junio 29, 2010

EL CAPITAL COMERCIAL EN VENEZUELA

Por Catalina Banko

Formación y consolidación de la burguesía comercial

El proceso emancipador en Venezuela coincidió con la acelerada expansión de las naciones industrializadas que pretendían conquistar nuevos mercados para la colocación de sus productos manufacturados y la obtención de materias primas a bajo costo. Durante la década de los veinte, al culminar las guerras por la independencia, numerosos comerciantes extranjeros se establecieron en los principales puertos del territorio venezolano, logrando controlar rápidamente el tráfico con las Antillas, Europa y Estados Unidos. En este contexto, el sector mercantil se constituyó en el nexo directo de Venezuela con el mercado capitalista. Su fuente principal de acumulación radicaba en el control directo del comercio importador y exportador y en el préstamo de dinero, lo cual le otorgaba un papel dominante con respecto a los productores agropecuarios y al Estado.

Desde el punto de vista doctrinario, la burguesía comercial sostenía los principios de la "escuela clásica", cuyos planteamientos giraban en torno a la libertad en el ejercicio de las actividades económicas y a la no intervención gubernamental en los negocios privados. Por tanto, el Estado debía limitarse a establecer la legislación adecuada a los intereses de los grupos dominantes. En tal sentido, el sector mercantil requería para su fortalecimiento de condiciones legales favorables, como la abolición de las trabas existentes en los juicios por deudas y de la limitación en las tasas de interés, que eran resabios de la legislación colonial.

En 1834 se sancionó la Ley de Libertad de Contratos, estipulando que los intereses podían ser fijados libremente entre las partes y que, en caso de ser necesario, los bienes hipotecados por los deudores serían rematados por la cantidad de dinero que se ofreciera por ellos el día de la subasta, aspectos que estaban encuadrados en los principios de la doctrina económica liberal. La libertad de contratos constituía la base legal para el desarrollo del proceso de expansión del capital comercial (Brito, 1987).

El crecimiento de la demanda de materias primas y la elevación de sus precios, alentaron las expectativas de los hacendados con respecto a la ampliación de los cultivos por medio de la solicitud de préstamos a las firmas mercantiles. Sin embargo, a partir de 1836 comenzaron a manifestarse fluctuaciones cíclicas del mercado capitalista, que provocaron la reducción de las exportaciones y la disminución de las cotizaciones del café y del cacao, principales productos de exportación.

Esos desequilibrios del comercio internacional condujeron a la ruina a un gran número de propietarios de haciendas que se habían endeudado en la etapa de auge de las exportaciones. El descontento de los productores se expresó a través de un amplio movimiento de oposición a la política económica aplicada hasta ese momento. Se reclamaba la intervención del Estado con la finalidad de proteger a la agricultura, cuestionando así la doctrina económica clásica, por no adaptarse a la realidad venezolana, ya que se trataba de una nación especializada en la producción de materias primas agrícolas.

Las contradicciones entre comerciantes y hacendados se agravaron como consecuencia de la reforma a la Ley de Espera y Quita en 1841. Desde la época colonial estaba en vigencia una normativa, según la cual el otorgamiento de la prórroga para el pago de deudas debía decidirse por la mayoría de votos de los acreedores. En la reforma de 1841 se estableció que la espera se concedería exclusivamente cuando existiera consenso total de los acreedores, lo cual significaba la drástica reducción de las posibilidades de obtener dicho beneficio.

En la medida que se fortalecía el poder de la burguesía comercial, se profundizaban las diferencias con los productores agrícolas perjudicados por las leyes de crédito sancionadas. De este proceso emergieron múltiples contradicciones que llegaron a su punto crítico en enero de 1848, cuando el régimen "oligárquico", instaurado en 1830, fue desplazado gracias a la alianza establecida entre José Tadeo Monagas y la corriente política que representaba los intereses de los hacendados.

Los comerciantes frente a las reformas económicas de los Monagas

En base a los lineamientos de la nueva política económica, favorable ahora a los intereses del sector agrícola, en 1848 fue derogada la Ley de Libertad de Contratos y se estableció que los bienes hipotecados para el pago de acreencias podían ser rematados por la cantidad que se ofreciera el día de la subasta, "con tal que no bajara de la mitad de su valor." Además se determinó la fijación de una tasa de interés convencional del 9 por ciento anual.(Leyes, 1982, 424-425). Esta medida constituyó un hecho de gran significación en el proceso económico-social venezolano, porque la prolongada pugna de intereses entre hacendados y comerciantes quedaba así definida en favor de los primeros, tras catorce años de predominio del sector mercantil que había actuado bajo el amparo de la legislación sancionada en el período de la "República Oligárquica."

Otro hecho de gran significación fue la reforma en 1849 de la combatida Ley de Espera y Quita, introduciendo cláusulas que protegían ampliamente al deudor y le permitían obtener prórrogas muy prolongadas. En esta reforma se retornó al sistema de votación por mayoría para el otorgamiento de espera y, en el caso de que el deudor no obtuviera dicho beneficio, tenía el derecho de acudir ante un juez, quien a su vez estaba facultado para conceder espera hasta por nueve años (Ibid, 447-449).

