedecámaras Zulia, considera insuficiente el incremento salarial debido a que   está por debajo de la inflación registrada durante elaño 2010 que fue de 27,2%. Recordó que el incremento que se hace efectivo desde el próximo domingo, está muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses del año hasta marzo que registró 27,4% según datos del Banco Central de Venezuela.En cuanto al cesta ticket para todas las empresas, definitivamente es una muestra más de populismo electoral,  ya que eso conllevará a una crisis en las mipymes, sobre todo, las microempresas del país, que representan la gran mayoria del empresariado nacional, que desafortunadamente poseen escaso financiamiento y organización y definitivamente pondrán en aprietos a las mismas y al propio Gobierno.  


Con este aumento el salario mínimo a partir del 1ero de Mayo será de Bs.F. 1.407,47 y a partir del 1ero de enero Bs.F. 1.548,22.
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Opciones de financiamiento para mipymes


Si algo se ha acrecentado en estos años de crisis han sido los problemas de supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
Veámoslo con números. Retomando la encuesta del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, nada menos que el 91,8% de las pymes que solicitó financiación externa a lo largo del 2010 buscaba precisamente financiar el circulante. Es decir, prácticamente la totalidad. Y una buena parte de ellas lo hacía empujada por la morosidad. Un 92,3% de los encuestados reconoció demoras en los pagos de sus clientes que alcanzaron una media de 4,6 meses. Además, el 74,4% de las pymes que son proveedoras de la Administración pública ha tenido problemas para cobrar, siendo más acuciante en la Administración local, seguida de la autonómica y por último la estatal, con un retraso medio de cinco meses. Una pyme que no cobra durante cinco meses, sólo tiene una salida para no cerrar y ésa pasa por conseguir el apoyo financiero de bancos y cajas.
Herramientas más habituales
En este apartado es prácticamente imposible realizar una comparativa a priori porque ningún banco, a excepción de Unicaja, facilita datos técnicos, acogiéndose a la personalización de la oferta.
Veamos, no obstante, cuáles son los productos más habituales para ayudar en el día a día y qué te interesa saber de cada uno de ellos:

Descuento comercial. Consiste en el anticipo de los derechos de cobro, derivados de las operaciones comerciales que se tienen con terceras personas. Se cede a la entidad financiera el cobro de una factura a cambio de que nos anticipe la cuantía que se nos debe menos los intereses y gastos. Entre los gastos están las comisiones (la de apertura o la comisión por efecto, por ejemplo) y los impuestos, timbres, correo… Normalmente, las entidades tienen establecida una tarifa mínima por efecto de descuento (que ofrecen de manera personalizada), así que te conviene comparar entre las distintas entidades. Además, si el descuento es devuelto,  puede que el banco nos cobre a nosotros un plus. 
A estos gastos hay que añadir el tipo de interés, que suele ser euríbor trimestral, aunque puede ser semestral, más un diferencial que oscila entre el 3% y el 4%. A la empresa le permite obtener liquidez en momentos puntuales, pero hay que tener en cuenta que estamos adelantando unos gastos que ya no vamos a poder recuperar, sea cual sea el resultado final del descuento. De media se puede calcular que un descuento comercial puede suponernos un coste de un 10% de lo solicitado, con lo cual conviene medir muy bien nuestros pasos antes de seguir adelante.

