Las compañías inmobiliarias venezolanas tienen plazo hasta hoy para consignar los recaudos pedidos por el organismo para la creación del registro de inmuebles alquilados, pero las representantes de esas empresas ya le señalaron a las autoridades que no puedan presentar toda la documentación, y ante esa situación, los funcionarios de Inquilinato indicaron que la consignación de los papeles se podrá realizar en la medida que se tengan listos.  De esta manera, la Dirección de Inquilinato de Venezuela flexibilizó la resolución que ordena a las administradoras e inmobiliarias a registrarse en esa instancia, y permitirá a las empresas entregar la documentación exigida por etapas. 

De los requisitos que deben cumplir las administradoras e inmobiliarias, el que se ha retrasado más es la presentación de la fe de vida por parte de los propietarios que tienen inmuebles arrendados. 

El presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez, indicó que "las administradoras han tenido la imposibilidad de cumplir con las entregas de esos documentos". 

La comunicación, que fue enviada por organismo adscrito al Ministerio de la Vivienda, el pasado 25 de mayo, indica que las empresas tienen que consignar las listas de inmuebles que administran con copia de la cédula de identidad y fe de vida de los dueños, copias de los documentos de constitución de las compañías, actas de designación de los representantes legales, copias de los contratos de administración, copias de los poderes otorgados por los propietarios e informes de gestión. 

Los inmuebles que solamente se deben notificar son aquellos cuyo alquileres son manejados por las administradoras o inmobiliarias. No se tienen que registrar los inmuebles que están bajo el régimen de propiedad horizontal. 

Martínez expresó que las administradoras e inmobiliarias como empresas sí tienen que cumplir con el registro, debido a lo previsto en la resolución. 

Regulación 

Por otra parte, el diputado de la Comisión de Administración y Servicios, Francisco Martínez, señaló a la ANTV que es necesario crear un organismo independiente que se encargue de regular los precios de los alquileres de inmuebles. 

Agregó de la consulta pública que se está realizando al proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios han surgido propuestas y comentó que el órgano regulador podría "articular el proceso entre las personas que arriendan y las personas que ofrecen sus inmuebles para alquilar". 

El parlamentario indicó que la regulación es necesaria, porque "no es lo mismo el alquiler de una infraestructura que tiene 15 o 20 años de construida, que el de una infraestructura construida recientemente". 

Aunque el diputado anuncia la conformación de un organismo, el proyecto de Ley de Alquileres ya contempla que la Dirección de Inquilinato se encargará de determinar los cánones de arrendamiento, realizar las revisiones de contratos, crear un censo y hasta efectuar audiencias conciliatorias para los casos de desalojos. 

La consulta de la Ley de Arrendamientos está prevista que termine el próximo dos de julio, de todas maneras, la Comisión de Administración y Servicio tiene previsto iniciar la revisión del proyecto la próxima semana con el objetivo de tener listo el informe final antes del cierre del primer período de sesiones de la AN, que está previsto para el próximo 15 de agosto. 

marmas@eluniversal.com

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Indepabis (Venezuela) fiscaliza 100.000 viviendas por "estafa inmobiliaria"

"Esas 100.000 viviendas están en un proceso de avance que nos permite augurar los finiquitos de las obras. En esos urbanismos hay casas que tienen más de 70% de avance". El presidente del Instituto venezolano para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel, comentó que "esas 100.000 viviendas serán liberadas de las estafas inmobiliarias", pero no detalló sobre los pasos que seguirán luego de que termine la fiscalización.  

Indicó Montiel que esos procedimientos se deben a las denuncias presentadas y a que esos desarrollos son de empresas relacionadas con las constructoras que fueron expropiadas como con las compañías que tienen medidas de ocupación temporal. Por su parte, el presidente del Banavih, Mario Isea, comentó que en el marco de la Misión Vivienda se revisarán los topes y subsidios directos de la Ley del Régimen de Vivienda.

En noviembre de 2010 el Gobierno realizó la expropiación de cinco desarrollos habitacionales y anunció la ocupación temporal de ocho. En esos complejos expropiados existen 15.000 viviendas en diferentes estatus de construcción. 

Montiel apuntó que "esas 15.000 viviendas fueron liberadas" e indicó que pronto esas casas serán protocolizadas, sin embargo, al consultársele en varias oportunidades sobre las fechas de tramitación de esos procedimientos, no precisó, el funcionario optó por dejar que una las representantes del Movimiento Contralor de la Vivienda, Luisa Calzada respondiera y dijera que "las instituciones del Estado dan respuestas y las viviendas muy pronto serán entregadas". 