Esta nueva ley, que amenazaba seriamente los intereses mercantiles, fue rechazada por los comerciantes extranjeros, quienes lograron el apoyo diplomático de sus respectivas naciones de origen, situación que derivó en un conflicto internacional como consecuencia de la amenaza inglesa de utilizar la fuerza para exigir el pago de indemnizaciones para aquellos súbditos británicos que hubieran sufrido perjuicios por la aplicación de la Ley de Espera sancionada en 1849.

En esa ocasión, los intereses de la burguesía comercial fueron respaldados por la mayor potencia del mundo, la cual estaba desconociendo la voluntad soberana del Congreso para legislar en materia económica. En el marco de las presiones diplomáticas, fue aprobada en 1850 una nueva Ley de Espera, que retomaba el contenido de la vigente antes de la sanción de la reforma de 1841, y que si bien no era perjudicial a los deudores, ya no les otorgaba tantas facilidades como las contenidas en la legislación del año 1949 (Ibid, 523-524).

El gran poder detentado por el sector mercantil quedó plenamente demostrado con el retroceso del gobierno venezolano en una de las fases más importantes del conjunto de reformas adoptadas por el nuevo régimen, pero que había encontrado una limitación fundamental para la profundización de los cambios económicos ante la fuerte reacción de los comerciantes que no estaban dispuestos a perder su tradicional dominio económico. En la medida que éstos continuaban conservando el control del comercio exterior, mantenían su capacidad de presión frente al gobierno y a los hacendados, quienes a su vez dependían del otorgamiento de préstamos indispensables para la producción agrícola.

El curso de este conflicto y la posición adoptada por el Ejecutivo Nacional nos indican que el control de las instituciones políticas no era suficiente para promover ciertas transformaciones económicas, porque la burguesía comercial tenía aún el suficiente poder como para impedir que estos cambios se convirtieran en un obstáculo para la expansión de sus beneficios. Ante la gravedad de la situación y la dificultad del sector agrícola para solventar sus compromisos económicos, el gobierno decidió asumir el pago de las indemnizaciones exigidas por los comerciantes afectados por la Ley de Espera (Arcaya, 1964, 80-82, 94).

La Guerra Federal y sus repercusiones económicas

Casi una década más tarde, en el contexto de la Guerra Federal, la situación se tornó nuevamente favorable al sector mercantil. En tales circunstancias, los gobiernos se vieron obligados a solicitar constantes auxilios monetarios para sostener los ejércitos que luchaban contra las fuerzas federalistas. Por esta razón, entre 1860 y 1861 se implantaron varias reformas económicas para restablecer los antiguos privilegios de la burguesía comercial, tales como: la eliminación del beneficio de espera, la liberación de las tasas de interés, la creación de los tribunales mercantiles y la legalización de los pactos de retroventa (Leyes, 1982, 44, 81).

La burguesía comercial intentaba salvar al régimen por todos los medios: se sucedían las concesiones de empréstitos al gobierno. Cuando ya había quedado demostrado que los civiles carecían de capacidad para enfrentar al ejército federalista, se instauró la dictadura del General Páez con el fin de recuperar la "estabilidad" de la República. Durante esta etapa se llevaron a cabo negociaciones en Londres para obtener un empréstito, contrato que fue celebrado en 1862 (Brito, 1987, 1686-1689). Esta operación financiera coincidió con el acelerado proceso de concentración de capital en las naciones industrializadas. Los grandes monopolios internacionales requerían ahora de mercados para colocar sus excedentes de capital. Venezuela se convirtió en un terreno ideal para este tipo de negociaciones a causa de su crisis fiscal y de la necesidad de armar ejércitos capaces de enfrentarse a los revolucionarios. La hipoteca de los ingresos aduaneros y el sometimiento a un régimen leonino de cancelación de la deuda, incluidos en el contrato de 1862, contribuyeron al deterioro progresivo de la economía venezolana, mientras el gobierno se veía acosado por el avance progresivo de las fuerzas federalistas (Leyes, 1982, 220).

Esa orientación de la política económica en favor del sector capitalista interno y de los monopolios internacionales se mantuvo tras el desplazamiento de la dictadura en 1863. Durante el gobierno de la Federación, la burguesía comercial reforzó su dominio gracias a la acción de Antonio Guzmán Blanco en el ramo de Hacienda, quien se convirtió en la figura clave del nuevo gobierno. En esta etapa la burguesía comercial siguió participando activamente en los negocios relacionados con la gestión del Estado en el campo económico. Paralelamente se contrató un nuevo empréstito en Londres en 1864, cuyas condiciones eran aún más gravosas para el exhausto Tesoro Nacional que las impuestas en 1862. Dicho empréstito, al igual que el de la dictadura, profundizaba los nexos de dependencia de la economía venezolana con respecto al mercado financiero internacional.

