Por este motivo, y dentro del paquete de medidas de dinamización de la economía, el Ejecutivo ha informado ya favorablemente la ampliación del convenio impulsado por el Ministerio de Industria, a través de al Dirección General de la Política de la Pequeña y Mediana Empresa (Dgpyme) por el que el Estado asume el aval de los créditos solicitados por los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores autónomos para proyectos de ampliación o iniciación de actividades y negocios.
Mediante este nuevo acuerdo, que entrará en vigor en los próximos días, la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), sociedad participada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), avalará ante los bancos y las cajas de ahorros hasta el 75 por ciento de los créditos a emprendedores por un importe máximo de 75.000 euros.
Este importe, junto a la inclusión en el convenio de las pymes, es una de las dos principales novedades del proyecto, ya que en el firmado en 2009 con las asociaciones de autónomos ATA y Upta, el importe máximo se fijaba en 25.000 euros y afectaba sólo al colectivo de los autoempleados y a las micropymes (empresas con un máximo de 10 empleados y una facturación igual o inferior a 2 millones de euros).
El papel de las SGR
Mediante este acuerdo Cersa asume la cobertura de las tres cuartas partes del riesgo en los préstamos a las empresas, mientras que el 25 por ciento restante correrá a cargo, a partes iguales, de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), dependientes de las comunidades autónomas, y las entidades financieras. Esta fórmula permite rebajar el riesgo de los bancos y las cajas de ahorros a sólo el 12,5 por ciento del importe total del crédito que se conceda.
Además, no cierra la posibilidad de que la Sociedad de Garantía Recíproca, si lo estima conveniente, pueda avalar la totalidad de la parte del aval que no cubrirá Cersa, por lo que el riesgo de las entidades financieras sería cero, en este caso, y permitiría, además, eliminar el trámite del examen de viabilidad del proyecto por parte de los bancos y la cajas.
Más allá del ICO
Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos podrán solicitar los avales de Cersa y de las SGR para todo tipo de préstamos bancarios, y no sólo para los que se tramiten con cargo a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial.
Fuentes de la Administración destacan que, mediante este acuerdo, la Dirección General de la Política de la Pequeña y Mediana Empresa pretende también potenciar el papel de las Sociedades de Garantía Recíproca como entidades de apoyo al acceso a la financiación de los emprendedores, e impulsará también la creación de nuevas SGR de carácter sectorial, que complementarían la actividad de las actualmente existentes, que son territoriales.
Sin embargo, la experiencia del convenio precedente lleva a las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos a cuestionar la intermediación de las SGR en el proyecto. Responsables de estas entidades afirman que "en muchas comunidades autónomas el convenio no ha funcionado como debería porque las SGR no avalan".
Estas mismas fuentes destacan, en sentido positivo la buena labor desarrollada en este ámbito por Iberaval, la sociedad de garantía recíproca de Castilla y León, además de las SGR del País Vasco y de Madrid.
Como complemento a este proyecto, la Dgpyme pondrá también en marcha el Programa de Avales para Emprendedores, que nace con el objetivo de facilitar la concesión de doscientos millones de euros anuales en garantías financieras para nuevos proyectos empresariales.
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