La protocolización le permite a las familias registrar el documento de compra y venta de la vivienda, luego de aprobado el financiamiento. 

De acuerdo a la información del sector financiero, de esas 15.000 viviendas, existen cerca de 11.000 que tienen más de 75% de avance en la construcción. De ese monto, 3.000 están adelantadas en 90%, y esas serán las que pronto se protocolizarán, el resto se encuentra en proceso de producción. Para la culminación de los desarrollos las entidades han sido las encargadas en contactar a las empresas constructoras. 

El director de delitos comunes de la Fiscalía, Orlando Padrón, comentó que el Ministerio Público ya ha detenido a 92 personas por estafas inmobiliarias, y 71 han sido acusadas. Expresó que se han solicitado órdenes de aprehensión contra 231 constructores y además han pedido la congelación de las cuentas y la prohibición de enajenación de los bienes.  

Augusto Montiel, agregó que el Indepabis también está fiscalizando a los establecimientos para verificar el abastecimiento de carne, pan y aceite. Señaló que están inspeccionando a los seguros. 

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Asamblea Nacional venezolana contabiliza hasta ahora 3 mil denuncias por "estafa Inmobiliaria"

"En todas las reuniones ordinarias de la AN, hemos abordado el tema de las estafas inmobiliarias que han sido presentadas a los organismos competentes, específicamente sobre constructoras privadas que han cobrado los costos de la vivienda, cuando no hay construcción alguna" así lo informó el diputado Tito Oviedo, miembro de la Comisión. La comisión permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) contabiliza hasta ahora 3.000 denuncias por estafas inmobiliarias en todo el país. 

Informó que los miembros de la comisión van a hacer una gira nacional para atender las denuncias y saber cual es el status de las mismas. "Comenzamos este 8 de baril, y vamos a estar en Maturín, edo. Monagas y el 9 estaremos en Ciudad Bolívar".

Agregó que anunciarán con antelación las ciudades donde estarán; "hemos escogido la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela para que sea un espacio neutral y las personas asistan para atenderlas".

Destacó que las personas que vayan deben llevar los documentos básicos "que le hacen víctima de estafa".

Oviedo aseguró que el trabajo de la AN ante el problema es se garante de justicia "y exigiremos que se cumpla la ley hasta la ultima consecuencia, sea quienes sean los involucrados en esto. Estamos seguros que la fiscalía y los entes del estado también están comprometidos con el pueblo ante esta demanda", reportó Unión Radio.

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Privado de libertad Rafael García por "estafa inmobiliaria" en Táchira, Venezuela

El vicepresidente de la Asociación Civil La Colina, Rafael García, fue privado de libertad a solicitud de la Fiscalía "por presuntamente estafar a 184 ciudadanos", quienes hace 16 años invirtieron para la adquisición de una vivienda en el desarrollo habitacional Valle Encantado, ubicado el sector Tucutucu del estado Trujillo.

La urbanización nunca se construyó y los afectados realizaron una denuncia ante la Fiscalía. En la audiencia de presentación, el fiscal 3° de esa jurisdicción, Oscar Balza, imputó a García y a la vocal Almida Briceño por "estafa agravada, usura y asociación para delinquir", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

García y Briceño fueron aprehendidos cuando se presentaron ante las autoridades, debido a las órdenes de captura existentes en su contra, las cuales fueron solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el mencionado Tribunal.

Vale destacar, que el desarrollo habitacional estaría constituido por tres asociaciones civiles, las cuales se unieron para llevar a cabo la construcción de dicho complejo.

Por este caso, están privadas de libertad 10 personas, entre estas, ocho integrantes de la Asociación Civil Provivienda Esnogue y dos de la junta directiva de Inversiones e Importaciones Ronald Import, C.A.

El Ministerio Público continúa con la investigación, a fin de determinar si existen otras personas vinculadas con este caso.

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Ministerio Público solicitó orden de captura contra ingenieros municipales en Venezuela

El Ministerio Público solicitó orden de captura contra ingenieros municipales involucrados en el caso de estafasinmobiliarias, de las cuales han sido víctima un número significativo de familias venezolanas.

La información fue suministrada este jueves por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Indicó que el MP imputó a varios ingenieros, entre ellos a Jorge Uzcátegui, quien habría aprobado de forma irregular los permisos que avalaban la construcción del complejo residencial San José del Ávila, ubicado en la avenida Baralt, parroquia Altagracia del municipio Libertador, en Caracas.

