Las recientes expropiaciones anunciadas por el Presidente apuntan según sus palabras a fortalecer la soberanía nacional aunque hasta el presente sea difícil hacer una evaluación equilibrada de los resultados de estas políticas de incorporación al Estado de activos que previamente eran de propiedad privada.
Y si hacemos caso de sus signos exteriores, hasta el presente todo apunta a un incremento de la nómina estatal sin que la producción de estas empresas haya aumentado desde su estatización. Se requiere poner esto en contexto.
Existen diversas razones por las que un Estado puede proceder a la nacionalización de activos privados y, de hecho, nuestra Constitución prevé los causales de interés público por los que puede actuar en esa dirección.
La diferencia entre las diversas motivaciones que existen y han existido en diversos países del primer y resto del mundo proceden todas de lo que sus gobiernos (y asambleas legislativas) creen beneficioso para las mayorías.
Por otra parte, estas estatizaciones pueden ser totales o parciales, y permanentes o temporales. Por ejemplo, durante la reciente crisis financiera el gobierno norteamericano tomó la mayoría accionaria de una serie de instituciones financieras para salvaguardar lo que consideraba el interés público, en este caso la estabilidad del sistema financiero y con ella su capacidad de seguir financiando a la economía y, por supuesto, la protección de los ahorristas.
Estas estatizaciones se han ido desmontando mediante la devolución al Estado de su inversión en estas operaciones por parte de las empresas afectadas.
La mayoría de los procesos de nacionalización que ocurren en el mundo son también temporales y orientados a restaurar la capacidad de empresas o sectores empresariales de prestar servicios o fabricar productos considerados esenciales.
Sin embargo, para algunos pocos gobiernos, las nacionalizaciones y estatizaciones son procesos orientados a disminuir la importancia proporcional del sistema capitalista que es considerado como nocivo para el bien común.
Las mas de 760 expropiaciones llevadas a cabo en estos años por el gobierno venezolano son de este último tipo. Son hasta ahora un proceso del tipo "suma cero" pues el sector socialista crece a expensas del privado, pero no crea nuevas empresas sino mayor control social y económico: el bien común queda todavía por verse.
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