Hasta el momento el Gobierno ha devuelto 18 de las 47 fincas intervenidas, 16 en carácter de asociado con él en la la Red de Productores Libres y AsociadosLas intervenciones de fincas en el Sur del Lago de Maracaibo, que abarca municipios de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, trajo mayor incertidumbre y preocupación al sector ganadero y agrícola de la región, que padece desde hace años los problemas de inseguridad por los secuestros.
La medida del Instituto Nacional de Tierras se aplicó el 17 de diciembre del año pasado contra 47 fincas, con el alegato de que se necesitaban para atender la emergencia causada por las lluvias. Hasta ahora unas 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero no se ha derogado la resolución de intervención de estas tierras.
Los productores sostienen que el Gobierno ha dado una especie de propiedad condicionada, en la que les da derecho a ocupar las haciendas pero se les niega la libertad de vender, producir y trabajar normalmente. Están obligados a colocar toda la producción en empresas agroalimentarias socialistas. Mientras tanto, los ganaderos que tienen las fincas militarizadas están a la espera de que el Ejecutivo defina si pagará las bienhechurías o devolverá la propiedad. Hasta ahora unas siete fincas han demandado ante tribunales agrarios la nulidad de la medida de rescate del INTI y han solicitado que se suspenda la medida de aseguramiento que les impide disponer de la producción y los bienes. Algunas de las que padecen esta situación son las haciendas Bolívar; El Peonio; Olla Grande; Santa Rita, La Rosa; El Milagro, en Zulia, y La Palmita, en Mérida.
Acuerdo a medias. La decisión del Gobierno de devolver las fincas no ha sido transparente y los productores sostienen que mientras no exista una resolución en la que el INTI apruebe la derogatoria de la acción administrativa sobre cada una de las tierras, el fantasma de la intervención seguirá pesando sobre las unidades de producción.
Julio Luzardo, dueño de Costa Verde, recibió la noticia de que su finca había sido devuelta.
Confirma que ya no hay presencia militar ni de funcionarios del INTI en el lugar, pero aún no cuenta con un documento legal que manifieste que el Estado deroga la medida de rescate.
Indica que en una reunión con el INTI, funcionarios del Gobierno propusieron la conformación de la Red de Productores Libres y Asociados.
Sin embargo, Luzardo no aceptó las condiciones. "No voy a ser productor asociado. Ellos querían que diera 20%, o más, de la producción al intercambio, como una especie de trueque. Eso no me quedó claro y no acepté. Para Rafael Urdaneta, propietario de Villa Olga, el Gobierno trata de engañar haciendo creer que reconoce la propiedad privada sobre las haciendas.
"No tenemos acceso a las guías para movilizar el ganado. El Gobierno dice que nos regresó la finca pero la realidad es que nos dejan como ocupantes de nuestras fincas y no como dueños, porque estamos a expensas de lo que decida el INTI. Se llevaron los militares pero no dejaron por escrito que nos devuelven la finca", manifestó Urdaneta.
Denunció que el Gobierno ofrece dinero a los productores agropecuarios para que prácticamente entreguen las fincas y la producción al Estado. "Esto está pasando porque nos quieren comprar la conciencia", dijo.
Para Urdaneta la propiedad privada en este momento en materia de tierras no existe.
Preso en su propia casa. A más de dos meses de la intervención y militarización de la zona, Reinaldo Celis, propietario de la hacienda La Palmita (485 hectáreas), ubicada en el municipio Andrés Bello, del estado Mérida, sigue con las manos atadas.
Celis sostiene que el Gobierno le impide continuar con las actividades normales como la venta de ganado a los mataderos y el arrime de la leche a empresas lácteas con la garantía de pago. "No hemos podido vender el ganado; y la leche ha sido decomisada a los productores intervenidos en el estado Mérida". Tradicionalmente La Palmita despachaba la leche a Lácteos Los Andes, pero ahora el Gobierno no le ha dado garantía de pago y Celis optó por dar el producto a la comunidad.
