A un mes de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos, el sector empresarial, agrupado en FEDECAMARAS, pidió que se suspenda la aplicación de este instrumento legal.
El presidente del gremio, Jorge Botti alertó que la mencionada ley "terminará regulando también el salario de los trabajadores porque este también forma parte de la estructura, del costo integral del producto".
Explicó que el control de las actividades económicas que propone la ley es complejo, y genera costos y riesgos para toda la sociedad porque restringe la posibilidad de crear empleos productivos, mantener empresas más estables y lograr mayor abastecimiento. "El aparato económico necesita que se suelten las amarras para que podamos producir en abundancia. Queremos atender las necesidades de la población".
En tal sentido, reitera la necesidad de que se rectifique la visión de la economía que se pretende imponer, amparada en controles. "El gobierno venezolano sería responsable del incremento del desabastecimiento y la reducción de la oferta de bienes y servicios. Una decisión incorrecta e inoportuna impactará negativamente el bolsillo de los venezolanos al no tomar en cuenta la perspectiva real de la estructura de costos de los productos", aseguró el dirigente gremial.
Precisó que a lo largo del tiempo se ha demostrado que los controles son ineficaces para combatir la inflación y sólo la represan por un tiempo. Argumentó que muestra de ello es que los primeros nueve meses del año el precio de los productos controlados, en especial los de alimentos, acumulan un alza promedio de 21,9%, mientras que los que no están sometidos a estas regulaciones aumentaron 19,6%.
"La Ley de Costos y Precios no es la solución a los problemas económicos del país.
Las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno nacional no han logrado la estabilidad de precios, el aumento de la producción nacional, ni el mejor acceso a los bienes. Al igual que medidas previas, este instrumento legal, falla en atacar el origen del problema. Una ley con base en el control -en lugar del estímulo- no va a producir resultados diferentes a los que ya se han obtenido con medidas parecidas en el pasado. Con la implementación de esta, la decisión de cuánto cuesta un producto quedará en manos de una institución, generando más burocracia e incertidumbre", aseveró Botti.
"Estamos consultando ampliamente a distintos sectores del país –con énfasis en los trabajadores y consumidores- con el objetivo de intercambiar criterios sobre el impacto que tendrá para todos la aplicación de esta ley e implementar acciones futuras que se deberán tomar para enfrentarla en los términos en los que ha sido concebida".
Diálogo indispensable
Explicó que infructuosamente los empresarios han solicitado, en repetidas oportunidades, participar en el diálogo indispensable que requiere un instrumento legal de estas características. "Hemos promovido el diálogo y la cooperación con el Estado para desarrollar acciones que contribuyan efectivamente a la solución de los problemas que nos afectan a todos. Pero hasta el momento no hemos tenido respuesta
. También hemos hecho propuestas como el Plan Progreso y Bienestar para generar más productos, empleos y mejorar la calidad de vida, atacando las verdaderas causas de la inflación y el desabastecimiento".
Para el dirigente gremial, las amenazas, intervenciones, expropiaciones y toma de empresas productivas, sólo han generado un empeoramiento de las posibilidades de atacar los problemas estructurales de la economía venezolana.
Insistió en que la empresa privada tiene por objetivo contribuir con el progreso mediante la mejora continua en el acceso oportuno y confiable a los bienes y servicios, precios estables y la generación de empleos de calidad. "Los empresarios estamos en capacidad de aportar soluciones a los problemas económicos de los venezolanos".
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