Uzcategui será imputado por la presunta comisión de los delitos de usura genérica y estafa agravada, en grado de complicidad, además de concertación ilícita de funcionario con contratista.

De acuerdo con la investigación, el ingeniero municipal adscrito al Servicio Autónomo de Inspección de Obra (SAIO) de la Alcaldía de Libertador fue el encargado de inspeccionar el desarrollo de la construcción del complejo habitacional.

“Un ingeniero tiene la obligación por Ley de supervisar con responsabilidad la ejecución de las obras de acuerdo con los parámetros establecidos; si no cumple con esto será castigado y sancionado”, aseveró Ortega Díaz en su programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).

La titular del MP indicó que hasta la fecha las investigaciones en torno a las estafas inmobiliarias han arrojado 23 personas acusadas; se han librado 179 órdenes de captura, 66 privativas de libertad, 267 medidas reales contra bienes de la empresa y 269 contra bienes de los accionistas y directores.

Además, se han dictado cinco medidas de ocupaciones temporales, 260 medidas personales (prohibición de enajenar y grabar) y 20 sustitutivas de libertad.

“Seguimos trabajando en estos casos para dar respuesta inmediata a los afectados. Hasta ahora, más de 90 fiscales están trabajando en todo el país con el caso de las estafas inmobiliarias”, dijo.

De igual modo, refirió que se ordenó la extradición de varios representantes de promotoras yconstructoras, quienes quisieron evadir su responsabilidad al irse del país.

Luisa Ortega Díaz anunció que el martes 1º de marzo próximo presentará ante la Asamblea Nacional (AN) el informe anual sobre su gestión en 2010, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana.

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Detenidas 4 personas en Guárico por "estafa inmobiliaria"

 El Ministerio Público realizó la privativa de libertad de cuatro personas de una Organización Comunitaria de Vivienda por estafa inmobiliaria en el Estado Guárico. 

En un comunicado, se notificó que la fiscal 1 de esa jurisdicción, María Gabriela Peña, imputó a la presidenta, vicepresidenta, secretaria y tesorero de la Organización , Yuraima Gómez, Ana Monsalve, Olga Vázquez y Maikel Luque, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de estafa calificada continuada, usura genérica y asociación para delinquir. Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal.  

En ese sentido, el Tribunal 3 de Control de la entidad dictó medida privativa de libertad contra las cuatro personas y, en consecuencia, fijó como sitio de reclusión para las tres mujeres la Penitenciaría General de Venezuela, mientras que Luque será recluido en el Internado Judicial del estado Apure, hasta tanto el Ministerio Público presente el acto conclusivo en el lapso correspondiente. 

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PSUV: Propuesta de Ley de Alquileres permite adquisición forzosa de inmuebles

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) elaboró una propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios la cual indica que si los propietarios de inmuebles incumplen con el marco legal los bienes podrán ser expropiados. 

El proyecto denominado Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, establece que los dueños de inmuebles que omitan el articulado de la Ley recibirán sanciones entre 30 y 400 unidades tributarias y si existe reincidencia las multas se duplicarán, pero a la tercera reincidencia las medidas serán severas, dado que se procederá a la toma de los inmuebles. 

Según el artículo 161 "si el infractor reincidiera por tercera vez en la falta y este fuera dueño de un inmueble destinado a vivienda que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal o este fuera dueño de más de cinco inmuebles destinados a vivienda, la Dirección Inquilinato dará inicio a los trámites pertinentes a fin de expropiar el inmueble o los inmuebles, según sea el caso". 

Esa misma disposición agrega que "el inmueble o los inmuebles expropiados serán adjudicados a los arrendatarios que habiten el mismo al momento de la expropiación". 

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, señala que esa propuesta de marco legal busca otra vía para expropiar, y pese a la medida, los inquilinos solo tendrán la adjudicación de la vivienda, no serán propietarios. 

De acuerdo al proyecto, publico en el portal del Psuv, serán sancionados aquellos propietarios o familias que: alquilen las viviendas adjudicadas por el Estado, no cumplan con los términos para los avisos de prensa, no estimen los cánones de arrendamiento de acuerdo a lo previsto en el texto, no garantice el goce pacífico de la vivienda, realicen subarrendamientos y no efectúen los descuentos previstos en el texto cuando se proceda a la venta de la vivienda en arrendamiento. 

Cobros prohibidos 

La propuesta indica que estará prohibido el cobro de sumas de dinero por solo exhibir o mostrar inmuebles en oferta de arrendamiento, sin perjuicio del derecho que asiste al intermediario de cobrar su comisión por negociación efectuada. 