En el transcurso del gobierno de la Federación se fortaleció aún más el poder del "alto comercio", que en su mayor parte había tenido su origen en las décadas iniciales de la República y que ahora actuaba también como contratista en diversos negocios vinculados con el gobierno. La habilidad demostrada por Guzmán Blanco a través de sus negociaciones en los círculos financieros europeos, inspiraba confianza a los grandes comerciantes que decidieron "sostener" al nuevo gobierno para afianzar su predominio e incrementar sus utilidades en el marco de la nueva política económica. El análisis del proceso a nivel global, nos permite apreciar que el poder económico de las casas comerciales no descansaba ya exclusivamente en el control del comercio exterior y en el préstamo a particulares, sino que desde la década de los sesenta se fundaba en una estrecha vinculación económica con el Estado.

La alianza de la burguesía comercial con el régimen guzmancista

Tras el triunfo de la revolución de abril en 1870, Antonio Guzmán Blanco logró imponer su poder de manera absoluta, mediante el sometimiento de los caudillos regionales y de la instauración de una política económica favorable al sector mercantil y a las inversiones extranjeras. Todo ello estaba enmarcado en un régimen centralista, que sin embargo proclamaba el ideario liberal. El guzmancismo había creado las condiciones, particularmente en lo político-administrativo, que facilitaban la inserción de Venezuela en el mercado capitalista mundial en su fase monopolista.

Para comprender el proyecto nacional guzmancista es fundamental caracterizar las transformaciones del sistema capitalista mundial en la segunda mitad del siglo XIX. En dicha etapa se había registrado una profunda transformación de la economía europea mediante un acelerado desarrollo de las fuerzas productivas que se expresaba en innumerables innovaciones técnicas que se extendieron a la fabricación de acero, los ferrocarriles y la navegación a vapor. Las fuentes de energía se ampliaron luego con el empleo del petróleo y la electricidad, al tiempo que la industria química adquiría un desarrollo significativo (Kaplan, 1976, 266).

En ese contexto, tal como lo señala María Elena González Deluca, eran necesarios nuevos mecanismos para la integración al mundo capitalista por medio de reformas que minimizaran los riesgos de las inversiones, estableciendo garantías al capital extranjero e incluso participando en las inversiones (González Deluca, 1991, 61). Para cumplir con tales objetivos se instauraron ciertas transformaciones del sistema político imperante con el fin de lograr la estabilidad y la pacificación, condiciones indispensables para el ingreso del capital extranjero. Los cambios económicos señalados requerían de una sustentación ideológica, conformada por la doctrina liberal, para legitimar las nuevas relaciones políticas y económicas internas y las vinculaciones con el sistema capitalista mundial, basadas en el principio de la división internacional del trabajo por el cual ciertas naciones debían especializarse en la producción agrícola y minera, mientras que otras naciones se encargarían de la producción de bienes industriales.

Según los lineamientos de la concepción liberal aplicada en los países periféricos, el Estado es el encargado de promover la atracción de los capitales foráneos. Los recursos del Estado son canalizados hacia rubros que favorecen la penetración extranjera: obras públicas y de infraestructura, pago de capital e intereses a los empréstitos, pago de garantías de beneficios mínimos a los inversores, participación del Estado como accionista de empresas privadas extranjeras, fortalecimiento del aparato burocrático y militar, realización de obras suntuarias como expresión del prestigio y poder de la oligarquía. Estos son los elementos básicos que definen el papel del Estado en la segunda mitad del siglo XIX, encargado de propiciar el desarrollo de las nuevas condiciones económicas que exige la expansión imperialista (Kaplan, 1976, 221-228).

El modelo económico instaurado durante el guzmancismo se sustentaba en la expansión de las exportaciones agrícolas, la conservación de la estabilidad interna, la centralización fiscal y la alianza con el único sector social que estaba en capacidad de auxiliar con recursos monetarios al Estado: la burguesía comercial. Para lograr la centralización fiscal se hizo necesaria la reorganización de la Hacienda pública mediante reformas que aseguraran ingresos superiores, disminuyendo el desorden administrativo reinante hasta ese entonces.

En 1870 Guzmán reunió a los acreedores internos, que eran los principales comerciantes, para constituir la Compañía de Crédito con el fin de lograr anticipos sobre las rentas públicas y facilitar las demás operaciones fiscales a través de un contrato de cuenta corriente, que permitiera aliviar las "necesidades financieras del Estado" (Rodríguez Gallard, 1983, 362). De esta manera el sector mercantil manejaba el negocio bancario sin un desembolso financiero real para respaldar sus operaciones, ya que incluso las acreencias de sus socios contra el erario quedaron canceladas con la primera emisión de títulos. María Elena González Deluca plantea que al institucionalizarse la vinculación de la política y los negocios en una compañía mixta, aunque juridicamente se trataba de una sociedad mercantil, el interés privado se convirtió en un mecanismo que permitía centralizar la hacienda, lo cual contribuyó a la estabilidad económica y política del Estado, que podía contar con recursos a través de una asignación fija. Además se canceló parte de la deuda interna convirtiéndola en aportes de capital a la Compañía de Crédito y terminó con los empréstitos forzosos que siempre provocaban descontento en los sectores capitalistas (González Deluca, 1991, 81).

