Entre el Registro Civil en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el cable de fibra óptica que unirá a Venezuela y Cuba existe un hilo conductor que lleva a un férreo control de la vida de los ciudadanos venezolanos.
En septiembre de 2009, ante la avalancha de hechos sociales, políticos y económicos que mantenían en ascuas a la población, pasó por debajo de la mesa, el golpe de gracia que se le estaba asestando a los derechos ciudadanos con la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Resulta que esta Ley crea el Sistema Nacional de Registro Civil, y le asigna al CNE las funciones ejercidas por el Saime (antes Onidex). Según la ley, el CNE se convierte en el ente rector de la Comisión de Registro Civil y Electoral y actuará en coordinación con los ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, de Exteriores, Salud y de Pueblos y Comunidades Indígenas, cada uno en su ámbito de competencias.
En septiembre de 2011 finaliza el período establecido por la Ley, de transición entre los entes. Ese mes, el CNE tomará el mando sobre el registro, control y archivo de los actos jurídicos realizados por los ciudadanos nacionales o extranjeros a lo largo de toda su vida, concentrando así la información automatizada de esta data, que va desde el certificado de nacimiento hasta el certificado de defunción, pasando por los de matrimonio y divorcio, la cédula de identidad y los pasaportes.
Siendo que el CNE es el ente rector de la materia electoral, quien establece las reglas para el ejercicio del derecho al voto, y quien decide quién vota o no en el país, con este nuevo rol controlador de los datos civiles del venezolano, el CNE se pagará y se dará el vuelto.
Esta anómala situación se hace más grave aún debido al manejo nada transparente del Registro Electoral por parte del CNE, que ha derivado en innumerables vicios e inconsistencias denunciadas persistentemente en los últimos años, y los cuales han sido los ingredientes principales que han hecho tan poco confiable el Sistema Electoral del país.
Además, a sabiendas, de que el Gobierno de Hugo Chávez ha entregado a los cubanos castristas los registros civiles del país, con esto, se terminará de entregar el ente que supuestamente debe ser el garante de los derechos democráticos de los venezolanos y de la alternabilidad de poder en Venezuela.
A esto se le añade la amenaza latente de que se continúe pasando el control de la vida de los venezolanos a la Cuba de los Castro. Ello se acrecienta con la pronta inauguración del cable de fibra óptica que enlazará a Venezuela con Santiago de Cuba. Este cable submarino multiplicará en 3.000 veces la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de que dispone hoy Cuba, y potenciará una eventual intervención de las comunicaciones en Venezuela.
El hilo conductor para atornillar la dictadura en Venezuela va desde el control de la data civil vital de la población hasta el acceso a la información privada de la vida diaria desde Cuba. Mientras todo esto sucede, se sacan los trapitos sucios en la Asamblea.
En septiembre de 2009, ante la avalancha de hechos sociales, políticos y económicos que mantenían en ascuas a la población, pasó por debajo de la mesa, el golpe de gracia que se le estaba asestando a los derechos ciudadanos con la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Resulta que esta Ley crea el Sistema Nacional de Registro Civil, y le asigna al CNE las funciones ejercidas por el Saime (antes Onidex). Según la ley, el CNE se convierte en el ente rector de la Comisión de Registro Civil y Electoral y actuará en coordinación con los ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, de Exteriores, Salud y de Pueblos y Comunidades Indígenas, cada uno en su ámbito de competencias.
En septiembre de 2011 finaliza el período establecido por la Ley, de transición entre los entes. Ese mes, el CNE tomará el mando sobre el registro, control y archivo de los actos jurídicos realizados por los ciudadanos nacionales o extranjeros a lo largo de toda su vida, concentrando así la información automatizada de esta data, que va desde el certificado de nacimiento hasta el certificado de defunción, pasando por los de matrimonio y divorcio, la cédula de identidad y los pasaportes.
Siendo que el CNE es el ente rector de la materia electoral, quien establece las reglas para el ejercicio del derecho al voto, y quien decide quién vota o no en el país, con este nuevo rol controlador de los datos civiles del venezolano, el CNE se pagará y se dará el vuelto.
Esta anómala situación se hace más grave aún debido al manejo nada transparente del Registro Electoral por parte del CNE, que ha derivado en innumerables vicios e inconsistencias denunciadas persistentemente en los últimos años, y los cuales han sido los ingredientes principales que han hecho tan poco confiable el Sistema Electoral del país.
Además, a sabiendas, de que el Gobierno de Hugo Chávez ha entregado a los cubanos castristas los registros civiles del país, con esto, se terminará de entregar el ente que supuestamente debe ser el garante de los derechos democráticos de los venezolanos y de la alternabilidad de poder en Venezuela.
A esto se le añade la amenaza latente de que se continúe pasando el control de la vida de los venezolanos a la Cuba de los Castro. Ello se acrecienta con la pronta inauguración del cable de fibra óptica que enlazará a Venezuela con Santiago de Cuba. Este cable submarino multiplicará en 3.000 veces la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de que dispone hoy Cuba, y potenciará una eventual intervención de las comunicaciones en Venezuela.
El hilo conductor para atornillar la dictadura en Venezuela va desde el control de la data civil vital de la población hasta el acceso a la información privada de la vida diaria desde Cuba. Mientras todo esto sucede, se sacan los trapitos sucios en la Asamblea.
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