Venezuela ocupa el último puesto en materia de derecho de propiedad en 129 países

 "Venezuela se ubica en el último lugar a nivel mundial con un puntaje general de 3,4 sobre 10 puntos, en donde 10 representa el mayor nivel de protección de los derechos de propiedad y el cero significa la inexistencia de estos derechos en cada país", informó Rafael Alfonzo Hernández, presidente de Cedice Libertad. De una lista de 129 naciones, Venezuela ocupa el último peldaño en el ranking de países que protegen los derechos a la propiedad privada. Así lo reveló el estudio sobre el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por la Alianza por los Derechos de Propiedad, del cual forma parte el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). 

Este estudio evalúa tres criterios: entorno Legal, en el cual Venezuela quedó en el puesto 128; derechos de propiedad físicos, en el se ubicó en el lugar 127; y derechos de propiedad intelectual, en el que quedó en el peldaño 129. Estos indicadores decrecieron pronunciadamente, "conformando uno de los peores comportamientos a nivel mundial", según se indica en una nota de prensa de Cedice. 

El presidente del instituto atribuye esta situación al exceso de controles, permanentes ataques a los derechos de propiedad vía expropiaciones y estatizaciones, leyes que limitan la libertad de inversión, y la alta inflación. Indicó que estos factores hacen de la economía venezolana "una de las más reprimidas".

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Exconstituyente venezolano se instaló en vigilia frente a Embajada de Italia por su propiedad

Antonio Di Gianpaolo, ex constituyente y periodista del estado Aragua, acudió a la sede de la embajada de Italia y se instaló en ella en vigilia permanente por la propiedad privada, esto luego que la Alcaldía de La Victoria declarara de utilidad pública e interés social un inmueble ubicado en esa ciudad, que pertenece a su familia, a través de la sucesión Bottini. 

Explicó que se trata del Centro Comercial y Residencial Loretto, donde hay locales comerciales y viviendas arrendados en su totalidad, por lo que no están ni ociosos, ni subutilizados. 

"Ese acto es un irrespeto a la propiedad privada consagrado en la Constitución que yo firmé (cuando fue miembro de la Constituyente). No es sino la expresión del abuso y la arbitrariedad de un gobierno que desconoce la propiedad privada y que a veces lo disfraza pretendiendo que se pueden vulnerar los derechos de las personas". 

Explicó que como el inmueble fue construido antes de 1987 y está regulado por una serie de normas que cumplen a cabalidad. "Se trata en el fondo de una medida administrativa contra nosotros que siempre hemos estado apegados a derecho. En nuestra historia nunca ha habido un desalojo y un proceso judicial contra ningún inquilino". 

Indicó que acudió a la embajada de Italia, en calidad de ciudadano italiano, y en virtud de que el Gobierno venezolano no lo ha escuchado. 

Para él se trata de una expropiación encubierta, ya que la decisión fue tomada en la plaza de La Victoria alegando que un grupo de inquilinos de dicha residencia habría solicitado que lo declararan de utilidad pública. "El hecho que una persona quiera el carro de fulano, entonces se le da lo que desea. La constitución consagra en relación al tema de la propiedad el uso, goce y disposición, y esto se pretende alterar", 

Aclaró que en el mes de enero conversó con los inquilinos, y les indicó que si la mayoría quería que el edificio fuese vendido él lo haría, por lo que antes de que la alcaldía tomara la decisión, él solicitó que fuese escuchada su parte, pero no fue así. 

Señaló que permanecerá en el lugar hasta recibir una respuesta por parte de la delegación diplomática de Italia pero hasta el momento había cumplido con la formalidad de entregar una carta de solicitud de atención a su caso.

