La combinación de protestas en las calles y señales de fragilidad económica incrementan la percepción de riesgo de los inversionistas y los bonos de la República sufren una caída importante que eleva el costo del financiamiento al Gobierno. El riesgo país se traduce en que si Venezuela emite bonos tendría que cancelar una tasa de interés de 14,81 puntos porcentuales por encima de lo que paga Estados Unidos, que es la Nación que se financia al menor costo.Ucrania, país sacudido por una severa crisis política, tendría que pagar una tasa de interés de 10,75 puntos sobre la de Estados Unidos. Para cubrir las importaciones y los pagos de deuda externa el Banco Central utiliza la porción de las reservas que está en efectivo (66% son barras de oro) y, tras la caída sufrida este bolsillo cuenta con menos de 2 mil millones de dólares, una cifra que no permite mayor flexibilidad. Los inversionistas temen que el Gobierno desconozca el pago de los bonos.
La poca confianza de los inversionistas en el rumbo de Venezuela implica que en momentos en que el Gobierno tiene que cubrir un enorme diferencial entre sus gastos e ingresos, de 15% del PIB, la posibilidad de financiarse mediante la emisión de bonos resulta sumamente costosa.
Hasta ahora Venezuela ha cancelado a tiempo todos sus compromisos por intereses y vencimiento de los bonos, pero los fondos de inversión quieren otro tipo de señales. Operadores de deuda explican que el mercado percibe a un Gobierno que no implementa medidas para disminuir el déficit en sus cuentas y por tanto esperan que continúe deteriorándose la posición en divisas.
Entre el 17 de febrero de 2013 y el 17 de febrero de este año el tanque de dólares que administra el Banco Central de Venezuela registra un descenso de 26% para ubicarse en 20 mil 500 millones de dólares.
A las reservas líquidas se añade el ingreso de dólares que regularmente Pdvsa le entrega al Banco Central pero se trata de un flujo que resulta insuficiente, de hecho, Pdvsa solo le está depositando al BCV la mitad de las divisas provenientes del barril y coloca el resto en una serie de fondos administrados por el Gobierno, sobre los que no existe mayor transparencia.
La incertidumbre aumenta por evidencias de que la administración de Nicolás Maduro tiene un problema de flujo de caja y recorta la entrega de dólares al sector privado.
Las empresas recibieron por parte de Cadivi lo que se conoce como Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) y con este aval, compraron materia prima u otro tipo de requerimientos a proveedores en el exterior.
El problema es que las divisas no han sido desembolsadas y las compañías tienen una deuda por el orden de 9 mil millones de dólares.
La poca confianza de los inversionistas en el rumbo de Venezuela implica que en momentos en que el Gobierno tiene que cubrir un enorme diferencial entre sus gastos e ingresos, de 15% del PIB, la posibilidad de financiarse mediante la emisión de bonos resulta sumamente costosa.
Hasta ahora Venezuela ha cancelado a tiempo todos sus compromisos por intereses y vencimiento de los bonos, pero los fondos de inversión quieren otro tipo de señales. Operadores de deuda explican que el mercado percibe a un Gobierno que no implementa medidas para disminuir el déficit en sus cuentas y por tanto esperan que continúe deteriorándose la posición en divisas.
Entre el 17 de febrero de 2013 y el 17 de febrero de este año el tanque de dólares que administra el Banco Central de Venezuela registra un descenso de 26% para ubicarse en 20 mil 500 millones de dólares.
A las reservas líquidas se añade el ingreso de dólares que regularmente Pdvsa le entrega al Banco Central pero se trata de un flujo que resulta insuficiente, de hecho, Pdvsa solo le está depositando al BCV la mitad de las divisas provenientes del barril y coloca el resto en una serie de fondos administrados por el Gobierno, sobre los que no existe mayor transparencia.
La incertidumbre aumenta por evidencias de que la administración de Nicolás Maduro tiene un problema de flujo de caja y recorta la entrega de dólares al sector privado.
Las empresas recibieron por parte de Cadivi lo que se conoce como Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) y con este aval, compraron materia prima u otro tipo de requerimientos a proveedores en el exterior.
El problema es que las divisas no han sido desembolsadas y las compañías tienen una deuda por el orden de 9 mil millones de dólares.
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