abril 17, 2011

Gobierno venezolano incumple su propia meta de reducción de energía en 12%


"Ninguna autoridad de las empresas eléctricas ha mostrado disposición de atacar este serio problema", afirma el ingeniero eléctrico Omar Marcano, de la Universidad Simón Bolívar, que se identifica como un militante del PSUV, y que recientemente escribió un artículo para el portal de Internet Aporrea sobre este asunto. "Los elevados niveles de pérdida de energía eléctrica inducen a la implantación urgente de un sistema de gestión de auditoría y recuperación de energía, gerenciado con profesionales comprometidos con la revolución".

Ese plan, junto con otros ejecutados por la EDC, logró que el nivel de electricidad no facturada fuera de apenas 10,4% del total de la energía generada. Hoy, ese índice aumentó a 16%, según fuentes vinculadas con la empresa.
Pese a ese resultado, aún resulta bajo si se compara con el promedio de todo el sistema eléctrico nacional que el año pasado alcanzó el máximo de 28,78%, indica la memoria y cuenta 2010 del Ministerio de Energía Eléctrica, y destaca que la Corporación Eléctrica Nacional no llevó adelante ningún plan para reducirlo, un indicador que viene marcando una tendencia al alza desde hace 30 años.
En 2005, cuando el sector estaba adscrito al Ministerio de Energía y Petróleo, el Gobierno presentó el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, elaborado entre técnicos de las empresas públicas y privadas, que le daba prioridad a la atención de este problema. Por eso, se propuso el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, el cual se fijó como objetivo la disminución del índice de electricidad no facturada a un nivel equivalente a 12% de la energía bruta producida en el lapso de 10 años comprendidos entre 2005 y 2015.
Las pérdidas estaban por el orden de 20% de la generación hace cinco años cuando se presentó el plan, y la meta implicaba que en una década prácticamente se tenía que rebajar a la mitad el índice de energía no facturada, es decir, anualmente se esperaba que hubiera una disminución de entre 3% y 5%, lo que no ha pasado luego de transcurrido la mitad del tiempo.
"Un programa para reducir las pérdidas no técnicas requiere conocimiento y oficio en el área de distribución que actualmente no se tiene", afirma el ingeniero Victor Poleo, viceministro de Desarrollo Eléctrico entre 1999 y 2001.
"Vemos el caso de lo que ha venido pasando en Cadafe, donde persiste la desidia y no hay interés para colocar los medidores y los transformadores", añade.
Las pérdidas no técnicas de Cadafe permanecen por encima de 50% y 60% de la generación. "Las inversiones en medición están atrasadas y eso es inadmisible y, además, los robos son generalizados sin que el Gobierno pueda mantener a raya el crecimiento de esas tomas ilegales", dice el ingeniero Jorge Pirela, consultor en materia eléctrica.
No sólo los D y E. Existe la percepción de que la mayoría de las tomas ilegales ocurre en zonas donde vive la población de menores ingresos, pero inspecciones hechas por la Electricidad de Valencia, cuando era una compañía privada, encontraron que medianas y pequeñas empresas también incurrían en hurto del servicio, y consultoras privadas hallaron indicios de esa realidad.
"Sorprende encontrar que sólo 5,94% de las viviendas de barrios urbanos contribuye a las pérdidas no técnicas de energía, lo que hace suponer que los mayores contribuyentes a las pérdidas no técnicas parecen ubicarse entre consumidores comerciales y residenciales formales", señala un estudio hecho en 2008 por los consultores Sven-Christian Kirschstein e Ibelise Rojas. "La magnitud de las pérdidas ha sido tan elevada que supera la energía generada térmicamente", advirtieron.
Lo que dejó la anterior EDC: prepago y barrio eléctrico 
En 2006, la AES Corporation ­propietario de La Electricidad de Caracas en ese entonces- llevó a cabo un plan de reuniones entre gerentes de la empresa y las comunidades que denominó Barrio Eléctrico. Se realizaron pruebas piloto en zonas de la avenida Morán en Catia, 23 de Enero, en La Dolorita en Petare y en varias comunidades del estado Vargas.

El programa llevó a la aplicación de una tarjeta de débito prepagada para el consumo de electricidad e implicó la incorporación de lo que llamaron tarifas sociales. Después de la estatizacíon de la EDC en 2007, parte de estos programas ­sobre todo el trabajo con las comunidades- se ha mantenido, pero han tenido problemas financieros.
En 2006, el último año en que la EDC estuvo bajo el control de AES Corporation, se invirtieron 36 millones de dólares para reducir el hurto de energía, según en su reporte anual.

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