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Muci Borjas: Venezuela acumula 18 demandas de inversionistas extranjeros

La paulatina pérdida de garantías para el efectivo ejercicio del derecho de propiedad en Venezuela es, en opinión del abogado José Muci Borjas, el origen de las 18 demandas interpuestas contra el país ante el Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Durante la Jornada sobre el Derecho de Propiedad, realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, Muci Borjas recordó que Venezuela ha suscrito más de 20 tratados bilaterales para la promoción y protección de inversiones, los cuales fundamentan el arbitraje internacional por eventuales perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos entre el Estado y empresas extranjeras.

"En la misma medida en que ha aumentado la inseguridad jurídica en el país, por ejemplo, por efecto de expropiaciones arbitrarias y reformas legales que debilitan el derecho a la propiedad, aumenta la posibilidad de que los inversionistas extranjeros prefieran defender sus intereses en el Ciadi y no en los tribunales venezolanos, de cuya independencia e imparcialidad hay sobradas dudas", razonó el especialista.

Muci Borjas indicó que, precisamente, la mayoría de las demandas contra Venezuela se basan en supuestos daños económicos sufridos por los inversionistas extranjeros debido a la falta de transparencia y reglas claras.

Advirtió que los tratados bilaterales establecen normas de indemnización que pueden resultar muy onerosas para el país, pues los cálculos se hacen a precios de mercado y se permite la repatriación de bienes.

El Estado venezolano no podría invocar las normas de la legislación nacional, afirmó el experto. Tal fue el caso de la demanda interpuesta por Autopista Concesionada de Venezuela, C. A., (contratada para obras y servicios en la autopista Caracas-La Guaira) que denunció la violación de las garantías establecidas en el contrato para obtener financiamiento externo. El Estado alegó que había asumido una obligación contraria al ordenamiento jurídico venezolano. Pero, en definitiva, el Ciadi falló a favor del inversionista extranjero, al reivindicar el compromiso de ambas partes de actuar de buena fe.

La soberanía nacional tampoco sería un argumento válido. "El Gobierno sabe que puede ser enjuiciado fuera de Venezuela, con rigurosas reglas que no podría acomodar a sus intereses", concluyó José Muci Borjas.

El Nacional

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Las islas privadas más exclusivas del mundo

Tener un trozo de tierra rodeado por mar típicamente es la marca de quien es en verdad rico; quizás no es tanto por la posesión en sí, sino por la excentricidad que la idea conlleva. Famosos como la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y el genio tecnológico Sergey Brin han pasado vacaciones en estas ‘islas del encanto’, donde el lujo y las comodidades pueden llegar a costar más de 60.000 dólares al día.

A continuación las islas más exclusivas del mundo:

10. Musha Cay (34.008 dólares por día)

 En 2006 fue adquirida por David Copperfield, quien la rebautizó como ‘Bahía Copperfield’. Se trata de un complejo turístico de lujo ubicado en las Bahamas (en el Océano Atlántico) con más de 700 hectáreas para recorrer y 40 playas privadas. Algunos de sus clientes más selectos son la empresaria Oprah Winfrey, el actor John Travolta y Sergey Brin, cofundador de Google, quien se casó allí en el 2007.

9. Nygard Cay (42.170 dólares)

Situada también en las Bahamas, ofrece como atractivo unas joyas arquitectónicas que se han construido en esta isla, entra las que se destacan ‘La casa del árbol’, con estilo Maya, además de sus toboganes de agua, piscinas, canchas de tenis y un yate de 30 metros de largo en medio de un bosque tropical.

8. Isla Piedade (44.891 dólares)

Además de ser alquilada por empresarios, este trozo de tierra en el océano entre las costas de Rio de Janeiro, Brasil, y la línea costera a la altura de Sao Paulo, es conocido por ser frecuentado por revistas para hacer diferentes sesiones de fotos exóticas. Incluso, algunos la consideran la isal más bella del hemisferio sur.

7. Tetiaroa (48.972, dólares)

Esta isla fue adquirida en 1965 por el fallecido actor estadounidense Marlon Brando. Tras la muerte del actor, Tetiaroa pasó a ser patrimonio de su hijo Tehiotu Brando. Ahora, el hijo de Brando tiene planeado construir un gran complejo hotelero en la isla. Esta hace parte del grupo de las islas del Viento del Archipiélago de la Sociedad, en la Polinesia Francesa.