Esa disposición surge de las denuncias que han realizado las familias sobre los cobros que se han efectuado por la muestra de los apartamentos. 

Nuevos parámetros 

En el proyecto de marco legal se contemplan nuevos parámetros para el cálculo de los cánones de arrendamiento. 

De acuerdo a lo indicado en las disposiciones, los organismos establecerán los topes máximos de rentabilidad que se percibirán por los inmuebles. 

Para la determinación de los valores, el texto dice que se tomarán en cuenta: el valor de reposición del bien (costo de la construcción) y el valor residual (tiempo del inmueble). 

El proyecto apunta que a los efectos de establecer el valor del inmueble también se tendrá como referencia el valor de la tierra. Para ello se considerará si los inmuebles se edificaron en tierras pertenecientes a la República, Estados o Municipios o si se edificaron en tierras pertenecientes al propietario del inmueble. 

El texto señala que "a los efectos de la fijación del canon en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal se tomará en consideración la contribución para el pago de los gastos comunes causados por la administración".

Apunta que "el alquiler máximo de los muebles y otros accesorios que se arrienden junto con el inmueble sujeto a regulación será fijado por las partes. El alquiler de los muebles en ningún caso podrá exceder del 20% del monto del canon establecido al inmueble". 

Las organizaciones que agrupan a los inquilinos este fin de semana estuvieron recogiendo firmas en apoyo a la propuesta de reforma de la ley. 

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Detienen a Medardo Velásquez Pérez por estafa inmobiliaria en el Zulia

A solicitud del Ministerio Público (MP), fue privado de libertad Medardo Velásquez Pérez, directivo de la empresa Consultores de Vivienda C.A (Conavica), por presuntamente estafar a tres familias que pagaron por la adquisición de viviendas en unconjunto habitacional en el Zulia.

En la audiencia de presentación, la fiscal auxiliar 9° de esa jurisdicción, Leidys Flores Luzardo, imputó a Velásquez Pérez de 72 años, por la presunta comisión del delito de estafa continuada agravada, previsto y sancionado en el Código Penal.

En ese sentido, el Tribunal 11° de Control del estado Zulia, con base en los elementos de convicción presentados por la fiscal, dictó medida privativa de libertad contra el empresario y, en consecuencia, éste permanecerá recluido en su vivienda con apostamiento policial, en vista de su avanzada edad; mientras el MP presenta el acto conclusivo en el lapso correspondiente.

Asimismo, el referido Tribunal, ante la solicitud hecha por el MP, ordenó la inmovilización preventiva de cuentas bancarias, el aseguramiento de los bienes del directivo de Conavica, por lo que Velásquez Pérez no podrá enajenar y gravar.

Vale señalar, que sobre el representante de la mencionada empresa existía una orden de aprehensión y, en ese sentido, fue detenido por funcionarios policiales al momento de presentarse en la sede del Ministerio Público del estado Zulia, donde  quería llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas.

Según la investigación, las tres familias habrían manifestado que el directivo de la empresa Asesores yConsultores de Vivienda C.A no cumplió con la entrega de los inmuebles, pues la obra nunca se ejecutó.

Es importante destacar, que el empresario Medardo Velásquez Pérez, en noviembre de 2010, fue presentado ante el Tribunal 5º de Control del Zulia, el cual le otorgó medidas cautelares de presentación periódica ante el Juzgado y prohibición de salida del país, por su vinculación con la estafa de otras 50 familias del conjunto residencial Villa Dorada, quienes cancelaron por adquirir sus casas y estas no fueron construídas, investigación que conduce la Fiscalía 14º de la referida juridicción.

Ministerio Publico

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Ordenan auto de detención contra esposa del alcalde de Roscio por "estafa inmobiliaria"

Un tribunal de control del estado Guárico dictó medida privativa de libertad en contra de Sulme Ávila, esposa del alcalde de derecha del municipio Juan Roscio, Franco Gerratana, por estar involucrada en la presunta estafa inmobiliaria que cometió la Promotora Ámbar en Valle de la Pascua y que ha afectado a más de 1.000 familias.

Así lo indicó el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, Ramón Casanova, quien explicó que la orden de captura ya se encuentra en manos de los funcionarios, quienes visitaron este domingo la residencia de la referida ciudadana.

“Ese caso se inició directamente por Fiscalía por el delito de estafa inmobiliaria y fue esa institución la que procesó a los testigos y los datos vinculados con este caso, el cual pasó al tribunal de control que posteriormente emitió la orden de aprehensión”, dijo.