Anticipo de recibos. Es un descuento comercial en el que no hay endoso de recibos a la entidad financiera, con lo cual no hay que pagar timbre, lo que supone un ahorro medio de un 1% con respecto al crédito comercial. A cambio, el único garante del cobro de ese recibo es la empresa que lo contrata. Funciona como una especie de línea de crédito con el máximo establecido por la cuantía de los recibos. Soporta comisiones por efecto, por gestión y por formalización e intereses que se devengan una vez disfrutado del crédito y no anticipadamente como en el descuento comercial.
Póliza de crédito. Viene a ser como una cuenta corriente que permite al empresario disponer de créditos inmediatos hasta un máximo que se establece entre la entidad y el emprendedor. Como regla general, se suele pagar intereses únicamente por la cantidad dispuesta en cada momento, pero hay casos en los que se añaden comisiones por no disposición, que puede llegar hasta el 1% del capital no utilizado.
Cuidado con este apunte, porque a menudo las entidades hablan de un porcentaje trimestral, con lo cual es muy superior anualmente (si nos aplican un 0,25% trimestral, en realidad es un 1% anual). Tiene liquidación trimestral o semestral y permite tanto imposiciones como disposiciones.
Es uno de los instrumentos más flexibles que existe para financiar circulante y también es el que más se ha frenado en estos años de crisis, donde no se han renovado muchas líneas dejando a los pequeños y medianos empresarios en situación crítica.
Puede tener una duración anual, aunque lo habitual es que se firmen por periodos que oscilan entre los tres y los cinco años. Además de las comisiones habituales (por capital no dispuesto y la comisión de máximo no descubierto), hay que pagar intereses (Euríbor a tres o seis meses + 2% o 3%) e interés por descubierto.
La renovación del interés suele coincidir con los periodos de liquidación. Es habitual que exijan garantías y avales.

Cuentas profesionales. Casi todos los bancos ofrecen paquetes de productos específicos para determinadas pymes, autónomos y comercios y, en muchos casos, por sectores. Suelen incluir una cuenta corriente, tarjetas de crédito y débito, servicios de asesoramiento y algunos servicios bonificados. 
En la gran mayoría de los casos, estos paquetes se ofrecen a través de una tarifa plana mensual (en el catálogo que aparece en el despiece superior las podemos ver a partir de 8 euros, con la Cuenta Profesional de Catalunya Caixa), pero conviene analizar con detalle los costes por movimientos, emisiones, ingresos y transferencias.

Línea ICO-Liquidez. Es el producto del Instituto de Crédito Oficial diseñado para financiar el circulante. Es un préstamo de hasta 10 millones por cliente y año en una o varias operaciones, con un plazo de amortización máximo de siete años y un tipo de interés que oscila entre el 2,2% y el 3% más el Euríbor. Tiene una comisión del 0,5%.
Factoring. Es el anticipo del importe de las ventas que ha realizado la empresa por parte del banco. Es parecido al descuento comercial, pero se diferencia de este en que el factoring se apoya en una factura, mientras que el descuento comercial necesita un pagaré,  una letra de cambio o un recibo.
Es más flexible en tiempo y cuantía: se puede negociar anticipar un porcentaje de la factura y un plazo. Mientras que en el descuento se pacta la totalidad y el plazo de cobro. Lo hay de dos tipos, con recurso y sin recurso (en este caso cubre la posible insolvencia del deudor). También está sujeto a la comprobación de la solvencia de los deudores por parte de la entidad financiera. 
Los costes que incluye son: comisión en función del factoring, comisión por factura, gastos de estudio de los clientes (en el factoring sin recurso) e interés por la financiación. Las comisiones oscilan entre el 1% y el 3% del anticipo solicitado. El interés, suele ser Euríbor + un diferencial que oscila entre el 2% y el 4%, cuando tienen que haber financiación. Tanto los gastos como el interés, se suele pagar por adelantado. Conviene atar todos estos puntos antes de cerrar la negociación. Es una buena herramienta para exportar.

