"Esas 100.000 viviendas están en un proceso de avance que nos permite augurar los finiquitos de las obras. En esos urbanismos hay casas que tienen más de 70% de avance". El presidente del Instituto venezolano para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel, comentó que "esas 100.000 viviendas serán liberadas de las estafas inmobiliarias", pero no detalló sobre los pasos que seguirán luego de que termine la fiscalización.
Indicó Montiel que esos procedimientos se deben a las denuncias presentadas y a que esos desarrollos son de empresas relacionadas con las constructoras que fueron expropiadas como con las compañías que tienen medidas de ocupación temporal. Por su parte, el presidente del Banavih, Mario Isea, comentó que en el marco de la Misión Vivienda se revisarán los topes y subsidios directos de la Ley del Régimen de Vivienda.
En noviembre de 2010 el Gobierno realizó la expropiación de cinco desarrollos habitacionales y anunció la ocupación temporal de ocho. En esos complejos expropiados existen 15.000 viviendas en diferentes estatus de construcción.
Montiel apuntó que "esas 15.000 viviendas fueron liberadas" e indicó que pronto esas casas serán protocolizadas, sin embargo, al consultársele en varias oportunidades sobre las fechas de tramitación de esos procedimientos, no precisó, el funcionario optó por dejar que una las representantes del Movimiento Contralor de la Vivienda, Luisa Calzada respondiera y dijera que "las instituciones del Estado dan respuestas y las viviendas muy pronto serán entregadas".
La protocolización le permite a las familias registrar el documento de compra y venta de la vivienda, luego de aprobado el financiamiento.
De acuerdo a la información del sector financiero, de esas 15.000 viviendas, existen cerca de 11.000 que tienen más de 75% de avance en la construcción. De ese monto, 3.000 están adelantadas en 90%, y esas serán las que pronto se protocolizarán, el resto se encuentra en proceso de producción. Para la culminación de los desarrollos las entidades han sido las encargadas en contactar a las empresas constructoras.
El director de delitos comunes de la Fiscalía, Orlando Padrón, comentó que el Ministerio Público ya ha detenido a 92 personas por estafas inmobiliarias, y 71 han sido acusadas. Expresó que se han solicitado órdenes de aprehensión contra 231 constructores y además han pedido la congelación de las cuentas y la prohibición de enajenación de los bienes.
Augusto Montiel, agregó que el Indepabis también está fiscalizando a los establecimientos para verificar el abastecimiento de carne, pan y aceite. Señaló que están inspeccionando a los seguros.
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