Héctor Malavé Mata e Irene Rodríguez Gallad afirman que dicho banco fue utilizado para concentrar la renta proveniente de los ingresos aduaneros, que sería destinada al pago de la deuda interna y externa y a la construcción de obras públicas. El gobierno había transferido de esta manera a manos privadas actividades que eran inherentes al Estado. Se trataba de una especie de "privatización de la gestión fiscal" que favorecía ampliamente a los accionistas, que eran comerciantes y prestamistas que habían logrado un buen rendimiento del capital invertido en la creación de la Compañía de Crédito. Mediante dicho mecanismo, el poder económico quedaba definitivamente concentrado en estas casas comerciales venezolanas y extranjeras (Rodríguez Gallard, 1983, 365-366).

Durante el guzmancismo la agricultura cafetalera se encontraba en plena expansión gracias al incremento de la demanda mundial. Sin embargo, continuaba predominando el régimen latifundista y las relaciones sociales de producción de carácter precapitalista. Las inversiones extranjeras recibieron especial atención durante la gestión guzmancista, especialmente las relacionadas a ferrocarriles. Como el Estado carecía de recursos para emprender estas obras era necesario el concurso de los capitales extranjeros. La ley de 1883 garantizaba con mayor efectividad los intereses foráneos, ya que las concesiones de ferrocarriles se otorgaban con amplias prerrogativas: garantía del 7 por ciento de interés anual sobre el monto de inversión; el compromiso del Estado de participar en el capital por medio de títulos o acciones; entrega de tierras baldías; exoneración de derechos de importación para equipos, maquinarias y materiales necesarios para la obra; liberación del reclutamiento forzoso de los obreros de las líneas; derecho de construir líneas telegráficas o telefónicas para el servicio de las empresas, derecho de tomar de los bosques la madera necesaria para la obra; concesiones por 99 años y exclusividad de las concesiones. Como puede apreciarse, la inversión en ferrocarriles pasó a ser una de las más lucrativas, ya que hasta los riesgos de pérdidas o bajos beneficios estaban garantizados por el Estado.

Los capitales extranjeros se orientaron también a otras actividades como la explotación aurífera en Guayana, rubro que llegó a ubicarse entre las primeras exportaciones de Venezuela alrededor de los años ochenta. Asimismo fueron importantes las inversiones en alumbrado de gas, el telégrafo, la luz eléctrica, el teléfono, la explotación del asfalto y el cable submarino. En general se aplicó una política de amplio liberalismo para las inversiones de capital privado y de fuerte centralismo administrativo y político, bajo el signo de la modernización en el marco de la estabilidad política, aunque el progreso era aparente y la estabilidad era fruto de la autocracia (Ibid, 420).

La penetración de las inversiones extranjeras fue favorecida durante el período guzmancista por medio de la implantación de un modelo económico y político que se apoyaba en el sector mercantil y prestamista y creaba las condiciones adecuadas a través del ordenamiento de la hacienda, la centralización fiscal, el cumplimiento del pago de la deuda externa, realización de obras de infraestructura para facilitar el transporte de los productos importados y de las materias primas.

Tras el alejamiento de Guzmán, las contiendas intercaudillistas renacieron en la última década del siglo, conjuntamente con las repercusiones de una nueva crisis mundial que estaba afectando las exportaciones de café y por ende ahondaba el malestar de la agricultura sometida al dominio del capital comercial. Otro elemento significativo durante la última década del siglo XIX fue el polémico empréstito con la compañía alemana del Disconto Gesellschaft, por 50 millones de bolívares, que agudizó aún más el problema de la deuda pública externa.

El siglo XIX se cerró con una situación económica crítica, profundizada por las fluctuaciones del mercado mundial, el excesivo endeudamiento externo y el retorno a la inestabilidad política. El predominio del latifundio y de las relaciones sociales "precapitalistas", la escasa inversión de capitales en actividades productivas y el atraso técnico, paralelamente al papel dominante que ejercía el capital comercial y prestamista, eran los rasgos fundamentales que caracterizaban la estructura económica venezolana hasta los años treinta del siglo XX, cuando se produjo el tránsito de la economía agroexportadora hacia una economía petrolera que significaría una profundización de los nexos de dependencia mediante la extracción de inmensos beneficios por parte de los grandes monopolios internacionales.

Capital comercial e inversiones extranjeras en la primera década

del siglo XX

Durante la primera década del siglo XX Venezuela estaba sufriendo los estragos de una profunda crisis fiscal, que era el resultado de la baja de las exportaciones y el fuerte endeudamiento contraído por los gobiernos anteriores, a lo que se sumaban las reclamaciones extranjeras por daños sufridos durante los enfrentamientos internos. La situación se agravó cuando Cipriano Castro, quien había asumido el poder a fines de 1899, solicitó crédito a los bancos para cubrir en parte las necesidades monetarias del gobierno. La negativa de los capitalistas condujo a una respuesta gubernamental contundente: la prisión de varios banqueros, entre quienes se destacaba Manuel Antonio Matos, representante de la vieja burguesía comercial, aliada del guzmancismo (Pacheco, 1984, 25).

