El allanamiento a su residencia, sin citarlo antes al Ministerio Público, fue el último hecho que evaluó el presidente de la Asociación de Ganaderos de Colón, Carlos Javier Benavides, señalado de estar implicado en la quema de la oficina del Instituto Nacional de Tierras en Santa Bárbara, para salir del país. "No se le iban a respetar sus derechos" consideró Gustavo Meléndez, representante legal de productores afectados por las expropiaciones y de defensa del gremialista prófugo.
El asesor informó que en el municipio "no hay democracia". El debido proceso no se está cumpliendo, por lo que no hay garantías constitucionales para los ciudadanos. Aseguró que a Benavides se le quiere responsabilizar por recibir una llamada telefónica. "El contenido de la llamada, no implica delito" dijo más temprano a un medio radial.
Explicó a La Verdad que en conversación con familiares de Benavides les planteó que al productor lo detendrían y radicaría el proceso en Caracas, para evitar la actuación de la defensa dentro del ámbito legal. La decisión de irse del país habría salido del imputado al revisar el escenario ilegal que le esperaba.
Meléndez desestimó ser señalado como cómplice. "Yo no estoy en ninguna componenda. Lo que estoy pidiendo es justicia, que se investigue lo que tienen que investigar. Y si vienen a allanarme que vengan, yo no tengo nada escondido, aquí lo que tengo son problemas (...) expedientes de homicidios, casos que tengo como abogado".
Dentro de esa petición exigió mirar las actuaciones de Marta Matheus, exdirectiva del Inti. Exhortó al Ministerio Público a revisar todas las situaciones que rodean a esa funcionaria, y analizar en realidad a "quién beneficiaba más que los documentos de la oficina desaparecieran de Santa Bárbara. Quién tenía más intereses en desaparecerlos, los presentaron los ganaderos en el Inti. Quién ha recibido transacciones".
El abogado instó a evaluar. "Buscar la verdad de lo que está pasando. La gente tiene miedo". Denunció que la presencia militar y los allanamientos deben hacerse dentro del debido proceso, recordando la situación presentada ayer en la vivienda de la madre de Rafael Joaquín Urdaneta, otro de los productores imputados por la Fiscalía en el hecho del 8 de enero.
La persecución al presidente de Aganaco, quien denunció la toma de las 47 fincas en diciembre por parte del Gobierno nacional, fue calificada por Fedecámaras como "injustas". Las acciones de los cuerpos de seguridad, un hecho que "está irrespetando el debido proceso, solicitando orden de aprehensión" sin seguir la investigación que dicta la ley.
Noel Álvarez, presidente de la Federación, dijo que "se está violando un derecho fundamental, como es el derecho a la defensa, establecido en la Constitución nacional". Hay una criminalización a priori. Pidió que se encuentren a "los culpables de este hecho", atendiendo los elementos del caso "deben ser tomados en cuenta objetivamente". Recordó que el Gobierno tiene denuncias internacionales por la persecución que hay a dirigentes sindicales y gremiales.
Solidaridad
Oswaldo Álvarez Paz, presidente de Alianza Popular, declaró su solidaridad con el sector productor ante la persecución del Gobierno. Tildó la actuación como un "proceso de destrucción muy acelerado" en Zulia, que se extiende a las instituciones. Propuso integrar un equipo de exgobernadores del estado, con Pablo Pérez al frente "como máxima autoridad" de la región, "para que nos apersonemos en el Sur del Lago" y se inicien "una etapa de conversaciones directas" con jefes militares y autoridades del Inti, y del Ministerio de Agricultura y Tierras para "buscarle una solución definitiva a la problemática que están viviendo los productores". Llamó pasar de denunciar y quejar a hacer.
La colaboración la extendió a las alcaldías para que con su experiencia se puedan lograr alternativas en mejoras del Zulia. La iniciativa surgió tras recordar que la Costa Oriental del Lago tiene un indicador de falta de viviendas y las consecuencias de las expropiaciones de las contratistas petroleras. Además ofreció a Evelyn Trejo de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, para "dignificar la Alcaldía, la vida del municipio", que está "deteriorada y requiere el esfuerzo bien coordinado de todos los sectores".
Las declaraciones oficiales sobre la Ley Habilitante y revisar qué intenciones podría venir con el veto a la Ley de Educación universitaria, Álvarez Paz aseguró que en Venezuela "no es que la dictadura va a venir. Ya llegó. Está actuando". A un año de las elecciones presidenciales no le disgusta tener su nombre entre los candidatos. "Precandidatos deben haber a montón". Recomendó "en esta etapa, es liderazgo". Señaló que cualquier método para escoger el rival del presidente Hugo Chávez debe tener esa condición, no descartó que pueda darse una selección a través de primarias.
Allanan casa y expropian finca
Sergio Villasmil. Santa Bárbara de Zulia. A las 11.00 de la mañana de este viernes efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la residencia de los padres de Rafael Joaquín Urdaneta Cardozo, ubicada en la avenida Gran Colombia, de la parroquia Santa Bárbara del municipio Colón. Buscaban al productor agropecuario, quien se encuentra solicitado por el Ministerio Público por estar presuntamente involucrado en el incendio de las oficinas del Inti en la localidad, el pasado 8 de enero en horas de la madrugada.
Los familiares de Urdaneta informaron que la hacienda Las Guacamayas, ubicada en el estado Aragua, fue expropiada el pasado jueves por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti), quienes ocupan las tierras aprovechando que Eroilda Cardozo, madre del productor, fue hospitalizada y traída a una clínica de la ciudad, luego de que sufrió una crisis nerviosa producto del allanamiento al predio.
