El Gobierno de Hugo Chávez suma ya muchas muestras de la desvalorización que tiene por la vida, a pesar de que se jacta de ser un gobierno humanista.
Una de ellas es el haber galardonado al 4 de febrero como fecha patria en honor al fracasado golpe de Estado que protagonizó el comandante Hugo Chávez en 1992 y que cobró, según fuentes extra oficiales, unas 50 vidas.
Otra es la permisividad mostrada por el Ejecutivo y otros poderes del Estado ante la masacre de manifestantes pacíficos que el 11 de abril de 2002 cometió un grupo de afectos violentos de la revolución armada.
A estos hechos se le suman las cuestionadas actuaciones de cuerpos policiales de los últimos años que han cobrado vidas de cientos de inocentes. Algunas de las trágicamente más emblemáticas son:
1) El llamado Caso Kennedy, donde tres jóvenes estudiantes de la Universidad Santa María fueron acribillados por funcionarios del CICPC (hoy SEBIN) que habían instalado una alcabala móvil persiguiendo a unos delincuentes.
2) Los llamados grupos de exterminio que supuestamente han conformado grupos policiales regionales.
Por estos y otros antecedentes, es que las declaraciones del general (GN) Antonio Benavides, Comandante del Core 5, han causado tanto estupor y preocupación en amplios sectores de la población.
Según el general Benavides, los delincuentes caídos, no deberían contabilizarse en las estadísticas de los homicidios en Venezuela, ya que el destino de éstos "es la cárcel o estar bajo tierra". Pareciera que el general Benavides le está dando carta blanca a los cuerpos de seguridad del Estado para que disparen primero y averigüen después.
A pesar de que una parte de la población pueda ver esto como una respuesta certera del Gobierno para enfrentar la ingente ola delictiva que azota a los venezolanos, la mayoría lo rechaza porque entiende que esta práctica puede escapársele de las manos al Gobierno y terminar siendo instrumento de una vendetta política para exterminar al adversario.
Esto sin contar que la Constitución de Venezuela prohíbe explícitamente la pena de muerte, y establece que todo ciudadano es inocente hasta que se compruebe lo contrario, además de que ordena el derecho a un juicio justo e imparcial. Es decir, que nadie puede ser calificado de delincuente ni castigado por ello, si no media por delante un juicio y una sentencia de un tribunal de la República.
Dicho esto, llama la atención no ya que el ministro del Interior, Tareck el Aissami, haya avalado las declaraciones del general Benavides, o que la Defensora del Pueblo guarde silencio sobre esas declaraciones, sino que el propio presidente Hugo Chávez le haya ofrecido su respaldo.
Las declaraciones del general Benavides, y las solidaridades automáticas de estos funcionarios hacen que el pronunciamiento de las más de 100 ONGs defensoras de los derechos humanos de este miércoles cobre mayor vigor y fuerza.
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