La última semana el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, declaró por lo menos a 3 medios internacionales que “la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional al presidente, Chávez, es contraria al espíritu y la letra de la Carta Democrática” y que no descarta “plantear el caso ante el Consejo Permanente de la Organización, porque he notado preocupación en algunos países en tener una discusión sobre el tema”.
“No me parece” continuó “que pueda aceptarse como democrático el que un congreso que se va, pueda atarle las manos al congreso que llega, pues, ¿qué sentido tiene que la gente elija un congreso que fue concurrido, y que todo el mundo validó, para que inmediatamente después se diga que ese congreso que acabamos de elegir en realidad no va a tener mucho que decir porque el presidente va a gobernar por decreto durante 18 meses?”
“Eso lo dice el congreso que se va. Yo no creo que eso sea aceptable. Yo no creo que uno pueda quedarse callado ante una cosa así. Yo creo que la única solución es que la nueva Asamblea discuta de nuevo la Ley Habilitante. De pronto dan al presidente una facultad. Pero no tantas como las que se dieron, pero alguna le podrían dar por la razón de la emergencia de las inundaciones…Pero que el congreso anterior suprima su facultad al congreso que fue recién electo…Eso no me parece”, concluyó.
En otras palabras: que no lo pudieron decir mejor Henry Ramos, Julio Borges, María Corina Machado, Julio Montoya, William Ojeda, Manuel Rosales, Leopoldo López, Felipe Mujica, Teodoro Petkoff, Miguel Henrique Otero, Rafael Poleo, Manuel Felipe Sierra, Carlos Raúl Hernández, Milagros Socorro, Alonso Moleiro, Ángel Oropeza, Argelia Ríos, y asambleistas, líderes políticos y analistas que gritan, desde el momento que se aprobó la Ley Habilitante que da poderes especiales al presidente para legislar durante 18 meses, “que Chávez anuló los resultados de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre pasado y que, simplemente, y como en cualquiera de las afortunadamente pocas dictaduras que continúan padeciéndose en el mundo, se dispone a gobernar al margen de la ley y al frente de un estado que ya no hay excusa para no etiquetar de forajido”.
Un estado no distinto a la Cuba de los hermanos Castro, a la Bielorrusia de Lukashenho, al Irán de Ahmadinejad, la Rusia de Medvedev y Putin, la Libia de Gadafi, la Siria de Al Assad, el Sudán de Al Bashir, el Zimbawue de Mugabe y la Corea de Kim Jong-il.
Porque habría que agregar que Chávez, aparte de anular los resultados de unas elecciones convocadas hace 4 meses para elegir un congreso plural que discutiera y aprobara las leyes que normaran la vida institucional del país, tiene a cientos de venezolanos presos por delitos de conciencia, que da órdenes desde sus cadenas de radio y televisión a jueces y magistrados para que condenen y encarcelen a opositores, que maneja la hacienda pública nacional como si fuera su cuenta corriente personal, y que, recientemente, ascendió a “General en Jefe” a un oficial como premio de haberle declarado a un medio: “Que de perder Chávez las elecciones presidenciales en el 2012, yo, como militar revolucionario, no estoy obligado a entregar el poder”.
La gran pregunta es: ¿Cómo puede ser miembro de una organización continental que se proclama “democrática, defensora de los derechos humanos y campeona de las luchas por establecer el poder civil en la región” un país cuyo presidente está en guerra contra la democracia, viola los derechos humanos de sus ciudadanos, desestabiliza gobiernos democráticos y promueve antidemocráticos y procede desmantelando la independencia de los poderes en Venezuela y estableciendo un régimen militarista, autocrático y neototalitario que no solo no esconde su naturaleza, sino que la proclama y se enorgullece de ella?
Aun más: una Organización que tiene una Carta Democrática de inexcusable cumplimiento para todos sus miembros, que obliga, no solo a practicar sino a promover la democracia y el estado de derecho, a honrarlos no solo en su origen, sino en su gestión, y exponiéndose a sanciones que incluyen la expulsión en caso de que no se acaten y violen sus principios.