"Considero que mi caso fue una equivocación, porque quitarme La Palmita es quitarme la vida, yo doy la vida por esta finca. Estoy viviendo ya más de dos meses con tensión y todas las noches tengo pesadillas, cuando me asomo y veo los militares siento como si estuviera preso", relató Celis.
Aclaró que han establecido una convivencia de respeto con los efectivos militares porque la finca no sólo es el lugar de trabajo, sino también la vivienda principal que comparte con empleados.
Sostuvo que la labor de productor agropecuario es muy difícil, y en su caso lo han intentado secuestrar cuatro veces. "Uno sacrifica la vida por este trabajo. Nos preguntamos si tener improductiva la tierra es un delito, al parecer también lo es tenerla productiva", señaló Celis, que también es presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Alberto Adriani.
Despojo andino. Para la familia Newman la medida de rescate contra la finca de su propiedad La Chapala (578 hectáreas) llegó como otra nefasta noticia.
La producción agropecuaria les ha dado muchas alegrías pero también tristezas e incertidumbre, porque han sufrido varios secuestros de seres queridos.
José Albino Newman Briceño, de 82 años de edad, manifiesta que luego de la intervención de la hacienda por parte del Gobierno le negaron el acceso a la propiedad y le han confiscado la producción de carne y leche.
"Me da mucho sentimiento, porque han sido 56 años de mi vida trabajando en la finca, hasta perdí un dedo. Todo el sacrificio que he hecho y mis recuerdos están en esa hacienda", relató Newman, que señaló que llegaron a producir 1.500 litros de leche al día. No obstante, al desarrollar la ganadería de ceba para carne, el ordeño se estabilizó entre 900 y 1.000 litros diarios.
Los propietarios de La Chapala esperan que el Gobierno aclare la situación. "Estamos dispuestos a negociar con el Gobierno, si ellos quieren comprarla se la vendemos, y si nos la quieren devolver la recibiremos con gusto para continuar produciendo, que es lo único que sabemos hacer".
En la Hacienda Bolívar de la familia Brillembourg, la presencia militar es constante. Los propietarios no han tenido acceso a la finca y la producción de carne de alta calidad y de leche está confiscada. Antes de las lluvias en esa unidad había más de 12.500 reses y se producían 7.000 litros de leche al día. Esto bajó a 5.000 litros luego de las inundaciones y el rebaño pasó a 8.500 reses. Entre enero y febrero la producción láctea cayó a menos de 1.600 litros por día.
Otra visión: Gobierno crea red alternativa
Para otros productores como María Alejandra González, hija del propietario de la finca Madre Vieja (96 hectáreas), que comprende también otros predios como Agua Cristalina y Las Lomas I y II, la propuesta del Gobierno de conformar la Red de Productores Libres y Asociados es una oportunidad que no pueden rechazar.
"Se portaron bastante bien, el Gobierno devolvió la finca y nos dieron la oportunidad de formar parte de la Red de Productores Libres Asociados. No nos obligan, se trata de un acuerdo para tener acceso a todos los insumos a muy bajo precio, y además a crédito del Fondas", dijo González. Sostuvo que la producción de leche que antes vendían a empresas lácteas y queseras privadas ahora la colocan en la industria Lácteos de Machiques (Lecma), que es del Gobierno y les pagan 2,5 bolívares el litro.
"Están pagando al día, dan un recibo por la leche que se despacha. Todo ha continuado de forma normal", aseguró. Señaló que tienen planes de realizar nuevas inversiones "El crédito tiene 2 años de gracia y una tasa de interés muy baja, alrededor de 4% mientras que tasa de la banca privada es de 17%".
Caso 1: Hacienda Bolívar
La unión de siete fincas, representadas en 3.917 hectáreas, conforman la Hacienda Bolívar, situada en el municipio Colón, Santa Bárbara. Se caracteriza por tener la mejor genética pura de ganado bovino del país, con producción promedio de 12.500 cabezas al año. La producción fue confiscada y el dinero proveniente de la misma lo administra el INTI.
