Guillén Zerpa, socio de Illarramendi se declaró culpable por fraude al fondo de pensiones de Pdvsa

Juan Carlos Guillén Zerpa, socio de Illarramendi, se declaró culpable de ayudar a Francisco Illarramendi a ocultar un fraude piramidal en un fondo de cobertura, y el cual afectó al fondo de pensiones de Pdvsa. 

Guillén fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Francisco Illarramendi, quien encubrió uno de los fraudes más grandes en la historia de Connecticut mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford, indicó AP. 

Ya en marzo y tras varios meses de ser investigado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Francisco Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude y conspiración para obstruir la justicia norteamericana por los fondos de inversión que manejaba MK Capital. 

De acuerdo con un expediente presentado en la corte del distrito de Connecticut, al menos desde 2008 Illarramendi había aplicado un esquema Ponzi, por el cual captaba inversores y les pagaba rendimientos con los fondos obtenidos de otros nuevos inversores, manejándose a través de dos fondo, Entre los inversores que dieron dinero a Illarramendi se cuentan fondos off-shore y un fondo de pensiones "de una corporación extranjera", en referencia al Fondo de los trabajadores de Petróleos de Venezuela. Illarramendi podría ser condenado a 70 años de cárcel. 

Guillén se declaró culpable de asociación ilícita para obstruir una acción oficial de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, por lo que podría recibir una sentencia de 20 años de prisión. 

Luego de estar en una prisión federal, Guillén fue puesto en libertad condicional con una fianza de 1,35 millones de dólares, garantizados por 550.000 dólares en efectivo y propiedades. Tendrá que seguir en arresto domiciliario hasta que sea sentenciado el próximo 22 de julio. 

Juan Carlos Horna es otro de los involucrados en el engaño a la SEC, presentó un documento falso que certificaba que tenía activos por $275 millones en Venezuela. La Corte de Connecticut dice que "ninguno de esos activos existe".