La Confederación Venezolana de Industrias (Conindustrias) reveló el 26 de octubre que sólo en 2010, el gobierno de Hugo Chávez ha nacionalizado 200 empresas de varios sectores productivos. En este contexto, este domingo anunció la expropiación de la firma siderúrgica Sidetur y de seis empresas urbanizadoras y ordenó la ocupación temporal de otras ocho.
La reacción de la oposición y el empresariado no tardó en llegar. La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), acusó a Chávez de “confiscar” los bienes privados y propuso convocar una “movilización nacional” en protesta al “atropello” oficial “contra las empresas y los trabajadores”. En los próximos días habría una reunión con varios gremios para coordinar las protestas.Por su parte, el presidente de la patronal Fedecámaras, Noel Álvarez, también repudió “la arremetida del Gobierno contra el sector privado”, y anunció que ese gremio prepara “estrategias claras” para enfrentar la situación. De hecho,anticipó que los empresarios establecerán “un frente común”.
La Cámara Venezolana de la Construcción fue mucho más lejos con sus críticas, sobre todo porque el déficit de viviendas es uno de los principales problemas de los venezolanos y ha sido reconocido por el gobierno bolivariano.
“Estas expropiaciones, lejos de aligerar el proceso de construcción de viviendas, lo retrasa, afectando negativamente a las familias venezolanas que requieren con urgencia una solución habitacional“, sostuvo en un comunicado.
Además, alertó que “la medida de expropiación desestimula la inversión privada, pues afectan al constructor y al promotor de vivienda, generando gran incertidumbre y sensación de una enorme inseguridad jurídica”.
Sidetur demandaría a Venezuela
En tanto, contingentes militares tomaron este lunes al menos tres de las seis plantas de Sidetur, así como también varios de los desarrollos urbanísticos, estos últimos con la misión de evitar invasiones.
El presidente dijo que nacionalizaba los desarrollos urbanísticos para “finalizar su construcción” y acelerar la “adjudicación” de los apartamentos a las personas que los habían comprado y que estarían siendo objeto de usura y estafa por parte de las constructoras.
Por su parte, la compañía declaró en un comunicado que ” SIDETUR es una empresa socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones”. Y adelantó que “ejercerá las acciones legales destinadas a resguardar los derechos e intereses de sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas”.
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