Otro factor que contribuyó a ensombrecer las vinculaciones con los capitalistas fue el decreto de 1901 que otorgaba moratoria por dos años para las deudas garantizadas con bienes raíces. Era evidente la intención de la medida: lograr el apoyo del sector agrícola, que se encontraba al borde de la ruina y constituía la principal fuente de la riqueza pública. El decreto no solucionó el problema y significó solamente un alivio momentáneo que, como agravante, provocó el rechazo de los prestamistas. En ese mismo año el gobierno creó un nuevo impuesto para las importaciones que profundizaría las diferencias con el grupo de los comerciantes (Rodríguez Gallard, 1983, 67-90, 90-91).

Esas contradicciones provocaron la reacción de Manuel Antonio Matos, quien decidió encabezar un movimiento revolucionario en alianza con algunos caudillos del interior, además de recibir el apoyo directo de empresas extranjeras, como la New York and Bermudez Co., que se encargó de financiar la campaña de Matos, conocida como "Revolución Libertadora". Dicho conflicto coincidió con el bloqueo extranjero a las costas venezolanas (1902-1903), cuyo desenlace benefició evidentemente a los comerciantes locales que actuaron como intermediarios en los pagos que posteriormente debió efectuar el gobierno venezolano para cancelar las reclamaciones que dieron motivo al bloqueo.

La primera década del siglo fue absolutamente contraria a los intereses extranjeros, ya que además del conflicto señalado, se agregaron demandas contra varias compañías foráneas, acusadas de haber estado en connivencia con el enemigo extranjero y con Manuel Antonio Matos. Tales juicios fueron los entablados contra el Cable Francés, el Ferrocarril Alemán, Orinoco Steamship, además del problema judicial con la New York and Bermudez Co.. La permanente confrontación con los inversores determinó que Venezuela no fuera considerada una nación adecuada para la colocación de los capitales extranjeros, debido a la falta de garantías para los inversionistas.

De la economía agropecuaria a la economía petrolera

Al asumir Juan Vicente Gómez el poder en 1908, desplazando a Cipriano Castro, se modificó radicalmente la política en relación con los extranjeros. Todo tipo de garantías fueron ofrecidas a los capitalistas internos y externos. Prueba de ello fue la avalancha de concesiones otorgadas en la segunda década del siglo. La explotación petrolera se inició con paso firme y las primeras exportaciones de hidrocarburos comenzaron a registrarse a partir de 1917. La condición de Venezuela como país exportador de petróleo se consolidó rapidamente, gracias a la estabilidad política, fruto de la represión instaurada por el régimen gomecista.

Al estallar la crisis de 1929, la economía venezolana ya había sufrido cambios sustanciales como consecuencia de la inversión extranjera en la explotación de hidrocarburos. En tales circunstancias nuestro país ocupaba el primer lugar en las exportaciones petroleras y el segundo en dicha producción a nivel mundial. Desde 1926 el petróleo se había constituido en el principal rubro de exportación, desplazando al café y cacao al segundo y tercer lugar respectivamente. La industria petrolera se convirtió así en el factor dominante en la economía venezolana, en la medida que de ella provenía la mayor parte de los ingresos fiscales. Esta nueva actividad generaba un significativo aumento de la demanda en el mercado interno, tanto de mercancías como de servicios, pasando a ser el agente que dinamizaba, aunque en magnitudes relativas, a la economía global. En este contexto surgieron nuevas necesidades vinculadas a la actividad de los puertos, transportes, seguros, bancos, aserraderos, alumbrado, teléfono, industrias de alimentos y de la construcción. El Estado se convirtió en un factor de gran importancia en la economía nacional, ya que el aumento de los ingresos fiscales permitía la distribución de la renta petrolera a través del gasto público, que durante el régimen gomecista se había orientado al sostenimiento de la burocracia estatal, del aparato represivo y a la construcción de algunas obras públicas.

El comercio seguía dominado por las tradicionales casas mercantiles, cuyo gran poder económico se sustentaba en el control del comercio exterior, en el préstamo a particulares y a los gobiernos, además de lograr amplios beneficios gracias a los negocios vinculados a la gestión económica del Estado, tales como contratos de obras públicas, servicios por empréstitos extranjeros y actividades bancarias. A ello se agregaban, a partir de la explotación petrolera, las inmensas utilidades obtenidas con el incremento de las importaciones. Hasta las primeras décadas de este siglo, a pesar de que ya funcionaban varias entidades bancarias, las firmas comerciales seguían otorgando anticipos y préstamos a los productores agropecuarios, y en muchos casos se apoderaban de haciendas por la vía de la ejecución de hipotecas y pactos de retroventa.

Las repercusiones de la fase depresiva de los años treinta perjudicaron a los comerciantes, aunque paralelamente el incremento de los ingresos fiscales permitió que la construcción de obras públicas se convirtiera en factor propicio para el aumento de las importaciones de algunos rubros fundamentales para dichas actividades. Alrededor de los años treinta el sector comercial había extendido sus negocios hacia el sector bancario, y en algunos casos también se vinculó con el sector industrial y de servicios. A pesar de ello, el centro fundamental de su proceso de acumulación de capital seguía descansando en las actividades importadoras, alentadas por las nuevas condiciones de la economía venezolana.

