Familias víctimas de estafas inmobiliarias están siendo resarcidas por cada uno de los bancos responsables del financiamiento de estas edificaciones que no concluyeron algunas constructoras privadas, de manera que esas obras están ya en etapa de reinicio, informó el diputado a la Asamblea Nacional Augusto Montiel.
Montiel declaró desde la sede de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para presentar un reporte acerca de los avances acerca de las investigaciones sobre estos casos de estafas inmobiliarias.
Montiel sostuvo que ya ha habido aprehensiones en diversos estados y actualmente se están solicitando más de 120 constructores que han delinquido en contra de la familia y de la economía nacional, así como el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) está llevando a cabo investigaciones al respecto.
Montiel igualmente informó que la Fiscalía General de la República convocó para el lunes próximo a las familias estafadas a un encuentro en el auditorio del Ministerio Público, en Caracas, para debatir en torno al seguimiento que se le está dando a las denuncias, así como sobre los avances en las investigaciones.
Entre los avances que se han dado para atender los casos, Montiel mencionó el acuerdo entre el Gobierno y la banca para que ésta última se responsabilice por el finiquito de los urbanismos que no culminaron constructoras estafadoras, reseñó AVN.
El parlamentario acudió a la fiscalía en compañía de un grupo de familias que están agrupadas en el movimiento Movida por la Vivienda y por la Vida Digna y en contra del Ilícito Económico.
Montiel refirió que las familias estafadas de varios estados del país se han venido organizando para llevar a cabo una batalla en contra del ilícito económico que ha representado la estafa inmobiliaria que está investigando el Estado venezolano.
Afirmó que todas las familias en 19 estados estarán ejerciendo su trabajo contralor para asegurar que la calidad de las viviendas entregadas sean acordes por las cuales firmaron un contrato.
El Estado venezolano garantiza la entrega de los apartamentos a sus propietarios, en los urbanismos intervenidos, con la finalidad de hacer justicia social a los compradores que fueron víctimas de las estafas inmobiliarias llevadas a cabo por algunas constructoras privadas.
En más de 1.600 casos de estafas en el territorio nacional trabaja el Ministerio Público, a través de su Plan Contra el Fraude, la Estafa y la Usura, creado durante 2009, según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
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