Al momento de la intervención, y por efecto de las lluvias, la producción de ganado se ubicó en 8.000 cabezas de ganado. Desde entonces, según información suministrada por allegados a la hacienda, el INTI ha sacado una 400 animales vivos.
La producción de leche era de 5.000 litros diarios y tras la intervención cayó a unos 3.000 litros, según el último reporte de febrero que manejan los apoderados. Extraoficialmente señalan que ha bajado a 1.600 litros diarios, producto que se destina a Lácteos Los Andes.
Representantes legales de la finca informaron que el INTI había hecho cinco inspecciones a la hacienda, previas a la intervención. La última fue el 17 de noviembre, un mes antes de que aplicaran la medida.
Los representantes legales introdujeron un recurso demandando la nulidad de la medida. Expresan que los propietarios buscan una negociación.
Caso 2: La Palmita
La hacienda tiene una extensión de 485 hectáreas. De esos predios, el 65,6% se destina para producción y 34,3% es reserva forestal. Se encuentra en La Azulita, en El Vigía, y pertenece a los hermanos Celis Ruíz.
Reynaldo Celis, presidente de la Asociación de Ganaderos Alberto Adriani (Asodega), relató que durante las tres primeras semanas de la medida le confiscaron la leche, y le instalaron un tanque de enfriamiento para que depositara la Leche que sería arrimada a la estatal Lácteos Los Andes.
Cuenta que se resistió y tomó posesión nuevamente de la producción. Sin embargo, no ha podido movilizar el ganado que está listo para matadero. "Hay 60 animales que no hemos podido sacar, y que le están quitando alimentos a otros 60 que habíamos comprado para reemplazarlos".
La casa de la finca es la vivienda principal de Reynaldo Celis y su familia. Desde que se aplicó la medida de rescate de tierra a La Palmita, Celis no sale de la finca por temor a que no lo dejen entrar otra vez.
"Por principio he decidido no salir de la finca hasta que se resuelva el caso. Prácticamente tengo casa por cárcel".
Confía en la palabra del Vicepresidente, Elías Jaua, quien señaló que en aquellos casos donde se comprobara que las fincas eran vivienda principal, se levantaría la intervención.
Caso 3: Olla Grande
Es considerada una de las fincas modelo para la producción de plátanos, altamente tecnificada. De hecho, es propiedad de Roberto González, el mayor exportador del rubro de Venezuela. Su extensión es de 900 hectáreas, y distribuía a las redes de alimentos del Estado.
Una fuente allegada a Olla Grande informó que desde que fue intervenida la finca se descuidó el mantenimiento de las plantaciones, que se han visto afectadas por una plaga conocida como Sigatoka, lo que ha mermado la producción.
Los militares vigilan la entrada de la finca. Al propietario se le prohibió el ingreso, y se conoció que el tren administrativo fue despedido. La producción la maneja el INTI.
A las afuera de la hacienda, los trabajadores manifestaron que sus condiciones laborales mejoraron, pues anteriormente cobraban por cesta de plátano pelada y ahora devengan salario mínimo.
"Pagan Bs 5 por cesta, para sacar el día había que pelar 26 cestas. Ahora nos pagan Bs 2.000 y pelamos tres cestas al día", comentó una empleada que no quiso ser identificada.
Caso 4: Costa Verde
Julio Luzardo es uno de los 18 que por ser pequeños productores corrieron con la suerte de que se les levantara la medida de intervención en sus fincas. Se trata del fundo Costa Verde que tiene 50 hectáreas para la producción de carne y leche.
Luzardo fue uno de los productores que se negó a asociarse a la Repla, porque ofrecieron darle una carta de adjudicación sobre el fundo que ha sido de su propiedad por 20 años.
Considera que arrimar la producción a la planta del Estado le traerá pérdidas.