“Ellos saben que Rafael Joaquín, no está aquí desde hace más de un año, ¿por qué nos persiguen? Mi sobrino le pagaba vacuna al CICPC para que lo dejaran tranquilo y hostigaban a su esposa. Todo esto es un show".
El asesor informó que en el municipio "no hay democracia". El debido proceso no se está cumpliendo, por lo que no hay garantías constitucionales para los ciudadanos. Aseguró que a Benavides se le quiere responsabilizar por recibir una llamada telefónica. "El contenido de la llamada, no implica delito" dijo más temprano a un medio radial.
Explicó a La Verdad que en conversación con familiares de Benavides les planteó que al productor lo detendrían y radicaría el proceso en Caracas, para evitar la actuación de la defensa dentro del ámbito legal. La decisión de irse del país habría salido del imputado al revisar el escenario ilegal que le esperaba.
Meléndez desestimó ser señalado como cómplice. "Yo no estoy en ninguna componenda. Lo que estoy pidiendo es justicia, que se investigue lo que tienen que investigar. Y si vienen a allanarme que vengan, yo no tengo nada escondido, aquí lo que tengo son problemas (...) expedientes de homicidios, casos que tengo como abogado".
Dentro de esa petición exigió mirar las actuaciones de Marta Matheus, exdirectiva del Inti. Exhortó al Ministerio Público a revisar todas las situaciones que rodean a esa funcionaria, y analizar en realidad a "quién beneficiaba más que los documentos de la oficina desaparecieran de Santa Bárbara. Quién tenía más intereses en desaparecerlos, los presentaron los ganaderos en el Inti. Quién ha recibido transacciones".
El abogado instó a evaluar. "Buscar la verdad de lo que está pasando. La gente tiene miedo". Denunció que la presencia militar y los allanamientos deben hacerse dentro del debido proceso, recordando la situación presentada ayer en la vivienda de la madre de Rafael Joaquín Urdaneta, otro de los productores imputados por la Fiscalía en el hecho del 8 de enero.
La persecución al presidente de Aganaco, quien denunció la toma de las 47 fincas en diciembre por parte del Gobierno nacional, fue calificada por Fedecámaras como "injustas". Las acciones de los cuerpos de seguridad, un hecho que "está irrespetando el debido proceso, solicitando orden de aprehensión" sin seguir la investigación que dicta la ley.
Noel Álvarez, presidente de la Federación, dijo que "se está violando un derecho fundamental, como es el derecho a la defensa, establecido en la Constitución nacional". Hay una criminalización a priori. Pidió que se encuentren a "los culpables de este hecho", atendiendo los elementos del caso "deben ser tomados en cuenta objetivamente". Recordó que el Gobierno tiene denuncias internacionales por la persecución que hay a dirigentes sindicales y gremiales.
Solidaridad
Oswaldo Álvarez Paz, presidente de Alianza Popular, declaró su solidaridad con el sector productor ante la persecución del Gobierno. Tildó la actuación como un "proceso de destrucción muy acelerado" en Zulia, que se extiende a las instituciones. Propuso integrar un equipo de exgobernadores del estado, con Pablo Pérez al frente "como máxima autoridad" de la región, "para que nos apersonemos en el Sur del Lago" y se inicien "una etapa de conversaciones directas" con jefes militares y autoridades del Inti, y del Ministerio de Agricultura y Tierras para "buscarle una solución definitiva a la problemática que están viviendo los productores". Llamó pasar de denunciar y quejar a hacer.
La colaboración la extendió a las alcaldías para que con su experiencia se puedan lograr alternativas en mejoras del Zulia. La iniciativa surgió tras recordar que la Costa Oriental del Lago tiene un indicador de falta de viviendas y las consecuencias de las expropiaciones de las contratistas petroleras. Además ofreció a Evelyn Trejo de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, para "dignificar la Alcaldía, la vida del municipio", que está "deteriorada y requiere el esfuerzo bien coordinado de todos los sectores".
Las declaraciones oficiales sobre la Ley Habilitante y revisar qué intenciones podría venir con el veto a la Ley de Educación universitaria, Álvarez Paz aseguró que en Venezuela "no es que la dictadura va a venir. Ya llegó. Está actuando". A un año de las elecciones presidenciales no le disgusta tener su nombre entre los candidatos. "Precandidatos deben haber a montón". Recomendó "en esta etapa, es liderazgo". Señaló que cualquier método para escoger el rival del presidente Hugo Chávez debe tener esa condición, no descartó que pueda darse una selección a través de primarias.
Allanan casa y expropian finca
Sergio Villasmil. Santa Bárbara de Zulia. A las 11.00 de la mañana de este viernes efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la residencia de los padres de Rafael Joaquín Urdaneta Cardozo, ubicada en la avenida Gran Colombia, de la parroquia Santa Bárbara del municipio Colón. Buscaban al productor agropecuario, quien se encuentra solicitado por el Ministerio Público por estar presuntamente involucrado en el incendio de las oficinas del Inti en la localidad, el pasado 8 de enero en horas de la madrugada.
Los familiares de Urdaneta informaron que la hacienda Las Guacamayas, ubicada en el estado Aragua, fue expropiada el pasado jueves por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti), quienes ocupan las tierras aprovechando que Eroilda Cardozo, madre del productor, fue hospitalizada y traída a una clínica de la ciudad, luego de que sufrió una crisis nerviosa producto del allanamiento al predio.
“Ellos saben que Rafael Joaquín, no está aquí desde hace más de un año, ¿por qué nos persiguen? Mi sobrino le pagaba vacuna al CICPC para que lo dejaran tranquilo y hostigaban a su esposa. Todo esto es un show".
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