“El tribunal (arbitral) por unanimidad decide (…) Que tiene competencia sobre las reclamaciones presentadas por Cemex Caracas y Cemex Caracas II en tanto las mismas estén basadas sobre los supuestos incumplimientos del Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Inversiones celebrado el 22 de octubre de 1991 entre el Reino de los Países Bajos y la República de Venezuela”, resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El CIADI (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) es el tribunal del Banco Mundial que se encarga de dictaminar las diferencias entre los Estados nacionales y los inversionistas privados en los países donde fungen como empresas extranjeras.
El fallo unánime “sobre jurisdicción” de las empresas holandesas propiedad de Cemex a demandar la protección del acuerdo firmado por Venezuela y el Reino de los Países Bajos se dictó el pasado 30 de diciembre.
Según la cementera mexicana, por el momento es imposible considerar “el grado de posibilidad de recuperar cualquier compensación monetaria emitida a favor de Cemex Caracas”.
Tampoco se puede considerar el “margen de posibilidad de éxito o determinar la posición que asumirá Venezuela ante estos procedimientos, la naturaleza del laudo que pudiera ser emitido por el Tribunal de ICSID”, señala Cemex en un reporte.
En agosto de 2008, las “fuerzas armadas” de Venezuela tomaron el control de las tres plantas de cemento de Cemex (así como otros activos de la mexicana) derivado de un decreto de expropiación que además de la mexicana también afecto a las dos mayores cementeras del mundo: la francesa Lafarge y a la suiza Holcim.
En octubre de 2008, la empresa “Cemex Caracas” que era propietaria del 75.7% de las acciones de todos los activos en Venezuela, presentó la solicitud de arbitraje en el CIADI, debido a que Venezuela no indemnizó a la compañía por los activos nacionalizados.
La controversia que resolvió el tribunal de CIADI (desde julio de 2009 hasta diciembre de 2010) es solo la jurisdicción de que si Cemex Caracas tiene derecho a acogerse al convenio entre Holanda y Venezuela en materia de protección de inversiones.
Según el fallo del tribunal, Venezuela señaló que “las demandantes (Cemex Caracas I y Cemex Caracas II), como inversionistas indirectos en Cemex Venezuela, no tenían inversión alguna en el territorio de Venezuela que diera surgimiento a las obligaciones, supuestamente incumplidas por la República”.
Lo anterior, argumentando que “Cemex Caracas I” fue constituida en 1999 como una Besloten Vennootschap (B. V.) (empresa de responsabilidad limitada) en Holanda. Firma que es una subsidiara de propiedad total de Cemex España, que, a su vez, es una subsidiaria indirecta de Cemex SAB.
En tanto, “Cemex Caracas II”, también fue constituida en los Países Bajos en 2001 como una B. V., la cual es una subsidiaria propiedad total de “Cemex Caracas I”. Donde “Cemex Caracas II” es la propietaria del 100% de una empresa radicada en las Islas Caimán denominada Vencement Investments (Vencement), que a su vez es la propietaria del 75.7% de Cemex Venezuela (CemVen).
Sin embargo, antes esos argumentos e invocando a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, además de recordar las intervenciones militares de Alemania, Italia y Reino Unido a Venezuela del siglo pasado para garantizar las indemnizaciones a los acreedores extranjeros, el CIADI aceptó la jurisdicción.
El tribunal tuvo como presidente al francés Juez Gilbert y como árbitros al egipcio Georges Abi-Saab (designado por Venezuela) y al estadounidense Robert von Mehren (nombrado por Cemex). Las audiencias se llevaron acabo en Washington, DC.
Cemex pretende con el litigio que el gobierno de Hugo Chávez devuelva el control de la compañía expropiada o bien el pago por los activos expropiados, monto actualizado desde la toma de control hasta la fecha de liquidación total con una tasa de interés de cuando menos Libor.(En 2008, algunos analistas mexicanos estimaron que los activos de Cemex en Venezuela tenían un valor de 1,400 millones de dólares).
Además, de que el gobierno sudamericano pague todos los costos relacionados con el arbitraje, incluyendo los honorarios legales de Cemex Caracas, los gastos de peritos, honorarios administrativos, y los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
Al respecto, la semana pasada el tribunal señaló que “que reserva todas las cuestiones relacionadas con los costos y gastos del Tribunal y con los costos de las partes para ser decididos posteriormente”.
Para la victoria del primer “round” en la batalla legal, Cemex contrató los servicios del despacho de abogados neoyorquino Skadden, el cual según el portal en internet del despacho, el influyente diario inglés Financial Times los nombró como la mejor firma de litigantes en Estados Unidos en la categoría de “innovadores”.
Con más de 20 oficinas en el mundo, Skadden señala que es la mayor firma asesoras en materia de fusiones y adquisiciones en la Unión Americana, para lo cual señalan como fuentes de información a las agencias internacionales de noticias: Bloomberg y Thomson Reuters.
Por su parte, el gobierno de Hugo Chávez contrató los servicios de los despachos: Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle con oficinas centrales en Nueva York y al despacho español Goñi & Co. Abogados.
Fuentes varias