Durante los pocos días que estuvo ocupada la finca pudo hacerse cargo de su producción. Se dio por notificado de que habían levantado la medida cuando los militares se retiraron del lugar, pero no ha recibido una notificación oficial.
Caso 6: La Chapela
Tiene 578 hectáreas, está ubicada entre los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos, en Mérida. José Albino Newman, de 82 años, relata que desde que fue intervenido no lo han dejado entrar a la finca. "He pedido que me dejen entrar a buscar algunas cositas y no me han dejado".
Su hijo se encontraba en la finca cuando se aplicó la medida, salió y no lo dejaron entrar. La producción está confiscada.
En la finca se producían 900 litros de leche diarios. Además tenían cría y engorde de ganado, unas 1.800 reses. "Esa finca está bien ubicada para cualquier proyecto: de vivienda, agrícola, político. Tiene un paraje bonito", dice.
Relata que dejó de vivir en la finca porque sufrió tres intentos de secuestro, de los cuales en dos se llevaron a su nieto porque él no estaba. Su hermano murió en cautiverio y a su hijo lo llaman para amenazarlo.
Le han hecho ofertas, y él asegura que no se ha hecho resistencia. Espera a llegar a algún acuerdo. "Si les parece para el proyecto de ellos, la toman y la pagan bien pagada y pronto, y si no la devolvían, pero ni una cosa ni otra".
Caso 7: Villa Olga
Tiene 40 hectáreas y es propiedad de Rafael Urdaneta, quien relató que el proceso de intervención fue "desagradable" porque seis personas del Ejército se posesionaron de la finca con una notificación de rescate. "No hubo oportunidad de entrar a un diálogo con ellos".
Denunció que no ha podido solicitar guías de movilización del ganado, pues aunque se levantó la medida de rescate todavía aparece como "rescatada por el Estado".
Exige que se le notifique por escrito que la medida sobre su finca fue revocada.
Caso 1: Hacienda Bolívar
La unión de siete fincas, representadas en 3.917 hectáreas, conforman la Hacienda Bolívar, situada en el municipio Colón, Santa Bárbara. Se caracteriza por tener la mejor genética pura de ganado bovino del país, con producción promedio de 12.500 cabezas al año. La producción fue confiscada y el dinero proveniente de la misma lo administra el INTI.
Al momento de la intervención, y por efecto de las lluvias, la producción de ganado se ubicó en 8.000 cabezas de ganado. Desde entonces, según información suministrada por allegados a la hacienda, el INTI ha sacado una 400 animales vivos.
La producción de leche era de 5.000 litros diarios y tras la intervención cayó a unos 3.000 litros, según el último reporte de febrero que manejan los apoderados. Extraoficialmente señalan que ha bajado a 1.600 litros diarios, producto que se destina a Lácteos Los Andes.
Representantes legales de la finca informaron que el INTI había hecho cinco inspecciones a la hacienda, previas a la intervención. La última fue el 17 de noviembre, un mes antes de que aplicaran la medida.
Los representantes legales introdujeron un recurso demandando la nulidad de la medida. Expresan que los propietarios buscan una negociación.
Caso 2: La Palmita
La hacienda tiene una extensión de 485 hectáreas. De esos predios, el 65,6% se destina para producción y 34,3% es reserva forestal. Se encuentra en La Azulita, en El Vigía, y pertenece a los hermanos Celis Ruíz.
Reynaldo Celis, presidente de la Asociación de Ganaderos Alberto Adriani (Asodega), relató que durante las tres primeras semanas de la medida le confiscaron la leche, y le instalaron un tanque de enfriamiento para que depositara la Leche que sería arrimada a la estatal Lácteos Los Andes.
Cuenta que se resistió y tomó posesión nuevamente de la producción. Sin embargo, no ha podido movilizar el ganado que está listo para matadero. "Hay 60 animales que no hemos podido sacar, y que le están quitando alimentos a otros 60 que habíamos comprado para reemplazarlos".