6. Isla Necker (63.936 dólares)

Situada en Hawai, es famosa porque se han encontrado numerosos restos arqueológicos, que destacan 33 plataformas ceremoniales y figuras de piedra de un estilo relacionado con las islas Marquesas. Los antropólogos especulan que estas imágenes pueden ser una muestra de la cultura hawaiana original, poco después de la llegada migratoria polinesia desde Tahití en los siglos XII o XIII.

5. Castillo del Cantante en Dark Island (81.620 dólares)

También conocida como una de las mil islas, sobre el río San Lorenzo (Canadá), se encuentra una construcción conocida como Singer Castle, que data de comienzos del siglo XX. A diferencia de otros castillos –que por lo general han sido levantados para cumplir la función de fortaleza–, éste se construyó para servir como un edificio de retiro familiar del multimillonario estadounidense Frederick Bourne.

4. Ciftlik Island (Costo de la isla: 25,8 millones de dólares)

Se encuentra en el Mar Egeo, y su mayor atractivo es una casa con forma de castillo. La elevación más alta de esta isla turca es de solamente 70 metros por encima del nivel del mar. La vista desde uno de sus costados es la isla de Rodas. Gran parte de la isla pertenece al gobierno griego, que la mantiene como recurso ecológico.

3. Isla Cerralvo (Costo de la isla: 27,2 millones de dólares)

Situada en el Golfo de California, tiene un área de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. En este sitio se pueden observar interesantes especies animales, como los lobos marinos y numerosas especies de aves.

2. Cabbage Cay (Costo de la isla: 30,6 millones de dólares)

Quien adquiera esta isla a 200 kilómetros de la Florida, EE. UU., sabe que es una isla totalmente virgen, pues nadie ha tocado nada en su superficie, por lo que podrá edificar a sus anchas donde quiera y como quiera. La isla cuenta con tres playas con exuberante vegetación y un área de anclaje protegida.

1. Isla de Sa ferradura (Costo de la isla: 44,8 millones de dólares)

Situada a pocos kilómetros de la isla de Ibiza, en el Mar Mediterráneo, esta isla fue vendida por esa cantidad en el año 2007, con la curiosidad de que su primer dueño la adquirió hace aproximadamente 100 años por el monto de 500 pesetas, más o menos 7.586 pesos colombianos de hoy. Lo más destacable en cuanto a lujo es su inmensa casa, que dispone de 14 salones, siete habitaciones y ocho baños. Cada suite tiene un jardín propio y alrededor de la casa hay varias terrazas y pequeñas playas privadas.

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Frente Nacional por la Propiedad estudia introducir la nulidad de la Ley de Emergencia ante el TSJ

El Frente Nacional por la Propiedad estudia la posibilidad de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda. 

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) y vocero del recién creado frente, dijo que la inconstitucionalidad del instrumento jurídico motiva una actuación jurídica. 

"Es totalmente inconstitucional (...) ... ahí se podría introducir un recurso de nulidad contra esa ley y habría también que ratificar que está hecha con base a una Habilitante que también es inconstitucional", manifestó Orta en la asamblea constitutiva del Frente Nacional por la Propiedad. 

Según explicó, el texto legal promulgado por el Presidente de la República viola uno de los atributos consagrados en la Constitución para la propiedad privada, que es el de la disposición. "Ningún beneficiario de alguna vivienda del Estado va a poder disponer de su propiedad y va a tener que pagarla, pero no la va a disponer. Esa propiedad familiar que se plantea es una propiedad totalmente precaria en la cual no hay disposición, sino solamente el uso". 

El pasado martes Ricardo Molina, ministro de Vivienda, señaló que el texto legal contempla la "propiedad privada, la propiedad privada familiar", ya que el Gobierno nacional rechaza la "propiedad privada explotadora". 

