Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), considera que hay que tomar en cuenta a las dos partes (inquilinos y propietarios) en el texto de la Ley que prohibe el desalojo arbitrario y la habilitante especial para la dignificación de conserjes que anunció el Presidente de la República este jueves.
Indicó que la gente desconoce cuál es el contenido de dicha ley, pues no ha salido aún en Gaceta Oficial.
Finalizó Martini diciendo que en el contenido de las leyes de este sector debe existir un equilibrio, “tanto como para nuestro gremio, como para los gremios de bienes y raíces”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez, aseguró que la oferta de arrendamiento ha caído 6%.
Además, afirmó que ese es el resultado de la congelación de los alquileres y la imposibilidad de realizar los desalojos.
“El Gobierno Nacional no debe atacar o criminalizar a las personas que alquilan un inmueble"
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), rechazó la suspensión de la ejecución de las medidas judiciales de desalojos de viviendas alquiladas.
Aseguró que esta medida “consolida, junto con la política de congelamiento del pago de alquileres vigente desde 2003, la confiscación o pérdida de todos los inmuebles arrendados, porque sencillamente los inquilinos dejarían de pagar y se negarían a entregar las viviendas habitadas”.
Prohibir los desalojos forzosos en las casas y apartamentos arrendados acabará con la oferta nacional de viviendas en alquiler; ya que, según Orta, “no existe la seguridad jurídica necesaria para que un propietario arriende un inmueble residencial”, señaló Orta.
Fuentes varias
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