Pues la respuesta habría que exigírsela al propio Insulza, y tanto como a él, a los 35 estados miembros de la Organización, que siendo en su mayoría declarada y funcionalmente democráticos, han tolerado a un socio que, no solo viola su carta, sino que repetidas veces ha proclamado sus intenciones de destruirla y fundar una organización paralela.
Pero hay más, mucho más: que la ha manipulado para fines perversos como fue una funambulesca invasión a Honduras, la condena y boicot al legítimo derecho que asistía al gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, para firmar un tratado de ayuda militar con los Estados Unidos para combatir al terrorismo y al narcotráfico, y el de hacerse la vista gorda ante la intromisión del teniente coronel en los asuntos internos de otros países, así como las violaciones a los derechos humanos que perpetra en su propio país.
Tiempos aquellos en que parecía que Chávez no era Chávez, sino una tendencia u ola de líderes, partidos y movimientos que venían a izquierdizar al continente, a humanizarlo. a inundarlo de justicia social, a corregir los desequilibrios en que había fallado la economía liberal hija del Consenso de Washington, y en muchos sentidos, no a pulverizar, sino a refrescar a una democracia algo caduca y encorbatada, empresarial y elitesca y a la que definitivamente le hacía falta burdel, o sea, sudor de pobres.
De modo que, no quedaba más remedio que tolerar si Chávez y los pichones que surgieron prestos a seguirlo, se saltaban sobre los principios de las constituciones y montaban aquelarres que llamaban “constituyentes”, si hablaban de “democracia participativa y protagónica”, inventaban rarezas como esa de que “sus” pueblos los querían como presidentes vitalicios, y si aprobaban leyes para controlar y perseguir a los medios y comunicadores que condenaban sus ilegalidades y violaciones de los derechos humanos.
Todo había que pasarlo, que perdonarlo y aceptarlo (parecía ser la doctrina en boga) si de verdad el llamado nuevo socialismo, o “Socialismo del Siglo XXI”, como lo bautizó Chávez, venía con la intención mejorar la suerte de los más desprotegidos y reducir los altos niveles de desigualdad, pobreza e injusticia social.
El problema es que a 11 años del gobierno de Hugo Chávez, y a 5 o 4 de los de Daniel Ortega, Rafael Correa y Evo Morales, los pobres de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia están más pobres que nunca, sufren, aparte de las desigualdades sociales que ya conocían, las políticas que dejan como sequela los gobiernos autoritarios, represivos y al margen de la ley, y que al tomar la vía de la confrontación y la polarización, destruyen la economía, los servicios públicos y la infraestructura vía la estatización, que es el mejor instrumento para rebañizarlos, anularlos y convertirlos en los súbditos en que devinieron los ciudadanos víctimas de las experiencias socialistas y revolucionarias del siglo XX.
Recetas que ha extremado sobre todo Hugo Chávez, quien ya se ve en el trono de los zares del comunismo ruso, se proclama heredero del dictador cubano Fidel Castro, y es un aliado convicto y confeso de dictadores con vocación de dominación regional y global como Ahmadinejad de Irán y Dimitri Medvedev y Vladimir Putin de Rusia.
Un tiranuelo, en definitiva, al que hay que parar, sobre todo ahora cuando aliados y compinches que le fueron útiles para avanzar en sus atropellos y violaciones a la constitución y los derechos humanos en Venezuela, como Lula Da Silva, y Néstor Kirchner, ya no están, abandonaron, uno la presidencia de Brasil, y otro el mundo de los vivos, y sus sucesoras, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, no parecen propicias a secundarlo, y presidentes como Piñera en Chile, Alan García (o quien le suceda) en Perú, Juan Manuel Santos en Colombia (toma nota de la elección en la presidencia del congreso venezolano de un exguerrillero que inauguró un busto de Marulanda en Caracas), y Barack Obama y la mayoría de los jefes de Estado de la región, parecen, ahora sí, decididos, o a expulsar a Chávez de la OEA o a que respete su Carta Democrática.
¿Lo lograrán? Creo que si, sobre todo en un momento en que el pueblo venezolano le quitó la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias de 26 de septiembre pasado (Chávez: 48 por ciento. Oposición: 52 por ciento), lo cual no es otra cosa que el preludio de la gran derrota que lo espera en las elecciones presidenciales del 2012.
Manuel Malaver
