La contribución en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda está fijada en 3% del salario integral, de ese monto 1% entrega el empleado y 2% el empresario.
La propuesta, que está en el Parlamento, eleva la contribución general a 8%, de manera que los trabajadores entregarán 3% de su remuneración mensual básica y los empleadores 5%.
Ese incremento del aporte, según el texto, deberá efectuarse en un lapso no mayor de seis meses a la promulgación de la Ley, y será "actualizado anualmente atendiendo a las realidades del mercado de vivienda".
El nuevo marco legal no ajuste solamente la contribución, también le impone más obligaciones a los patronos y a la banca.
La propuesta indica que con el propósito de incentivar la adquisición de viviendas principales en las clases trabajadoras, los empresarios podrán implementar planes de adquisición de soluciones habitacionales, y esos programas "quedarán exentos de generar cualquier impacto en los pasivos laborales, los aportes patronales no se considerarán salario y no tendrán incidencia para el cálculo de las prestaciones".
Esos aportes patronales, podrán emplearse como desgravámenes al impuesto sobre la renta, es decir, que se descontarán en el proceso de declaración del tributo.
Sin embargo, el plan de estímulo tiene condiciones. Aquellas empresas que están el registro de contratistas y no cuenten con un programa de adquisición de viviendas para los empleados no serán beneficiadas de las contrataciones públicas.
Aunque la banca ya tiene una cartera hipotecaria obligatoria equivalente al 10% de los créditos totales, ahora tendrá que destinar una parte de su cartera global a los planes de vivienda de los trabajadores.
MAH/EU
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