¿Ruptura en puertas?

El Gobierno de Hugo Chávez tiene tres frentes abiertos por casos relacionados con corrupción, narcotráfico y terrorismo. Uno con Colombia, otro con Estados Unidos y otro con España. En todos parece que los vientos soplan en su contra.

Dada la cercanía del Gobierno de Chávez con el de José Rodríguez Zapatero, se pensaba que éste era el que más lejos podría entrar en efervescencia. Más aún cuando hace pocos días la ministra de Exteriores de España, Trinidad Jiménez, le dio un espaldarazo al Gobierno de Chávez ante la Cámara Alta del Parlamento Español, cuando afirmó que en Venezuela no había presos políticos. Incluso, en una muy infortunada y sarcástica explicación indicó que el caso de la jueza María de Lourdes Afiuni “se resolvió aplicando la legislación vigente en Venezuela”. Olvidando que el sistema judicial está secuestrado por Chávez.

Pero, el sistema de justicia de España, que sí es independiente, y el Partido Popular (PP) de oposición están exigiendo al Gobierno de Zapatero que deje la complacencia cómplice ante los desenfrenos del Gobierno de Chávez, debido a que éstos están tocando dos temas álgidos para los españoles.

El primero, la ilegal pérdida de propiedades en Venezuela de varias generaciones de españoles, debido a la política confiscatoria de la revolución chavista. El PP exige a Zapatero mayor firmeza para hacer respetar los pisoteados derechos de agricultores y empresarios españoles.

El segundo, mucho más sensible para los españoles, es el tema de la ETA y sus supuestas relaciones con el Gobierno de Chávez, denunciadas por tribunales españoles. Uno de éstos, el del magistrado Eloy Velasco, quien ha señalado al presunto etarra Arturo Cubillas Fontán como la persona clave en la cooperación ETA-FARC-Gobierno venezolano. Además, a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de España, Cubillas ha sido citado por el juez Velasco para el 14 de diciembre, para que declare ante la Audiencia Nacional.

Sobre Cubillas, que ocupa cargo público en Venezuela, también pesa una orden de extradición que parece no será acatada por el Gobierno venezolano. Por el contrario, Cubillas viene siendo amparado por diversas autoridades, quienes aducen entre otras excusas, que éste es nacionalizado venezolano y la Constitución no permite su extradición.

Sin embargo, ha sido una nota oficial emitida este jueves 4 de noviembre por la Cancillería venezolana la que podría disparar una crisis diplomática.

La Cancillería, rechazó “tajantemente” las declaraciones de autoridades españolas que asocian “al pueblo y al Gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA”. Entre otras cosas, la nota diplomática indicó que “El Gobierno bolivariano considera una demostración de cobardía política, que la clase política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo, intentando endosárselo al Gobierno y al pueblo de Venezuela…”.

Hoy el Gobierno español expresó a Venezuela su “profundo malestar” por las acusaciones “inaceptables e injustificables”, en lo que parece será el inicio de un clima de fuerte tensión diplomática entre España y Venezuela.