Los problemas más graves para los importadores se iniciaron con el estallido de la segunda guerra mundial y las dificultades surgidas para efectuar el comercio exterior. Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el Banco Central se relacionó con la creación de mecanismos para estabilizar el mercado cambiario. En 1940 había descendido el monto en las ventas de divisas por parte de las compañías petroleras, mientras seguía estancada buena parte de la última cosecha de café, provocando todo ello la escasez de divisas extranjeras. El problema se agudizó debido al aumento de las importaciones, porque los comerciantes temiendo futuras alzas de los precios, incrementaron considerablemente las compras en el exterior (Herrera Mendoza, 1964, 18-20).

La iniciativa privada frente a la intervención del Estado

Para impedir el drenaje de divisas el gobierno se vio obligado a aprobar el 25 de octubre de 1940 el decreto sobre control de importaciones y de los medios de pago externos de Venezuela, debido a la escasez de moneda extranjera y a la urgencia de asegurar cierto equilibrio en las operaciones cambiarias sobre la base de la reglamentación y limitación de las importaciones. Las restricciones al comercio de importación generaron numerosos comentarios en la prensa y en las publicaciones empresariales. Se trataba de una medida que rompía con una larga tradición de libertad para efectuar las operaciones mercantiles, garantizada por el Estado hasta ese entonces.

El decreto del 25 de octubre provocó fuertes reacciones en el sector mercantil importador. Ese grupo había obtenido hasta el momento grandes beneficios gracias al aumento constante de las compras en el exterior, en la medida que se extendían las repercusiones de la explotación petrolera, ya sea de manera directa o a través de la ampliación del gasto público. La Cámara de Comercio de Caracas, bajo la presidencia de Guillermo Tamayo, manifestó su oposición a la política económica oficial, la que fue calificada como "economía dirigida". Entre otras consideraciones, se indicaba que el gobierno había provocado desconcierto en los medios comerciales ante la expectativa de cualquier variación en el tipo de cambio. A juicio de los empresarios, la medida más adecuada consistiría en el alza del cambio, es decir la baja de la moneda nacional, y en la reapertura del mercado libre de divisas. Al mismo tiempo recomendaban el restablecimiento del comercio libre de divisas y que el control de importaciones se limitara a un número reducido de rubros. En el caso de los artículos suntuarios, se podría aplicar un tipo de cambio más alto para las divisas destinadas a esta clase de negociaciones.

Del tono mesurado de la anterior exposición se pasó al rechazo absoluto del control de importaciones en un documento suscrito por un grupo de comerciantes extranjeros conjuntamente con varios importadores venezolanos. En dicho documento se protestaba aquella medida por haber contribuido al agotamiento de "los negocios y al descrédito y desconfianza" del comercio venezolano en el exterior. El presidente del Banco Central, J.M. Herrera Mendoza, se encargó de refutar tales aseveraciones, a las que calificó de "gratuitas, falaces y capciosas", lamentando que algunas firmas constituidas por extranjeros "en pleno disfrute de generosa hospitalidad", pero con "ingrato olvido de los beneficios" que tenían acumulados, manifestaran estar atravesando una "existencia de calamidades" por responsabilidad del gobierno (Herrera Mendoza, 1964, 262).

En el transcurso del año 1941 el problema del abastecimiento en Venezuela adquirió mayor gravedad, ya que el gobierno norteamericano había dictado medidas precisas para impedir la exportación de insumos, materias primas y productos utilizados por las industrias vinculadas al programa de defensa, que estaban sometidos al requisito de licencia previa en los Estados Unidos y su carencia ocasionaba graves desajustes en la economía nacional, si tomamos en cuenta la elevada dependencia de nuestra economía de las importaciones y la escasa producción interna. Esta situación se constituyó en un serio obstáculo para la expansión de los negocios del sector mercantil.

Al finalizar el gobierno de López Contreras, existía ya un clima adverso en los medios empresariales que consideraban las medidas gubernamentales como contrarias a los principios de la libertad económica. Parecía difícil conciliar los intereses privados con las necesidades de la Nación, en la medida que las posiciones de algunos comerciantes eran muy inflexibles en relación a los controles económicos impuestos, cuya finalidad consistía en subsanar los desequilibrios generados por las contingencias externas.

Las contradicciones se profundizaron durante la presidencia de Isaías Medina Angarita, ya que la política interventora fue más allá de la atención de los problemas coyunturales, proponiéndose un modelo económico en que el Estado tenía un papel preponderante. El presidente, al asumir la primera magistratura el 5 de mayo de 1941, pronunció un discurso en el que aludió de manera enfática a su propósito de "dirigir conscientemente los esfuerzos públicos y privados hacia la diversificación y el equilibrio de la economía venezolana" a través del estímulo a la agricultura, ganadería, minería e industria. El objetivo era lograr que la riqueza nacional fuera "sólida y vigorosa" y no estuviera expuesta a las "contingencias graves e imprevisibles" que solían afectar a toda economía monoproductora. Se pretendía fortalecer la "potencialidad económica de la Nación, con justicia y seguridad para el capital y para el trabajo", de manera tal que se alcanzara la prosperidad material y el bienestar individual.

