Irma Lovera, asesora legal de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señaló que el mercado está paralizado ante las medidas que se han tomado, en especial con las expropiaciones y ocupaciones de complejos. La asesora legal de la organización explicó que el cerco es mayor con la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda. "Ese instrumento crea la propiedad multifamiliar y la propiedad familiar, pero prohíbe arrendar y vender las unidades habitacionales. Las propiedades pasan a ser inembargables, no susceptibles de medidas preventivas ni ejecutivas admininistrativas ni judiciales".
En noviembre del pasado año el Gobierno intervino los desarrollos ante las denuncias que fueron presentadas, pero esas unidades luego de siete meses no se han culminado.
En el foro Actualidad Financiera organizado por Venamcham, la abogada realizó una presentación sobre las leyes que están afectando a la actividad e indicó que la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda (vigente desde enero de este año) es un marco legal que está sustituyendo a la Ley de Expropiaciones, "debido a que una vez declarado el interés público se decreta la expropiación, pero no se menciona el procedimiento y el justiprecio se establece unilateralmente".
Ese texto, agregó, "violenta la normativa municipal urbanística al atribuir al Ejecutivo Nacional la determinación del uso de la tierra".
Las acciones de intervención, a juicio de Lovera se extienden con la Ley de Refugios, que indica que "ante la emergencia se podrá utilizar temporalmente cualquier infraestructura física o instalaciones que puedan ser habilitadas como refugios sean públicas o privadas".
La vocera de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela destacó que la Ley contra los Desalojos Arbitrarios trata de igual forma las desocupaciones judiciales y las arbitrarias.
"Ese texto desconoce la autoridad de la cosa juzgada y somete al poder judicial a una minusvalía frente a la administración pública".
Agregó que protege de igual forma a inquilinos, comodatorios, usufructuarios y deudores hipotecarios, establece la audiencia conciliatoria administrativa obligatoria y condiciona el desalojo a que haya una vivienda disponible para asignarla a las familias que hayan sido desalojadas.
marmas@luniversal.com
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