Para Orta, bajo ese esquema "no hay propiedad como tal" porque sólo se incluye la posibilidad de uso, pero no la disponibilidad del bien. 

Felipe Benites, representante del Observatorio Venezolano de la Propiedad Privada, coincidió con Orta y sostuvo que la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda sólo confiere la propiedad al Estado. "Con estos conceptos se está tratando de ocultar que la verdadera propiedad sigue siendo estatal porque el Estado se queda para él el atributo de la disposición, que es el atributo más importante de la propiedad. El dueño termina siendo el Estado". 

Meta cuesta arriba 

A juicio del presidente de Apiur, la meta oficial de edificar 350 mil viviendas entre 2011 y 2012 será complicada de materializar con el nuevo marco jurídico y con los ataques a la propiedad privada. 

"Lo veo prácticamente imposible, no están dándole cabida al sector privado, hay escasez de materiales, no hay terrenos urbanizados". 

En este sentido precisó que la ley que regirá el tema de la vivienda sólo fomenta la construcción de soluciones habitacionales a través de empresas mixtas o comunales. 

"Esta ley de emergencia de vivienda promueve la construcción de viviendas a través de empresas mixtas, pero no le da cabida al sector privado de la construcción. Se está planteando una sustitución y así no se va a solventar". 

Igualmente, Orta cuestionó el manejo del Gobierno nacional con el texto legal que regulará los arrendamientos y alquileres. "Supuestamente hay una consulta popular, pero ninguna consulta puede obviar a los propietarios de las viviendas y una ley inquilinaria tiene que ser discutida con los inquilinos". 

El directivo exhortó a las autoridades a retomar el proyecto de ley que se discutió entre 2007 y 2009 y que contó con la participación de diversos actores relacionados con el tema del alquiler de viviendas y el negocio inmobiliario. 

rdeniz@eluniversal.com

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La propiedad sí tiene quien le escriba: Frente Nacional por la Propiedad

Bajo el lema de "Un pueblo propietario", 29 organizaciones constituyeron ayer el Frente Nacional por la Propiedad con el objetivo de defender el patrimonio individual y rechazar el modelo social o comunal que promueve el Gobierno. 

La ocasión sirvió para que aproximadamente 160 personas reunidas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas expresaran su descontento por la ola de expropiaciones e invasiones que se han sucedido en los últimos meses en el país, alentada por las leyes y decretos que ha dictado el Ejecutivo dentro del marco de la emergencia causada por las lluvias de finales del año pasado. Asistieron asociaciones de transporte y de comercio informal, cooperativas, arrendadores de pensiones y propietarios de estacionamientos y edificios de Catia, Candelaria, Parque Central y Petare y del estado Vargas. 

"Estamos viendo una promesa de propiedad que transformará a la gente en pisatario porque no se podrá heredar y la familia no podrá disponer de los bienes", advirtió Roberto Orta, directivo de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), organización que coordinó la actividad. 

Se refería el abogado a la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Viviendas, sancionada por el presidente Hugo Chávez por vía de la Ley Habilitante, y a los recientes decretos de expropiación forzosa de terrenos urbanos. Se le suma a ese ámbito legal el llamado de Chávez a tomar galpones y terrenos vacíos. 

El frente recién creado considera que esos instrumentos emitidos por el Gobierno relativos a la propiedad urbana son violatorios de los artículos 299, 115 y 116 de la Constitución. También contradicen la Resolución 217 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Orta recordó que sólo en Caracas 156 edificios permanecen invadidos, así como 800 casas, terrenos y galpones. Dijo que todavía no han sido indemnizados los propietarios de los 188 edificios que expropió en 2006 el entonces alcalde Juan Barreto. Los apartamentos tampoco han sido adjudicados a los inquilinos. En todo el país, entre 1999 y 2009, 22.000 inmuebles han sido invadidos. 

