La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público adelanta 505 investigaciones sobre estafas inmobiliarias, ocurridas en diversos estados del país en perjuicio de miles de venezolanos. La funcionaria aclaró que hasta la fecha la Institución ha recibido 1.600 denuncias sobre casos de esta naturaleza.
Como parte de estas investigaciones, Ortega Díaz indicó que el Ministerio Público ha acusado a 13 personas y 22 permanecen privadas de libertad, entre ellas, los empresarios contra los que ya se presentaron cargos.
Asimismo, Ortega Díaz refirió que se han solicitado a los tribunales competentes varias medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de los presuntos responsables de estos hechos, y, en ese sentido, las mismas fueron dictadas..
De igual manera, acotó que la Institución ha solicitado 81 medidas de prohibición de salida del país contra representantes de empresas constructoras y promotoras de viviendas, actuaciones derivadas de las investigaciones sobre estafas inmobiliarias, que se desarrollan desde 2009 mediante la aplicación del Plan Contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU).
Recordó que el Ministerio Público designó 67 fiscales a escala nacional para atender de manera rápida y oportuna a las víctimas, con las cuales los fiscales superiores han sostenido reuniones a los fines de explicarles el estatus de tales investigaciones.
Acotó que en la mayoría de las imputaciones realizadas contra de estos presuntos estafadores inmobiliarios, los delitos más frecuentes son estafa agravada y continuada, fraude, oferta engañosa, usura y asociación para delinquir.
También, señaló que en las últimas semanas se ha registrado un repunte en las denuncias por este tipo de delito, debido a la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones del Estado venezolano.
Adicionalmente, la Fiscal General hizo referencia a la asistencia jurídico-social orientada a las personas afectadas por la explosión de varios depósitos de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), el pasado 30 de enero, en Maracay.
Esta actividad se llevó a cabo en el sector José Félix Ribas, calle 2, lugar en el que funcionarios del Ministerio Público y de otras instituciones, se encargaron de escuchar y responder las interrogantes que planteaban más de 300 personas afectadas por el incendio en Cavim.
En dicho lugar, se les brindó asistencia legal, entrega de material informativo sobre la Institución, y se facilitó orientación psico-social a los asistentes, a fin que estas familias puedan superar lo ocurrido el pasado domingo.
Ortega Díaz, expresó la posibilidad de volver a ese tipo de experiencias que acerca aun más la colectividad al Ministerio Público, garante del debido proceso.
Prensa Ministerio Público
