La ley que otorga poderes al presidente, Hugo Chávez, para legislar por decreto hasta junio de 2012 viola la autoridad de la Asamblea Nacional y concentra aún más poder en manos del mandatario, estimó este miércoles la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola por sus siglas en inglés).
En su comunicado Wola -organización de derechos de tendencia izquierdista más representativa en Estados Unidos- estima que "la reciente propuesta del presidente Chávez de limitar el término de la Ley a cinco meses es un paso positivo. No obstante, los problemas de fondo en torno a la ley persisten, aunque esté en vigor por 18 meses, cinco meses o un día".
Y es que al aprobar la Ley el Parlamento "redujo significativamente la autonomía y poder del nuevo legislativo y socavó la voluntad de los votantes que participaron en las elecciones" legislativas de septiembre pasado, indicó.
Los poderes especiales fueron aprobados por la saliente Asamblea Nacional, ante la emergencia creada por las lluvias de finales de 2010, que dejaron 130.000 damnificados.
En el comunicado se recuerda que los poderes especiales para Chávez fueron aprobados por el grupo legislativo saliente, compuesto en su mayoría por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros movimientos afectos al Jefe de Gobierno. Mientras que "un 40 por ciento de los 165 miembros de la Asamblea entrante - que se inauguró el 5 de enero - provienen de partidos de la oposición".
Expresan que aunque la justificación de la Habilitante es facilitar al Presidente las acciones para hacer frente a la emergencia derivada de las lluvias de diciembre, la realidad es que "los poderes especiales se extienden mucho más allá de los problemas creados por las inundaciones, incluyendo así las finanzas y los impuestos, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y defensa, y el sistema "socio-económico". Es cierto que la Constitución venezolana provee leyes habilitantes, y la Asamblea Nacional le ha otorgado poderes especiales por decreto al presidente Chávez en tres ocasiones anteriores desde que asumió el cargo en 1999. Pero en este caso, una Asamblea - a punto de expirar - ha comprometido significativamente a la Asamblea sucesora elegida democráticamente tras delegarle poderes legislativos cruciales al ejecutivo".
La ONG también recuerda que la "Ley de la Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional", aprobada también en diciembre, prohíbe a las "organizaciones para la defensa de los derechos políticos" recibir financiamiento internacional, en violación de la propia Constitución venezolana y los compromisos internacionales de los derechos humanos".
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