Todas esas instituciones formarán parte del léxico y la vida de los venezolanos en los próximos días. Antes de despedirse el 15 de diciembre, la Asamblea Nacional dejará sentadas las bases del "Estado comunal", lo que obligará a una redefinición de la relación de los ciudadanos con el gobierno.
Enmarcados dentro del primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007-2012, la mayoría chavista sancionará en estas semanas los proyectos de Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social y Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económica Comunal.
"El actual momento histórico que vive la República está determinado por un nuevo proceso constituyente (...) de ahí el impulso del Estado comunal", se lee en la "Cartilla política legislativa" elaborada por la Dirección de Análisis Político de la AN para justificar la aprobación de estas herramientas.
En ese documento apuntan que "la institucionalización de la participación ciudadana representa una oportunidad para lograr un cambio significativo en la relación Estado-Sociedad, Gobierno-Ciudadano".
La exposición de motivos de la propuesta de Ley de Planificación Pública y Popular deja claro que "la estructura del Estado sobre la cual se edificó la democracia representativa resulta insuficiente para el desarrollo de una democracia participativa y protagónica".
La muerte del Estado "capitalista" abrirá paso al Estado "comunal", definido así por la AN: "forma de organización político social en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y las venezolanas en la sociedad socialista".
¿Caben todos?
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Ulises Daal (PSUV-Falcón), aclara que no están levantando un Estado "paralelo".
"La Constitución establece que los fines del Estado se logran con la corresponsabilidad entre las instituciones públicas y la comunidad", argumenta Daal, tras recordar que "el Estado no es un fin en sí mismo".
El legislador chavista sostiene que gobernaciones y alcaldías, expresiones del "poder constituido", tendrán su espacio en el nuevo modelo. "La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular contempla el sistema de planificación pública, integrado por: Consejo Federal de Gobierno, consejos estadales de planificación, consejos locales de planificación, consejos de planificación comunal y consejos comunales. Eso permite una correcta coordinación entre la institucionalidad pública y las instancias del poder popular", acotó Daal.
Sin embargo, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, tiene otra opinión. "Aquí se está creando un Estado paralelo que irá asfixiando al Estado constitucional, federal y descentralizado", advierte Blyde.
El gobernante municipal destaca el carácter excluyente de este modelo. "Las comunidades organizadas solo serán beneficiadas si se ajustan al plan socialista. De lo contrario, no le serán aprobados los recursos".
Blyde señala que la principal víctima de todo esto será el ciudadano. "El Estado central es absolutamente inoperante e ineficiente en la resolución de los problemas diarios de las comunidades", acota.
Ahorcados financieramente, los gobernadores y alcaldes no podrán avanzar con sus planes sociales ni seguir brindando los servicios que hoy prestan a los ciudadanos. "El Estado central usará esos recursos para apalancar su proyecto político socialista", explica el dirigente de Un Nuevo Tiempo.
El chavismo afirma que con las llamadas "leyes del poder popular" profundizará la desconcentración del poder, respetando la letra de la Carta Magna de 1999 que estipula: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo".
No obstante, Blyde alerta que estos textos atentan contra la división política territorial existente en Venezuela y persiguen otros fines. "El diseño de estas leyes busca la muerte de la descentralización y la imposición inconstitucional del Estado central".
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