La casa de la finca es la vivienda principal de Reynaldo Celis y su familia. Desde que se aplicó la medida de rescate de tierra a La Palmita, Celis no sale de la finca por temor a que no lo dejen entrar otra vez.
"Por principio he decidido no salir de la finca hasta que se resuelva el caso. Prácticamente tengo casa por cárcel".
Confía en la palabra del Vicepresidente, Elías Jaua, quien señaló que en aquellos casos donde se comprobara que las fincas eran vivienda principal, se levantaría la intervención.
Caso 3: Olla Grande
Es considerada una de las fincas modelo para la producción de plátanos, altamente tecnificada. De hecho, es propiedad de Roberto González, el mayor exportador del rubro de Venezuela. Su extensión es de 900 hectáreas, y distribuía a las redes de alimentos del Estado.
Una fuente allegada a Olla Grande informó que desde que fue intervenida la finca se descuidó el mantenimiento de las plantaciones, que se han visto afectadas por una plaga conocida como Sigatoka, lo que ha mermado la producción.
Los militares vigilan la entrada de la finca. Al propietario se le prohibió el ingreso, y se conoció que el tren administrativo fue despedido. La producción la maneja el INTI.
A las afuera de la hacienda, los trabajadores manifestaron que sus condiciones laborales mejoraron, pues anteriormente cobraban por cesta de plátano pelada y ahora devengan salario mínimo.
"Pagan Bs 5 por cesta, para sacar el día había que pelar 26 cestas. Ahora nos pagan Bs 2.000 y pelamos tres cestas al día", comentó una empleada que no quiso ser identificada.
Caso 4: Costa Verde
Julio Luzardo es uno de los 18 que por ser pequeños productores corrieron con la suerte de que se les levantara la medida de intervención en sus fincas. Se trata del fundo Costa Verde que tiene 50 hectáreas para la producción de carne y leche.
Luzardo fue uno de los productores que se negó a asociarse a la Repla, porque ofrecieron darle una carta de adjudicación sobre el fundo que ha sido de su propiedad por 20 años.
Considera que arrimar la producción a la planta del Estado le traerá pérdidas.
Durante los pocos días que estuvo ocupada la finca pudo hacerse cargo de su producción. Se dio por notificado de que habían levantado la medida cuando los militares se retiraron del lugar, pero no ha recibido una notificación oficial.
Caso 6: La Chapela
Tiene 578 hectáreas, está ubicada entre los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos, en Mérida. José Albino Newman, de 82 años, relata que desde que fue intervenido no lo han dejado entrar a la finca. "He pedido que me dejen entrar a buscar algunas cositas y no me han dejado".
Su hijo se encontraba en la finca cuando se aplicó la medida, salió y no lo dejaron entrar. La producción está confiscada.
En la finca se producían 900 litros de leche diarios. Además tenían cría y engorde de ganado, unas 1.800 reses. "Esa finca está bien ubicada para cualquier proyecto: de vivienda, agrícola, político. Tiene un paraje bonito", dice.
Relata que dejó de vivir en la finca porque sufrió tres intentos de secuestro, de los cuales en dos se llevaron a su nieto porque él no estaba. Su hermano murió en cautiverio y a su hijo lo llaman para amenazarlo.
Le han hecho ofertas, y él asegura que no se ha hecho resistencia. Espera a llegar a algún acuerdo. "Si les parece para el proyecto de ellos, la toman y la pagan bien pagada y pronto, y si no la devolvían, pero ni una cosa ni otra".
Caso 7: Villa Olga
Tiene 40 hectáreas y es propiedad de Rafael Urdaneta, quien relató que el proceso de intervención fue "desagradable" porque seis personas del Ejército se posesionaron de la finca con una notificación de rescate. "No hubo oportunidad de entrar a un diálogo con ellos".
Denunció que no ha podido solicitar guías de movilización del ganado, pues aunque se levantó la medida de rescate todavía aparece como "rescatada por el Estado".
Exige que se le notifique por escrito que la medida sobre su finca fue revocada.
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