Comentó que aún se desconoce el paradero de la sindicada, quien salió a tempranas horas de la mañana de este domingo de su casa y desde entonces no se ha sabido más nada de ella.

Por su parte, el alcalde de Juan Germán Roscio, Franco Gerratana, reiteró que en efecto existe un auto de detención en contra de su esposa Sulme Ávila, quien se desempeñaba como accionista y directiva de la referida promotora y descartó estar involucrado en la estafa.

“Un tribunal ordenó una medida privativa de libertad contra mi esposa, quien es una mujer honesta y muy trabajadora, y por eso desde ya estamos organizando un expediente con lo que será su defensa ante los órganos jurisdiccionales, a fin de esclarecer los hechos”, dijo.

Comentó que es falso que él o su esposa hayan huido del país y resaltó que en los próximos días Sulme Ávila se presentará ante los tribunales para defenderse.

Negó estar involucrado en este caso de presunta estafa inmobiliaria, por cuanto ya no se desempeña como directivo de la Promotora Ámbar, aunque aclaró que sí es accionista.

“Yo me quedé con unas acciones de la empresa para garantizar que los actuales propietarios le cumplieran a las familias que fueron beneficiadas con la construcción de este complejo habitacional”, comentó.

Gerratana dijo además que mientras estuvo al frente de la empresa, logró la aprobación de un crédito por 87 millones 388 mil 855 bolívares otorgado por Banfoandes y que fue ejecutado en la construcción de 1.114 viviendas, de las cuales 685 se entregaron, 246 fueron protocolizadas y 868 están a la venta.

“No hubo ninguna irregularidad con las casas de El Palmar que construimos con mucho esfuerzo en Valle de la Pascua, en todo caso confiamos en que el Ministerio Público hará las investigaciones correspondientes y esclarecerá los hechos”, agregó.

Comentó que si algunas de las viviendas que se encuentran en el urbanismo presentan deterioro es porque fueron invadidas en cinco ocasiones, por ello se comprometió a trabajar en conjunto con los actuales propietarios de la empresa para solventar esta situación.

Aseguró que actualmente no existe ninguna medida privativa de libertad en su contra y refirió que en caso de que se le abra algún juicio, no abandonará el país y dará la cara para defenderse.

Caso de la Promotora Ámbar

El caso de la Promotora Ámbar ha sido denunciado en varias ocasiones ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) por las familias que residen en el urbanismo, quienes reclaman que el Estado intervenga en el proyecto para la culminación de las casas y las reparaciones que requieren para ser habitadas.

Esta situación obligó al Indepabis ordenar una medida de ocupación temporal de la empresa en diciembre de 2010 y se agravó cuando la semana pasada las familias afectadas denunciaron ante el Ministerio Público al alcalde Gerratana y a su esposa por el delito de estafa inmobiliaria.

El complejo urbanístico El Palmar se comenzó a construir en el año 2005 con la empresa Promotora Ámbar, propiedad de Franco Gerratana, y las casas fueron ofrecidas a un precio determinado y con condiciones específicas, que nunca fueron cumplidas.

La referida empresa fue registrada en Valencia, estado Carabobo, en el año 1997, por Franco Gerratana y ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por los vecinos de la urbanización El Palmar, debido a las irregularidades que presentaba la etapa tres de este complejo.

El 11 de marzo de 2010, la Cámara Municipal de Infante aprobó una convocatoria a los representantes de la empresa, para buscar soluciones a los problemas planteados por los vecinos.

En esa oportunidad el concejal Emmanuel Guevara certificó que la urbanización El Palmar I y II fue construida por la Promotora Ámbar.

Además se determina que luego de Gerratana, la empresa quedó bajo la dirección de su esposa Sulme Ávila, quien hasta hace poco también ejerció la Dirección General de la Alcaldía de Roscio.

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MP: no descarta responsabilidad de banca e ingenieros en "estafa inmobiliaria" en Venezuela

Según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la responsabilidad de la banca y de los ingenieros municipales en los casos de estafas inmobiliarias no está descartada en las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP).

Así lo afirmó Ortega durante en una entrevista para el diario Ciudad CCS, publicada este viernes.

“En una investigación siempre se determina la responsabilidad o no de quienes hayan ejecutado conductas delictivas. Empiezas a investigar el hecho y a determinar; esto se produjo con la conducta de éste, o del otro“, explicó la Fiscal.

Indicó que no puede decir cuáles son los resultados de las investigaciones sobre el papel de los ingenieros municipales porque no han sido imputados. “Pero, lo repito, los ingenieros municipales serán citados para ser imputados“, agregó.

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