Expuso que la propiedad privada urbana está siendo amenazada por lo que llamó "las 9 plagas": la suspensión de juicios por desalojos y la congelación de alquileres; los censos a viviendas vacacionales; las tomas e invasiones de hoteles, pensiones y casas de vecindad; las expropiaciones y tomas de terrenos, galpones y estacionamientos; las expropiaciones a 280 viviendas construidas en Caracas, sin pago; las expropiaciones a viviendas en construcción; la Ley de Tenencia de la Tierra en Barrios; la regulación de los precios de la viviendas usadas, que está en estudio; así como la indiferencia de los cuerpos policiales ante las expropiaciones. Llamó a los afectados a no abandonar sus propiedades si son invadidas, a protestar y seguir los procedimientos legales. 

"Nadie va a entregar su vaina. Si no hay un consenso en la sociedad sobre este tema, la situación se convertirá en un polvorín", dijo Felipe Benitez, sociólogo del Observatorio de Derechos de Propiedad, quien destacó que siempre ha habido invasiones en el país. La diferencia, señala, es que desde 1999 se han incrementado. El fenómeno comenzó en el campo a partir de 2002, siguió contra las empresas en 2006 y ahora el método se está aplicando en la ciudad. "Hoy le estamos viendo el colmillo a este proceso, al lado de nuestras casas". 

Alertó sobre el peligro que implica la libre interpretación de las palabras del presidente Chávez. "Algunos creen que sus palabras son sagradas. Pero no lo son". La afirmación arrancó aplausos de la asistencia. 

"Nos estamos jugando la paz y la estabilidad del país y de nuestros hijos". Instó a los afectados a movilizarse dentro del marco de la ley y exigió al Gobierno dialogar con las asociaciones allí reunidas. "Si el Movimiento de Pobladores de Venezuela tienen injerencia en la redacción de las leyes, nosotros también la queremos", indicó. 

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Crean Frente contra invasores de la propiedad privada en Margarita

El director de Protección Civil y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Nueva Esparta, Wolfgang Díaz, exhortó a las demás autoridades de la región a resguardar la propiedad privada en la entidad y defenderla en el marco de la Constitución, con diálogo y conciliación. 

Durante una reunión con el presidente de Inepol, Benito Dumont; comisarios de bases policiales; prefectos del estado y coordinadores municipales de los núcleos de guardianes de seguridad comunal, se acordó coordinar acciones para evitar las invasiones de terrenos y estructuras físicas de Margarita y Coche, por parte de personas venidas de otras tierras, quienes buscan a la fuerza apoderarse de estos. 

Díaz, a través de un comunicado de prensa, explicó que se busca que sean las mismas comunidades las que se organicen y den esa primera voz de alerta. 

En la reunión se habló del trabajo de los Guardianes de Seguridad Comunal y mejorar el enlace con cada uno de los cuerpos policiales. Adelantó que de 3.512 guardianes este año, la meta es aumentarlos a 4 mil para fortalecer la prevención que cumplen desde hace 4 años.

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Cedice exige respeto a la libertad Económica y al derecho de propiedad

Cedice Libertad invitó al Gobierno nacional a expresar su voluntad de garantizar los derechos de propiedad y promover la iniciativa privada, sin más limitaciones a la previstas en la Constitución. 

El presidente del gremio, Rafael Alfonzo, atendiendo el llamado al diálogo que hizo el primer mandatario Hugo Chávez durante la presentación de su Memoria y Cuenta, abogó por el pleno restablecimiento del Estado de Derecho en materia de propiedad y libertades económicas. 

Considera que el análisis y los debates deben incluir las condiciones que propician la inversión y fomentan la responsabilidad social de los empresarios. "El país requiere un proyecto nacional que unifique a los venezolanos en torno a objetivos comunes que conduzcan a la prosperidad con equidad social", dijo. 

