La Superintendencia de Bancos (Sudeban) emitió en marzo una normativa para la "Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", que contenía lagunas y errores de forma y fondo.
Para agosto se modificaron y corrigieron 23 de esos errores materiales y para el lunes 13 de septiembre, entró en vigencia.
Aunque la normativa cumple con los estándares internacionales en esta materia, aún luce compleja, de difícil aplicación y costosa, en especial para las instituciones financieras pequeñas con poca experiencia en materia de finanzas internacionales.
Para este mismo 13 de septiembre, Sudeban emitió otra normativa. Esta vez para proteger a los usuarios de los servicios financieros. Entre otras normas, se establece que cada entidad financiera deberá designar un "Defensor del Cliente y Usuario Bancario".
Una especie de Ombudsman, que tramitará y resolverá los reclamos de los clientes ante cada banco.La normativa también establece que las entidades financieras deberán garantizarles a sus clientes "la información adecuada y no engañosa", sobre el "contenido y características de los productos y servicios que ofrecen", así como los detalles de sus transacciones, depósitos y préstamos.
Un primer ejemplo del cumplimiento de esta norma la dio el, ahora estatal, Banco de Venezuela, al aclarar a sus usuarios que en una operación crediticia, como lo sería la prometida Cédula del Buen Vivir, al pagar por cuotas, el interés real es de 16,4% y no la tasa nominal ofrecida de 15%.
Otra disposición de esta normativa es la obligación de disminuir el tiempo de permanencia de los usuarios en las colas de las taquillas a un máximo de 30 minutos.
Aunque este límite de tiempo para que el usuario sea atendido aún está lejos de las exigencias internacionales, sería un gran avance en Venezuela, donde los tiempos de espera suman horas.A pesar de que estas dos resoluciones de Sudeban son constructivas y ajustadas a las normas internacionales, no compensan las terribles arbitrariedades cometidas por el Gobierno en contra del Banco Federal y Econoinvest; ni la destrucción y persecución a los corredores de Bolsa, y a la Bolsa misma; ni las irrazonables restricciones y obligaciones que se le imponen a la banca, mediante las carteras obligatorias y los préstamos a tasas por debajo de costo.
Y menos aún compensa la campaña de desprestigio contra la banca privada que ha emprendido el Gobierno, y el propio presidente Chávez.
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