El general Medina Angarita destacaba que la misión primordial del Estado consistía en organizar la "vida social sobre las bases de justicia, paz, seguridad y libertad", tomando en cuenta que la administración era un servicio que incumbía a todos los ciudadanos y cuyas cargas debían "repartirse en forma proporcional y equitativa". Con la finalidad de contribuir a la justicia social, proponía la revisión del sistema tributario, por considerar que, al aumentar "en su estrecha correlación la riqueza pública y la riqueza privada", el Estado podría atender con eficacia "las necesidades nacionales." Es significativa la referencia del presidente Medina a la "justicia social" como una de las responsabilidades primordiales del Estado, justicia que era interpretada en términos de equilibrio entre el capital y el trabajo.

La intervención económica del Estado se había convertido en el punto fundamental del desacuerdo entre el gobierno de Medina Angarita y el empresariado. Las voces de protesta contra esa política se habían iniciado ya durante el régimen de López Contreras a raíz de la creación de la Comisión de Control de Importaciones. Posteriormente, a medida que se definía el perfil del proyecto económico medinista, el clima de descontento se fue haciendo más notorio. El gobierno llegó a ser tachado de totalitario, de impedir el ejercicio de la libre iniciativa privada y de acaparar los recursos fiscales, que se habían incrementado sustancialmente tras la aprobación de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

En el transcurso del año 1944 se fue ahondando el descontento de buena parte de los empresarios, debido a que las medidas de intervención no habían cesado, a pesar del aumento de los ingresos fiscales y de la anunciada proximidad del término de la guerra. El sector mercantil había encabezado la reacción ante la intervención económica, pero también los agricultores, ganaderos e industriales se sumaron a la protesta, al verse afectados por las disposiciones gubernamentales. En tales circunstancias se fue gestando un movimiento que tendía a unificar las posiciones de la burguesía frente al gobierno.

Durante muchos años las cámaras de comercio de Caracas y Maracaibo fueron las representaciones más importantes del sector empresarial, desde su creación a finales del pasado siglo. Samuel Moncada señala que en 1936 se produjo la "primera explosión de organizaciones empresariales" y se fundaron seis asociaciones en un solo año. Este hecho coincidió con las expectativas que surgieron tras la muerte de Juan Vicente Gómez y el ascenso al poder de López Contreras. Las agrupaciones creadas a partir de esa fecha representaban actividades que anteriormente no habían tenido canales de organización, como la minería, la ganadería, la pesca y la industria. Más tarde, entre 1941 y 1944, se exteriorizó un creciente interés por constituir nuevas asociaciones empresariales, en defensa de sus intereses específicos frente a la intervención económica del Estado (Moncada, 1985, 69-72).

Uno de los organismos de reciente formación era la Asociación Nacional de Comerciantes e Industriales. Su origen data de 1936 cuando se constituyó la Asociación Nacional de Comerciantes. Poco después se integraron a su seno algunos industriales, y en 1937 pasó a denominarse Asociación Nacional de Comerciantes e Industriales, aunque los intereses predominantes en esta agrupación seguían perteneciendo al gremio mercantil. Prueba de ello es que en 1938 se fundó la Cámara de Industriales como una entidad independiente que representaba de manera específica las demandas de este sector económico.

El proyecto de crear una federación que unificara a todas las asociaciones de empresarios fue promovido por el sector mercantil, el que había sufrido mayores perjuicios en el transcurso de los últimos años. De esta iniciativa surgió la creación de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), cuya primera convención fue celebrada en julio de 1944. En su extenso estudio sobre la fundación de Fedecámaras, Samuel Moncada afirma que su organización obedeció a la necesidad de enfrentar el "creciente poder del Estado" (Ibid, 78-80). La fundación de Fedecámaras constituyó la respuesta empresarial a la política económica del gobierno medinista. Mientras se acentuaba la tendencia interventora del Estado, las asociaciones empresariales decidieron centralizar sus acciones, las que adquirieron mayor fuerza en ciertas ocasiones, principalmente cuando se trataba de hacer valer su derecho a participar directamente en la planificación de la política económica nacional y en la determinación del destino de los recursos fiscales.

En la primera convención de las asociaciones empresariales, reunida en Caracas, se consideraron diversos tópicos económicos, entre ellos: la producción y los problemas del abastecimiento, la política fiscal, monetaria y crediticia y la intervención del Estado en la economía. Cada uno de estos temas fue objeto de un pormenorizado análisis, cuyos resultados fueron expuestos conjuntamente a una serie de recomendaciones al gobierno en lo relativo a la conducción económica, en la que debían eliminarse los controles económicos y permitir el libre ejercicio de la iniciativa privada.

Entre las recomendaciones formuladas por Fedecámaras, resalta su interés por la consulta del gobierno a las asociaciones económicas privadas en relación a las disposiciones sobre regulación del comercio y de la producción, con el fin de que las mismas no se conviertan en factores perturbadores de la "libre formación de los precios." (Idibem) Por esta vía las entidades empresariales tendrían una injerencia directa en la orientación de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. A partir de la primera convención de Fedecámaras se insistió constantemente en la creación de un organismo consultivo integrado por funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado, cuyo objetivo sería garantizar el resguardo de los intereses económicos de estos últimos.