Confirming.  Si en el factoring, es la empresa vendedora la que contrata el producto, en el confirming es la empresa compradora, la que busca garantizar el pago a sus proveedores. La ventaja es que se ahorra muchos gastos de gestión y permite ajustar los cobros de facturas con los pagos a proveedores. Está indicado, sobre todo, para el ámbito internacional. Es similar a la gestión de pagos a proveedores.
Préstamos a corto plazo. Son préstamos pensados para adquisición de bienes, maquinarias o vehículos industriales. Suelen soportar un tipo de interés más elevado que el préstamo a largo plazo (puede alcanzar el euríbor + 4% o incluso el 6%) y a un plazo más corto, que no sobrepasa en ningún caso los 5 años. Suelen, por lo general, exigir avales...
Tarjetas de empresa. Casi todas las entidades ofrecen paquetes de tarjetas especialmente pensados para el día a día. Te interesa contratar aquella que menos comisión cobre por emisión y renovación, y también aquella que ofrezca una mayor posibilidad de control y gestión del gasto. Bien porque tenga activado el servicio de alertas o bien porque facilite acceso online a la información. La e-Business de la Kutxa se publicita como la tarjeta que mejor informa.


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febrero 09, 2011

MiPymes en España pagan cada año 800 millones por IVA de facturas sin cobrar


Pymes y autónomos pagan 800 millones de euros anuales en concepto de IVA de facturas que aún no han llegado a cobrar y que puede que no cobren, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.
Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid son las que cuentan con un mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad, con 195,2 millones de euros y 149,3 millones de euros, respectivamente.
A continuación se sitúan Andalucía (94,6 millones) y la Comunidad Valenciana (86,9 millones), por delante del País Vasco (46,6 millones), Galicia (40,5 millones), Aragón (28,2 millones), Murcia y Castilla y León (27 millones en ambos casos), Castilla-La Mancha (25,4 millones), Baleares (15,2 millones), Navarra (14,3 millones), Canarias (13,9 millones), Asturias (12,5 millones), Extremadura (9,2 millones), La Rioja (6,7 millones), Cantabria (5,3 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta (0,2 millones) y Melilla (0,06 millones).
El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.
A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.
Además, con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen -en consonancia con varias de las enmiendas del PP, CiU y PSM-EN al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá mañana en el Senado-- modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro total o parcial de la factura.
En paralelo, Gestha respalda las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios tendentes a garantizar un reparto justo y equitativo de las cargas fiscales, "con el fin de reducir la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas".
El 43% de los españoles justifica el fraude
Según datos del último Barómetro elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), tres cada cuatro españoles perciben un incremento del fraude, y hasta un 43% lo justifica por motivos tales como la impunidad de los grandes defraudadores, la falta de eficacia en la lucha contra el fraude o las diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos contribuyentes.

Para los Técnicos de Hacienda, esta situación hace necesaria la importación de cuatro medidas utilizadas en la UE-15 para mejorar la lucha contra la economía sumergida que, según sus cálculos, representa en España el 23,3% del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros anuales.
Los dos primeros pasos serían la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, calibrando así con una mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa de la economía sumergida un plazo delimitado de tiempo.
A su juicio, también se hace necesaria la implantación de una mayor colaboración entre las administraciones territoriales, creando una base de datos fiscales compartida, a la vez que promover en las distintas organizaciones internacionales los acuerdos para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales.
La cuarta medida, según Gestha, sería reforzar el Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria, aumentando las funciones y competencias sus actuales empleados públicos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente tanto el control tributario y aduanero como el control del gasto público.
Según Gestha, de ser aprobadas estas enmiendas, se podrían recaudar adicionalmente cerca de 38.500 millones de euros cada año, "lo que sanearía el déficit de las administraciones públicas y permitiría reducir las tensiones de la deuda pública y privada en los mercados financieros y avanzar en la simplificación y reordenación del sistema fiscal de nuestro país".
Los Técnicos reclaman más control del gasto
Junto a estas modificaciones, los Técnicos de Hacienda proponen varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y control del gasto público con el fin de aliviar el déficit del Estado. Estas iniciativas se sitúan también en línea con algunas de las enmiendas que diversos grupos políticos presentarán al proyecto de ley de Economía Sostenible.

En este sentido, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales a todos los entes públicos con el fin de aportar transparencia a las cuentas del Estado.
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