Las medidas contra empresas, predios rurales, terrenos urbanos, viviendas y otras propiedades certifican la pérdida de libertad económica que coloca a Venezuela en el puesto 175 del índice que elaboró The Heritage Foundation, indicó Felipe Benites, coordinador del Observatorio de Propiedad Privada de Liderazgo y Visión.
El último informe de este observatorio anunció que entre 2005 y lo que va de 2011 contabilizaron 1.734 casos de expropiación, intervención o toma forzosa de empresas, terrenos, viviendas y fincas por el Gobierno.
En 2005 se denunciaron 36 casos y en 2010 567, un incremento de las acciones contra la propiedad de 1.475% en 5 años.
Los 1.734 casos acumulados incluyen 20 estacionamientos tomados en diciembre de 2010 y las recientes expropiaciones de tres edificaciones y dos terrenos en la zona metropolitana.
"Estos casos no son cancelados o no se pagan a tiempo, como establece la garantía expropiatoria, lo cual es una desmejora para el propietario del bien, además no se cumplen los pasos legales", advirtió Benites. Recordó que la ley establece la realización de un avalúo y pago justo, y en el tiempo oportuno al propietario.
Dijo que en la mayoría de los casos, los afectados quedan en el limbo porque no tienen dónde acudir para exigir el respeto a su propiedad. "Hay empresas en pleno funcionamiento que al ser expropiadas, los dueños dejan de administrar el negocio, pero el Gobierno tampoco asume la administración y son los trabajadores y empleados los que quedan en el aire sin que se les garanticen la estabilidad laboral y el pago de sus beneficios, como ocurre en Norpro, en el estado Bolívar", refirió Benites.
Otro caso similar fue el de Sanitarios Maracay, tomado por los trabajadores en 2007 y finalmente expropiado en 2010 por el Gobierno. "Durante todo ese tiempo los trabajadores se mantuvieron con la venta de tapas de sanitarios, sin una producción relevante para la economía".
Benites precisó que en 2010 se acentuaron las acciones contra comercios, empresas y establecimientos. El año pasado el Observatorio de Liderazgo y Visión registró 567 casos.
Destacan las medidas contra los antiguos supermercados CADA y los hipermercados Éxito; la expropiación de Monaca, los centrales azucareros Venezuela y Táchira, Agroisleña y sus empresas filiales, los galpones de Polar y de otras empresas en el estado Lara; 9 hatos de la agropecuaria Agroflora; empresas distribuidoras y mayoristas de combustible y a finales del año acciones contra hoteles y conjuntos residenciales.
El informe del Observatorio detalla que en 2010 hubo 62 casos en el sector inmobiliario, 191 intervenciones o medidas contra empresas y comercios, 28 invasiones y 286 afectaciones de propiedades rurales.
La cantidad de acciones contra empresas se incrementó 81,9% en un año al pasar de 105 en 2009 a 191 al cierre de 2010.
"El tema de los propietarios de inmuebles alquilados es preocupante si consideramos la situación de precariedad en la cual quedan para disponer de sus activos, posteriormente a la decisión del TSJ que prohíbe los desalojos", afirmó Benites.
