Unas 2.400 denuncias por estafa inmobiliaria manejan; actualmente; entre el Ministerio Público y el Indepabis en el estado Zulia.
“Se han redireccionado, desde Indepabis, 1.400 denuncias a la Fiscalía por presunción de estafa inmobiliaria. Las otras las está manejando el Indepabis en donde se puede llegar a una conciliación reparatoria a través de acciones administrativas. Las causas manejadas por el MP son las relacionadas con los conjuntos residenciales Ciudad Alba y Eleazar López Conteras, en Maracaibo”, detalló la fuente.
Para atender los casos, la fiscal superior del Zulia, Damelis Brazón de Duque, anunció la designación de un grupo de fiscales para dar respuesta a las causas denunciadas por los afectados.
“Por instrucciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se designaron a los fiscales Eglee Puentes, de la fiscalía séptima en la Costa Oriental del Lago; el fiscal 46 Liduvis González para San Francisco y para Maracaibo la fiscal quinta, Nancy Zambrano; el noveno, José Luis Rincón y el décimo cuarto; Ovidio Abreu”.
Según declaraciones emitidas por la fiscal superior —durante un conversatorio con afectados por estafa inmobiliaria, realizado ayer en el auditorio de la Base Aérea Rafael Urdaneta—; el grupo de abogados será apoyado por una comisión que vendrá para brindar una resolución a los casos en el menor tiempo posible.
Brazón aseguró: ”Ya se han dictado órdenes de aprehensión; prohibiciones de salidas del país y otras medidas penales, entre ellas algunos allanamientos realizados el pasado sábado en la ciudad”.
En el encuentro diversos grupos de afectados expusieron sus casos, aunque la idea del Ministerio Público era sólo informar y ponerse a la disposición de las víctimas.
“Nosotros tenemos doble problema, pues en espera de la solución de nuestro caso, cobro ilegal del IPC, ahora el conjunto residencial está invadido”, denunció Jesiré Ramírez, propietaria de un inmueble en el conjunto residencial Los Naranjos, en la urbanización La Rotaria.
Los ánimos terminaron caldeados pues luego de la intervención de la fiscal superior y de algunos de los fiscales designados los afectados consideraron que “la reunión no aportó mayor solución”. “Ya algunos de esos fiscales son los que llevan nuestros casos y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Esta reunión fue para hacernos la invitación a denunciar y ya eso lo hicimos. Ahora queremos acciones”, sostuvo Martha Cujía, del conjunto residencial Villa Dorada, en Pomona.
Ante la preocupación y las exigencias de las víctimas la fiscal superior pidió: “No se dejen presionar por los empresarios inmobiliarios. Es importante que sepan que ustedes no están desamparados y que los fiscales que llevan sus casos están representando los intereses de las víctimas”.
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