En un documento en el que se destacan una serie de aspectos que deberían ser tratados en la agenda para atacar los problemas que aquejan a la inmensa mayoría de los venezolanos, Alfonzo expresó que las expropiaciones, confiscaciones, apropiaciones indebidas, tomas de fincas y tierras productivas, invasiones de inmuebles, estatizaciones y nacionalizaciones forzosas, han convertido a Venezuela en una de las naciones con menos libertad económica del mundo. 

Destaca que el paquete de leyes aprobadas en diciembre de 2010, entre ellas: la Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y la Ley Orgánica de Contraloría Social, violan de manera flagrante los principios constitucionales. 

"En todas esas leyes orgánicas se insiste en implantar el "modelo socialista", totalmente ajeno al régimen económico y social esbozado en la Carta Magna, al tiempo que la propiedad privada, en los términos consagrados en esa Carta, queda amputada siendo sustituida en la práctica por nociones tan difusas como propiedad comunal, propiedad colectiva, propiedad social o propiedad pública. La "disposición de los bienes", atributo esencial de la propiedad privada, fue abolida", enfatizó.

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Orden presidencial de ocupar galpones atenta contra el derecho de propiedad

¡A buscar galpones, compadre!" Esa es la más reciente orden que Hugo Chávez dio a la población. El propósito: utilizar esos espacios para levantar viviendas. 

"Invito a todo el pueblo: vamos a buscar galpones, pues. Busca tu galpón y dime dónde está el galpón, cada quien que busque su galpón. ¡A buscar galpones, compadre! Hay mil, dos mil galpones abandonados en Caracas, vamos por ello que Chávez los expropiará y los pondrá a la orden del pueblo para construir viviendas dignas", dijo el Jefe de Estado el pasado jueves en un acto desde el terreno que el Gobierno expropió al Centro de Atención Nutricional Infantil (Cania) de Empresas Polar en Antímano. 

Carlos Larrazábal, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), aseguró que el llamado que hizo el Presidente de la República en el oeste de la capital choca con la pretensión de reactivar la economía en 2011 y puede incidir negativamente en la actividad manufacturera de todo el territorio. 

"Ese no es un mensaje para Antímano, va para toda Venezuela. Se está propiciando la anarquía y un deterioro del clima de inversión". 

El propio mandatario reiteró ayer el mensaje y agregó que "unos galpones que sean depósito de cerveza o cachivache o chivera hay que intervenirlos para construir vivienda para el pueblo". 

Según Larrazábal, la propuesta de Chávez es "populista" y sólo atemoriza a la inversión privada, necesaria para la reactivación del aparato productivo. "Se necesitan políticas públicas que aumenten la producción, la inversión privada pero esos comentarios van en la vía contraria". 

El presidente de Conindustria recordó que la actividad industrial tiene siete trimestres consecutivos de contracción y que las medidas económicas del Ejecutivo han tendido un "cerco" sobre las empresas que se resume en: dificultades para obtener divisas, conflictos laborales, retrasos en los permisos de importación y el temor a las expropiaciones. 

De acuerdo a la encuesta de coyuntura de Conindustria del tercer trimestre de 2010 la capacidad utilizada de las industrias apenas llegaba a 51,81%, siendo el nivel más bajo desde 2003, cuando la economía aún sentía los efectos del paro petrolero. 

"Lejos de tomarlos, ¿por qué no evalúan las razones por las cuales esos galpones están vacíos?", se interrogó un industrial del estado Carabobo, que prefirió reservar su identidad. 

El industrial coincidió con Larrazábal y aseveró que una eventual "toma" de espacios industriales "es un ingrediente más que desmotiva a invertir. Bajo una situación como esa difícilmente el aparato productivo se recuperará". 

Otra vez en la mira 

El exhorto de Chávez a la población para que ocupe los galpones abandonados no es el primer anuncio que hace el mandatario en ese sentido. 

El año pasado el Presidente de la República ordenó intervenir la zona industrial 1 de Barquisimeto en el estado Lara, la zona industrial del municipio San Francisco en el estado Zulia, la zona industrial de La Victoria en el estado Aragua y la de Guarenas en el estado Miranda. 

