El totalitarismo democrático: Hayek, Mises y el color de mi coche

03/09/2010 - Domingo Soriano

A pesar de que soy aficionado a los toros (tengo un abono en Las Ventas desde hace más de una década) he seguido con bastante despreocupación la aprobación en Cataluña de una Ley que prohibirá los espectáculos taurinos a partir del 1 de enero de 2012. No creo que sea algo especialmente grave ni para la fiesta ni para los catalanes, que ya hace tiempo dejaron de acudir a las plazas de sus pueblos y ciudades. La supresión de la docena de corridas que se dan cada año en Barcelona no dañará a los toros ni la mitad de lo que lo hacen los neotaurinos, que han encumbrado al medio-toro y al cuarto-y-mitad-torero en las últimas décadas y le han quitado al espectáculo gran parte de su atractivo. Además, muchas otras libertades mucho más importantes que ésta se han cercenado en Cataluña y en el resto de España sin que haya habido tanto revuelo.

Entre los que defendían los toros se han dado fundamentalmente dos tipos de argumentos: los culturales (estética, tradición, relevancia económica, turismo,…) y los anti-prohibicionistas (que el que quiera vaya a las corridas y el que no quiera no vaya). Sin embargo a ninguno he oído proclamar lo evidente: que el Parlamento de Cataluña no tiene derecho a decidir si debe haber o no espectáculos taurinos. El problema no es que el resultado de la votación sea “no a los toros”: el problema es que se haya votado.

Pensando en todo esto recordaba una cita de Mises en Gobierno omnipotente en la que afirmaba con su habitual precisión que “las mayorías no están menos expuestas al error y al fracaso que los reyes y los dictadores; el que la mayoría crea que una cosa es verdad no prueba que lo sea”. Quién vivió tan de cerca el nazismo sabía de lo que hablaba cuando pedía limitar a los gobiernos elegidos en las urnas.

En el último siglo, estamos viviendo una deriva hacia lo que podría denominarse como totalitarismo democrático. Se ha llegado a la conclusión de que una decisión tomada por una mayoría (o por sus representantes) es legítima per se, sin que nada ni nadie pueda oponerse a ella. Así, la democracia, que nació como un medio de protección de las minorías, para que cualquiera pudiera ejercer su libertad de opinión, religión o movimiento, se convierte en una apisonadora que se lleva tras de sí los derechos de aquellos a los que debería defender.

A mis amigos más intervencionistas a veces les intento convencer con algunos ejemplos. “Supongamos que yo viviera en un pueblo con otras cien personas. Un día, todos mis vecinos se reúnen y votan por 99 votos a favor y 2 en contra que mi coche debe ser rojo en vez de azul, puesto que rojo es el color de la bandera de la localidad; que mi primer hijo debe llamarse Sebastián, como el patrón, ya que no hay muchas parejas jóvenes en el pueblo y hay que perpetuar los nombres tradicionales; que no me puedo abonar a Digital +, porque el bar ya tiene una licencia y si quiero ver el fútbol mejor que lo haga allí tomándome unas cañas, que eso será bueno para la economía del pueblo; o que debo comprar tomates de la comarca, que son más sanos y, además, así les doy publicidad”. Pues bien, les recuerdo a mis conocidos, “a pesar de que la votación ha sido abrumadora -99 a 2-, nadie tendría derecho a inmiscuirse en ninguna de estas decisiones”.

Mis amigos me suelen mirar con condescendencia, como pensando que qué cosas se me ocurren, que nunca llegaremos a algo así y que, aunque la intromisión del Estado en nuestras vidas a veces puede ser molesta, hay límites que ningún Gobierno se atrevería a pasar. Entonces soy yo el que les miro, asombrado de su candidez.

En estos momentos, en España, están vigentes (o tramitándose) normas muy similares en su fondo y en su forma a los ejemplos arriba citados. Puede que nadie se meta en el color de mi coche, pero si quiero construirme una casa en mi pueblo tendré que ajustarme a los peculiares criterios estéticos del arquitecto municipal y de la ordenanza de urbanismo. Puede que nadie me obligue a llamar a mi hijo Sebastián, pero no me dejan rotular mi comercio, pagado con mi esfuerzo y mi trabajo, como a mí me dé la gana (en chino, alemán o castellano). Puede que no me obliguen a ver el partido en el bar, pero si quiero comprar unas cervezas en un súper después de las diez de la noche no podré hacerlo. Puede que no me fuercen a llevarme los tomates de la comarca, pero me obligan a subvencionar los de todos los agricultores europeos.

Y la lista no acaba aquí: no puedo decidir si en mi bar se fuma o no, ni si quiero publicar artículos de prostitución en el periódico, ni si quiero llevar un pañuelo musulmán en la cabeza, ni si quiero que mis hijos coman bollos en el colegio, ni si quiero conducir sin cinturón de seguridad… La lista sería interminable. Cada caso es diferente y merecería un comentario aparte, pero todos se caracterizan por lo mismo: un tipo cree que por haber recibidos más votos que otro puede decidir lo que quiera sobre mi vida durante cuatro años.

Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, ya advirtió hace más de 150 años, del peligro del gobierno de las mayorías. Lo que no se atreverían a hacer algunos tiranos por miedo a la reacción popular, lo hacen gobiernos democráticos que, revestidos por la legitimidad de los votos, saben que no tendrán esa contestación. Quizás fue Friedrich Hayek, en Camino de servidumbre, el que mejor lo expresó: “Dando al Estado poderes ilimitados, la norma más arbitraria puede legalizarse y una democracia puede establecer el más completo despotismo imaginable”.

No creo que a los tres maestros aquí citados les gustaran mucho los toros. Pero, desde este modesto tendido liberal, pido voluntarios para sacarlos a hombros, por la Puerta Grande.