Resulta significativo que tan sólo un mes después de haberse fundado Fedecámaras, el gobierno haya decidido fusionar los distintos organismos encargados de la regulación económica, decretando el 15 de agosto de 1944 la creación de la Comisión Nacional de Abastecimiento, cuyas funciones profundizaron aún más la política interventora oficial, ya que tenía amplias facultades para decidir en materia de precios, transporte y comercio exterior. A partir de ese momento, los organismos estatales actuarían de manera centralizada, lo que aseguraba mayor eficacia, especialmente para emprender acciones que encontrarían fuerte resistencia en las filas del empresariado, cuya organización también se había unificado.

El funcionamiento de la Comisión Nacional de Abastecimiento introdujo un nuevo elemento de fricción con el sector privado. Inmediatamente se produjeron diversas reacciones ante esta nueva escalada interventora. Las opiniones se polarizaron entre los detractores de la política oficial y los que aplaudían la profundización de la intervención del Estado. Estos últimos argumentaban que la mencionada comisión era fundamental para amortiguar los efectos de la guerra y coordinar políticas en previsión de las dificultades del mercado internacional durante el período de posguerra.

Mientras se intensificaban las críticas al gobierno por las regulaciones, se retomó la sugerencia planteada en la primera convención de Fedecámaras de crear un organismo consultivo integrado por funcionarios públicos y representantes del sector privado. En octubre de 1944 fue propuesta formalmente la creación del Consejo de Economía Nacional, prevista por la Constitución de 1936, cuyas funciones consistirían en coordinar y armonizar las acciones estatales con las necesidades de la "economía nacional", mediante la participación directa del empresariado en el diseño de las políticas económicas.

En el transcurso de 1945, Fedecámaras volvió a extremar sus posiciones ante la reticencia del gobierno a admitir la creación del Consejo de Economía Nacional. Las contradicciones se agudizaron tras la reforma de la Constitución que ampliaba la capacidad interventora del Estado y, además como agravante, no admitía la elección directa para el cargo presidencial, aspecto que incidió en la agudización de las confrontaciones con los partidos opositores y las discusiones en torno a las candidaturas presidenciales. En este contexto se conjugaron las pugnas políticas con las económicas, las que habrían de desembocar en el golpe del 18 de octubre de 1945.

Tras el derrocamiento de Medina Angarita, se modificó radicalmente la relación entre el gobierno y el empresariado, el cual declaró su apoyo pleno a las nuevas autoridades, ya que las mismas prometieron inmediatamente la creación del Consejo Nacional de Economía. Es significativo el resultado de la reunión celebrada el 22 de octubre entre una delegación de Fedecámaras y el presidente de la Junta Revolucionaria, Rómulo Betancourt, quien les dio a conocer los objetivos del nuevo gobierno: restablecimiento del orden público y de la "normalidad económica", la organización de elecciones para los miembros de la Asamblea Constituyente y el estudio de los principales problemas económicos a través del "Consejo Nacional de Economía" pautado por la Constitución vigente e integrado por "elementos representativos de las actividades económicas."

Ese mismo día Fedecámaras emitió un comunicado informando que en base a lo proclamado por el nuevo gobierno, se había acordado recomendar a todos los productores y comerciantes que prestaran su "mayor colaboración a la normalización de la vida ciudadana" para lograr así un progresivo desarrollo económico del país en "beneficio de todas las clases sociales de Venezuela."

Las medidas adoptadas por el nuevo gobierno tras el golpe de octubre de 1945, como la creación de la Corporación Venezolana de Fomento y del Consejo de Economía Nacional, indican claramente el compromiso contraído con las fuerzas económicas y el cambio de rumbo que se estaba imprimiendo a la economía venezolana en el contexto de la segunda posguerra y del proceso de internacionalización del capital. La Corporación Venezolana de Fomento, creada en mayo de 1946 e integrada por capital del Estado, tenía como objetivo el otorgamiento de créditos a bajo interés y largo plazo. Su directorio ejecutivo estaba constituido por cinco miembros, de los cuales dos eran representantes de Fedecámaras. Por tanto, dicho organismo empresarial tendría un rol fundamental en las determinaciones con respecto al destino de los recursos públicos para el fomento de la actividad privada.

Tras el considerable incremento de los ingresos fiscales a partir de 1943, el tradicional Estado deudor y dependiente de los préstamos de la burguesía comercial se transformó en un Estado que contaba con suficientes recursos para promover la modernización, mediante la inversión en obras de infraestructura y proyectos educativos y asistenciales, todo lo cual dinamizaba al conjunto de la economía y favorecía el aumento de las importaciones. En este contexto, el sector privado pretendía precisamente que una parte de las inversiones públicas fuera dirigido hacia el financiamiento de las empresas particulares, además de mostrarse interesado en adquirir un papel decisivo en el diseño de la política económica nacional.

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