El Ejecutivo nacional inició el año 2011 con sus energías centradas en lograr una recuperación económica que rompa con el ciclo recesivo que se desarrolla desde 2009. Pero la expectativa podría chocar contra la realidad, al menos con la del sector manufacturero, que ha enfrentado en los últimos años la continua aparición de obstáculos que dificultan su desarrollo.
Para el año 2003, periodo que también significó una crisis económica para el país debido al paro petrolero, los industriales alertaban sobre una veintena de situaciones que afectaban la actividad de las empresas manufactureras. Siete años después la lista se expandió de tal forma que actualmente alrededor de 200 situaciones amenazan al sector.
Al cierre del tercer trimestre del año pasado la Encuesta Industrial Cualitativa que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) planteaba que los ocho problemas más graves para los establecimientos manufactureros son la dificultad para obtener divisas, la escasez de insumos para producir, la concentración del mercado interno, los altos costos de los insumos y las trabas para importarlos, la recesión económica mundial, la competencia comercial desleal y el racionamiento eléctrico.
Ataduras legales
Además de situaciones denunciadas desde hace años por Conindustria, como el control de cambio y de precios, la inamovilidad laboral, las trabas a la emisión de permisos sanitarios y licencias de importación, las invasiones, el terrorismo y la inseguridad, las adjudicaciones directas y los ajustes del salario mínimo inconsultos, en el año 2010 se sumaron más obstáculos por la vía legal.
En el segundo semestre la Asamblea Nacional aprobó normativas que, de acuerdo a lo denunciado por Fedecámaras ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE), limitan el normal desenvolvimiento de las empresas.
Al sector industrial no solo le afecta la ola de expropiaciones que se ha intensificado desde el año 2007, también se siente amenazado por leyes como la de Contrataciones Públicas, de Instituciones del Sector Bancario, de Tierras y Desarrollo Agrario y la de Emergencia de Terrenos y Viviendas.
En el caso de la norma que rige las contrataciones públicas, el sector privado considera que la misma incluye el comiso o requisición de bienes como castigo a los incumplimientos o paralizaciones en las ejecuciones de obras, sin que medie el derecho a la defensa.
Con respecto a la nueva ley para el sistema financiero, Fedecámaras le hizo saber a la OIE que el instrumento impide la participación de directivos, accionistas o administradores de los medios de comunicación en los bancos, lo que consideran una violación a la Constitución Nacional que avala el derecho de las personas a dedicarse a la actividad productiva de su preferencia.
En cuanto a la reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el gremio de empresarios destacó en su misiva a la OIE que los procedimientos de expropiación de tierras sin indemnización previstos en la norma dejan desprotegidos a los productores.
Otro de los instrumentos legales aprobados por la Asamblea Nacional fue la Ley de Emergencia de Terrenos y Viviendas. La misma declara la utilidad pública de los terrenos ociosos o subutilizados, lo que aligera el camino para lograr la expropiación de los mismos.
El temor recae también sobre otras leyes pendientes de aprobación, como la de Propiedad Social y la del Trabajo, por su impacto estimado en la actividad empresarial.
De metas a realidades
El Gobierno, inmerso en el cambio del modelo productivo, estimó para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2% que, de cumplirse, significaría el primer paso para superar la crisis, tras dos años de retroceso.
Los industriales representados por Conindustria han planteado la necesidad de desmontar ese cerco de medidas y leyes que afectan su actividad.
La participación del sector privado en la economía es aún extensa, aun cuando desde el Gobierno se han hecho esfuerzos por reducirla para permitir el desarrollo del modelo productivo socialista. De acuerdo a los datos del Banco Central de Venezuela (BCV), al cierre del tercer trimestre del año pasado 66,15% del PIB era generado por la empresa privada, mientras que 33,85% llegó de la mano del sector público.
En el marco de un retroceso económico sostenido como el que ha afectado al país, el desempeño de las industrias ha sido desalentador. Las empresas manufactureras, las que generan más recursos para la economía venezolana, exhiben resultados negativos con caídas acumuladas desde el primer trimestre del año 2009.
Su peor resultado se registró entre enero y marzo del año pasado cuando el sector se desplomó 9,8%, de acuerdo a lo señalado por las cifras del BCV. Después de ello mantuvo los números rojos, hasta que finalmente en el tercer trimestre de 2010 creció apenas 0,1%.
Si bien el Gobierno nacional tiene expectativas positivas sobre lo que será el año, los industriales no tienen tanta confianza. En la Encuesta Cualitativa Industrial del INE, correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, casi la mitad de los consultados consideró que su situación económica a finales de 2010 fue peor que un año atrás y destacó que se estimaba una reducción de la capacidad utilizada para inicios de este año.
El informe del ente gubernamental indica que 45,22% calificó de negativo el panorama del sector en el cuarto trimestre del año pasado, 1,67 puntos porcentuales por encima del resultado registrado en igual lapso de 2009.
Los altos precios, los insuficientes inventarios de maquinarias, equipos y de productos terminados, las menores inversiones en activos fijos y menor demanda de trabajadores serán hechos característicos del periodo entre enero y marzo de 2011, según los industriales.
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