Las investigaciones penales sobre el sector de la construcción se acentuarán, afectando incluso los bienes de los presuntos implicados en estafas inmobiliarias, así como activos de las empresas involucradas. La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo ayer que basándose en la Ley Contra la Delincuencia Organizada se dictarán medidas de ocupación temporal sobre "algunos bienes de estas personas que aparecen como responsables de fraudes y ofertas engañosas, que pueden ser ocupados. Y en ese sentido convocaremos a los cuerpos de seguridad para su cumplimiento".
Afirmó que "esto lo hacemos porque muchos proyectos están listos, y (las constructoras) no sólo estafan a las personas usando su dinero para financiarse sino que después venden esos apartamentos a personas distintas. Son medidas temporales para que las construcciones terminen en manos de quienes corresponden".
A Ortega Díaz se le consultó sobre las viviendas construidas por empresas señaladas por cometer presuntas estafas, pero que en tales desarrollos no se haya incurrido en delito alguno. La respuesta de la fiscal General fue que "si la promotora inmobiliaria participa en varios proyectos, y tomamos estas medidas, estamos protegiendo (a las personas) de eventuales delitos".
A su juicio, "lo más probable" es que esas terceras personas "sean estafadas y más bien estamos tomando medidas preventivas".
Agregó que "estas empresas de la construcción nunca son solo una, sino que son consorcios relacionados con otras empresas de otras áreas". Por ello, el Ministerio Público anunció que investigará a empresas de otros sectores de la economía; aunque sin revelar detalles sobre alguno en particular.
Órdenes de captura
El Ministerio Público se reunió con más de 300 personas presuntamente estafadas en todo el país. "Después de 3 horas se recogieron bastantes inquietudes" aseguró Ortega.
Las acciones del Ministerio Público implican hasta ahora 505 investigaciones con 20 personas acusadas por estafas, 112 medidas privativas de libertad con orden de captura; más 23 personas privadas de libertad. También se han emitido 205 medidas reales contra las personas jurídicas, que incluyen prohibición de gravar bienes y congelación de cuentas bancarias.
También hay 174 medidas reales contra bienes de los dueños de empresas constructoras o promotoras, así como 171 medidas de prohibición de salida del país. Además, el Ministerio Público actuará contra varios ingenieros municipales que aprobaron desarrollos irregularmente, dijo Ortega.
Indicó que como posible medida de resarcimiento, se podría proceder al remate de las obras inconclusas y que el dinero obtenido se emplee "en la culminación del inmueble".
También destacó que hay casos de constructoras que han intentado acuerdos reparatorios, donde quieren devolver los mismos montos que recibieron. "Las víctimas pagaron precios de hace cinco anos, y esos montos no representan el costo actual" que, según la fiscal General, "ahora eso no alcanza ni para los muebles de la casa".
También dijo desconocer el caso de Eladio Muchacho, presidente del Diario de Los Andes, y quien -según ese mismo rotativo- se encuentra detenido por una presunta estafa a 144 familias del conjunto La Arboleda II, tras una apelación de la Fiscalía 2da de Trujillo.
Viviendas de interés
Luisa Ortega indicó que la "medida más correcta" para las viviendas de interés social es que se impida su libre venta porque "entonces quienes las reciben las venden y después solicitan otra".
No obstante, sobre las viviendas que el Gobierno ha adjudicado, y que según el Ejecutivo nacional no son para libre venta, Ortega dijo que desconoce los detalles de ese mecanismo.
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