El sector inmobiliario revisa las medidas que analiza la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, de ocupación de los bienes que están en manos de las constructoras que efectuaron estafas. No obstante, los inmobiliarios señalaron que el Ministerio Público está tomando decisiones sin existir todavía una sentencia al respecto. La intención de la Fiscalía es aplicar Ley Contra la Delincuencia Organizada y así dictar medidas de ocupación temporal sobre los activos de las empresas constructoras.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, indicó que se está juzgando a priori a los responsables de diferentes proyectos sin el debido proceso y agregó que no se está actuando de manera razonable con ánimos de esclarecer los hechos. "Yo soy inocente hasta que tú me declares culpable, no es al revés".
Al igual que Martini, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, indicó que "es necesario analizar las medidas anunciadas por la Fiscalía, pero si no existe un juicio o una sentencia no se puede proceder a la ocupación de los activos".
Según el abogado, Antonio Canova, la Ley contra la Delincuencia Organizada establece unas causales por las que se pueden efectuar las confiscaciones de bienes, y apuntó que las ocupaciones anunciadas por el Ministerio Público no están previstas. A su juicio, las autoridades se están anticipando, "la Fiscalía se excede". Expresó que no se descarta que los jueces comiencen a dictar medidas preventivas para efectuar esas ocupaciones temporales.
La Fiscal Luisa Ortega este martes hizo mención a la reunión realizada el pasado lunes con los afectados por las estafas inmobiliarias y dijo que "atendí a más de 500 personas que se sienten estafadas, que se han aprovechado de su buena fe, que no han sido protegidas. Yo estoy para cumplir con la Constitución. La Constitución me obliga a representar a las víctimas. Yo represento a las víctimas".
Ortega hizo otros pronunciamientos sobre la materia inmobiliaria y expresó acerca de la medida del TSJ que prohíbe a los jueces realizar desalojos, que "esa es una decisión del TSJ. Las decisiones de los tribunales son para respetarlas, pero las personas pueden intentar acciones".
Respecto a la Ley de Emergencia de Vivienda y Terrenos y la limitación en la venta de las casas asignadas por el Estado, indicó que "ese es un tema que hay que abordarlo con el Ministerio de la Vivienda, ellos fijan las condiciones para entregar las viviendas de interés social ".
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