El acuerdo de inversión entre los gobiernos de Zapatero y Gadafi obliga a compensar a quien sufra pérdidas por un conflicto. La petrolera y Sacyr evacuan a todos sus trabajadores. Las dos mayores empresas españolas que operan en Libia, Repsol y Sacyr, abandonaron su actividad en el país y comenzaron a repatriar a sus empleados.
La primera ha suspendido, “de momento”, la extracción de los 34.777 barriles diarios de crudo que produce en suelo libio, el 3,8% de su producción total. Y la constructora ha parado sus trabajos de urbanización en El Beida y Bengasi (obras que se adjudicó en 2008, por un importe aproximado de 600 millones de euros).
Al cierre de esta edición, Repsol proseguía con la evacuación de sus trabajadores y los familiares de éstos, según fuentes del sector. En la tarde de ayer envió a la capital, Trípoli, un avión en el que serán repatriados unos 40 españoles, la mayoría de ellos trabajadores de esta multinacional.
Después, quedarían unos 50 españoles por evacuar. Y Sacyr estaba a la espera de que los dos últimos de sus 40 trabajadores volaran a España. Tras superar el control de pasaportes, estaban a punto de coger el avión, según aseguraron a este diario fuentes cercanas. Su llegada estaba prevista en la noche de ayer.
Ambas compañías –y el resto de las firmas españolas que operan en Libia, como las constructoras Bruesa y Pycsa– se han centrado en su tarea principal, que es, como apuntan fuentes de Repsol, “garantizar la seguridad”, ante la represión sangrienta que ha emprendido el líder libio Muamar El Gadafi contra su pueblo.
Ambas compañías –y el resto de las firmas españolas que operan en Libia, como las constructoras Bruesa y Pycsa– se han centrado en su tarea principal, que es, como apuntan fuentes de Repsol, “garantizar la seguridad”, ante la represión sangrienta que ha emprendido el líder libio Muamar El Gadafi contra su pueblo.
Pero, una vez que se solucione este capítulo y que se logre la paz en Libia, las empresas españolas deberán comenzar a exigir responsabilidades al Gobierno libio. De hecho, un acuerdo firmado entre ambos países deja bien a las claras que el Ejecutivo africano deberá indemnizar a los inversores españoles ante una situación de emergencia o conflicto como la actual.
El acuerdo oficial “para la promoción y protección recíproca de inversiones”, que entró en vigor el 1 de octubre de 2009, protege los intereses de las empresas españolas. Ante las evidentes dificultades que observó el Gobierno español antes de suscribir el pacto, se especifica que Libia deberá conceder una “indemnización, compensación u otro arreglo” a los inversores que sufran “pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia, revolución, insurrección, disturbios civiles u otros acontecimientos”, como avanzó EXPANSIÓN el 2 de octubre de 2009. Y viceversa, si ocurriese en España.
Repsol
Ese momento ha llegado, por desgracia, a Libia, y con consecuencias humanas catastróficas. En un segundo plano, las consecuencias económicas no son desdeñables. La extracción de crudo de Repsol (34.777 barriles al día) en el país africano equivale al 3,8% de su producción mundial.
“Lo que dejamos de extraer es más caro, pero también nuestras reservas suben de precio actualmente”, apuntan desde la empresa. “Esto no va a afectar al funcionamiento de la compañía ni al suministro”, agregan. La petrolera cuenta con derechos mineros sobre nueve bloques, ocho de exploración y uno de producción, que suman una superficie de 20.709 kilómetros cuadrados.
Sacyr
Además de Repsol, que contaba con 110 personas entre trabajadores y familias, otras grandes petroleras como Total, Eni, BP o Statoil, así como otras importantes empresas presentes en Libia han comenzado a repatriar a sus trabajadores foráneos en el país.
Mientras, el grupo que preside Luis del Rivero está presente en Libia desde finales de 2007, cuando constituyó una sociedad mixta participada también por la Lybian Company for Development and Investment, organismo dependiente del Gobierno libio. A través de dicha sociedad, Sacyr se adjudicó en 2008 tres contratos para ejecutar obras de urbanización en El Beida y Bengasi por unos 600 millones de euros. Todo ello queda “en stand by”, según fuentes cercanas a Sacyr. También tiene presencia en Libia la constructora Bruesa, que edifica un complejo universitario en Anoakat Alkhams.
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