En algunos de esos casos, especialmente en el de la zona industrial 1 de Barquisimeto, el argumento esgrimido para justificar la decisión también fue la construcción de viviendas. 

Sin embargo, el Presidente de la República también propuso intervenir esas áreas industriales para crear polos productivos "socialistas". 

"Hay que hacer una inspección completa. Vi muchos galpones abandonados y muchos terrenos que están llenos de monte y culebra. Quiero que se convierta en una verdadera zona industrial del socialismo", dijo Chávez tras una inspección que realizó en marzo de 2010 en el municipio San Francisco. 

 rdeniz@eluniversal.com

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Documentadas 1.734 violaciones a la propiedad privada desde 2005

Las medidas contra empresas, predios rurales, terrenos urbanos, viviendas y otras propiedades certifican la pérdida de libertad económica que coloca a Venezuela en el puesto 175 del índice que elaboró The Heritage Foundation, indicó Felipe Benites, coordinador del Observatorio de Propiedad Privada de Liderazgo y Visión. 

El último informe de este observatorio anunció que entre 2005 y lo que va de 2011 contabilizaron 1.734 casos de expropiación, intervención o toma forzosa de empresas, terrenos, viviendas y fincas por el Gobierno. 

En 2005 se denunciaron 36 casos y en 2010 567, un incremento de las acciones contra la propiedad de 1.475% en 5 años. 

Los 1.734 casos acumulados incluyen 20 estacionamientos tomados en diciembre de 2010 y las recientes expropiaciones de tres edificaciones y dos terrenos en la zona metropolitana. 

"Estos casos no son cancelados o no se pagan a tiempo, como establece la garantía expropiatoria, lo cual es una desmejora para el propietario del bien, además no se cumplen los pasos legales", advirtió Benites. Recordó que la ley establece la realización de un avalúo y pago justo, y en el tiempo oportuno al propietario. 

Dijo que en la mayoría de los casos, los afectados quedan en el limbo porque no tienen dónde acudir para exigir el respeto a su propiedad. "Hay empresas en pleno funcionamiento que al ser expropiadas, los dueños dejan de administrar el negocio, pero el Gobierno tampoco asume la administración y son los trabajadores y empleados los que quedan en el aire sin que se les garanticen la estabilidad laboral y el pago de sus beneficios, como ocurre en Norpro, en el estado Bolívar", refirió Benites. 

Otro caso similar fue el de Sanitarios Maracay, tomado por los trabajadores en 2007 y finalmente expropiado en 2010 por el Gobierno. "Durante todo ese tiempo los trabajadores se mantuvieron con la venta de tapas de sanitarios, sin una producción relevante para la economía". 

Benites precisó que en 2010 se acentuaron las acciones contra comercios, empresas y establecimientos. El año pasado el Observatorio de Liderazgo y Visión registró 567 casos. 

Destacan las medidas contra los antiguos supermercados CADA y los hipermercados Éxito; la expropiación de Monaca, los centrales azucareros Venezuela y Táchira, Agroisleña y sus empresas filiales, los galpones de Polar y de otras empresas en el estado Lara; 9 hatos de la agropecuaria Agroflora; empresas distribuidoras y mayoristas de combustible y a finales del año acciones contra hoteles y conjuntos residenciales. 

El informe del Observatorio detalla que en 2010 hubo 62 casos en el sector inmobiliario, 191 intervenciones o medidas contra empresas y comercios, 28 invasiones y 286 afectaciones de propiedades rurales. 

La cantidad de acciones contra empresas se incrementó 81,9% en un año al pasar de 105 en 2009 a 191 al cierre de 2010. 

"El tema de los propietarios de inmuebles alquilados es preocupante si consideramos la situación de precariedad en la cual quedan para disponer de sus activos, posteriormente a la decisión del TSJ que prohíbe los desalojos", afirmó Benites.

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