En la misma se menciona por primera vez en una norma de este Gobierno la figura de los consejos de trabajadores, lo que permite legitimar estas instancias que hasta ahora habían actuado sin un soporte legal.
A los efectos de esa normativa, se entiende como una comunidad organizada aquella que está constituida "por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores, de campesinos, de pescadores y cualquier otra organización de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana", señala el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular.
Por los momentos, y hasta que sea aprobada la Ley de Consejos de Trabajadores, el alcance de estas organizaciones será la planificación de políticas públicas, los procesos productivos bajo formas de producción social comunal, la controlaría social en los sectores públicos y en las actividades del sector privado "que afecten el bienestar común", la ordenación y gestión del territorio y la justicia comunal.
Los objetivos de la Ley Orgánica del Poder Popular -aprobada dentro del paquete de leyes que autorizó la Asamblea Nacional (AN) durante sus sesiones extraordinarias- que deben cumplir las organizaciones mencionadas en las mismas, entre ellas los consejos de trabajadores, se centran en el impulso del modelo socialista.
"El poder popular tiene como fines impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia", indica el artículo 7 de la citada ley.
Pero, además, los consejos de trabajadores, como comunidad organizada, están en la obligación de promover los valores y principios de la ética socialista, con el fin de actuar en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, también conocido el Primer Plan Socialista.
Igualmente se espera que los consejos de trabajadores, como instancias del poder popular, vigilen que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de la protección de los usuarios y consumidores.
La República, los estados y municipios podrán transferir a los consejos de trabajadores las funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras.
Las instancias ya existentes tendrán 180 días para adaptar su organización y funcionamiento a los dictado en la Ley Orgánica del Poder Popular, pero además adquieren personalidad jurídica si se registran ante el ministerio con competencia en participación ciudadana, de acuerdo a lo que dicte el reglamento de esta norma.
La creación de estas instancias laborales estaba inicialmente pautado en la reforma a la LOT, cuya aprobación ha demorado nueve años. En la misma, por mandato de la Constitución, debe recortarse la jornada laboral y regresar al esquema de la retroactividad de las prestaciones sociales.
La AN incluiría ajustes para ayudar a la transición socialista, y uno de esos cambios es que en cada empresa, obligatoriamente, sean creados los consejos de trabajadores.
Se desconoce si la reforma a la LOT será incluida en la Habilitante. Para la próxima conformación de la AN será cuesta arriba aprobar una ley que, por su carácter orgánico, requerirá del apoyo de dos tercios del Parlamento.
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